La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, reveló que entre enero y agosto de 2023 se han registrado un total de 1.080 conflictos sociales en el país, lo que representa un incremento del 34 % en comparación con el mismo período del año 2022, cuando se registraron 804 eventos similares.

Estos conflictos han tenido lugar en 310 municipios de 30 departamentos colombianos, con Bogotá encabezando la lista con el 15 % de los sucesos, seguida de Magdalena, Bolívar, Santander y Antioquia, cada uno con un 7 % de los eventos. El informe también destaca que los conflictos laborales representan el 16 % del total, seguidos por los conflictos relacionados con el derecho a la educación (15 %), inversión o presencia estatal (12 %), sector transporte (11 %), derecho a la vida, integridad y seguridad (11 %), y falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10 %).

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la importancia de la prevención temprana y la necesidad de que las instituciones trabajen de manera conjunta para evitar que los reclamos de las comunidades escalen a conflictos de esta naturaleza.

“Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”, Camargo Assis.

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