Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

  • Jue, 06 mar 2014

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Colombia ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la edad mínima de admisión al empleo, y el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, como Instrumentos internacionales de derechos humanos. Adicionalmente, por vía del recién aprobado Código de la Infancia y la Adolescencia, se prohíbe el trabajo de menores de 15 años de edad y se protege el que adelantan los adolescentes entre 15 y 18 años, tal y como lo contempla el III Plan de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Juvenil. 

Sin embargo, en nuestro país trabajan más de 1.378.500 niños y niñas en condiciones de alto riesgo para su salud física y mental de acuerdo con el Programa IPEC-OIT. Además, un estudio publicado por UNICEF y Save the Children, señaló que sólo en las siete principales ciudades del país se registró la presencia de 323 mil niños/as que trabajan en servicio doméstico o en hogares ajenos, de los cuales, el 90% son niñas y el 10% niños.

En el 2002, según el DANE, 1.568.000 niños, niñas y adolescentes ejercían una ocupación, remunerada o no, en la producción de bienes y servicios del mercado, de los cuales, 1.096.000 eran hombres (69.8%) y 472 mil mujeres (30.2%). Adicionalmente, otros 184 mil niños/as estaban buscando empleo, lo que implica que 1.752.000 personas entre 5 y 17 años están relacionadas con el mercado de trabajo. 

Tomando el concepto de trabajo en sentido amplio, es decir, incluyendo los 750.531 niños, niñas y jóvenes que se ocupan en oficios del hogar más de 15 horas a la semana, los niños, niñas y adolescentes que trabajan o son explotadas económicamente, son 2.318.531, según el Dane. Ello puede responder al hecho de que en materia de cobertura educativa el país solo ha alcanzado el 90%, siendo el nivel de inasistencia de 16.2% entre los 5 y los 17 años (1.782.000).

Acciones Defensoriales

La Defensoría del Pueblo, en el marco del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil, ha participado en la elaboración, ejecución y seguimiento del cumplimiento de los compromisos que se ha establecido en los tres Planes Nacionales para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil, incluido el último que comprende los años 2003-2006. Actualmente participa de los trabajos tendientes a lograr la formulación de un nuevo Plan Nacional. En cumplimiento del mismo, ha trabajado con mayor énfasis en dos de las consideradas peores formas de trabajo infantil, por la gravísima afectación de los derechos humanos que ellas implican: el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para participar en el conflicto armado interno y la explotación sexual comercial infantil y su utilización en la pornografía.

Sobre el conflicto armado interno

La Defensoría del Pueblo ha seguido en forma permanente y sistemática la situación de los derechos humanos de los niños y niñas que han sido vinculados al conflicto armado, y de aquellos que se han desvinculado del mismo. Para tal efecto se han adelantado varias investigaciones que han sido publicadas en la Serie de Boletines “La Niñez y sus Derechos. Sistema de Seguimiento y Vigilancia”.

Con los resultados de las investigaciones se han hecho a las autoridades públicas concernidas y a los grupos alzados en armas, las recomendaciones pertinentes que han dado como resultado que hoy se cuente con instituciones especializadas para la atención de niños y niñas que se han desvinculado del conflicto armado, como resultado de programas emprendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Acciones adelantadas

- Investigaciones con el apoyo de UNICEF, con el propósito de hacer el seguimiento de los programas existentes, y contribuir con el diseño de los lineamientos de política que se desarrollan por parte del Estado. Para ello, se estableció un cronograma de supervisión y monitoreo a las instituciones y centros en los que se encuentran albergados los niños y niñas, para verificar sus condiciones de salud, su adelanto educativo, su contacto familiar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y en general su proceso de reinserción social. 

- En materia jurídica la Defensoría del Pueblo ha podido establecer un diagnóstico de la situación jurídica, el cual presenta serios problemas de interpretación legal que van en detrimento de los beneficios socioeconómicos y legales a que tienen derecho y en los procesos de reinserción social y productiva.

- A partir de dicho diagnóstico, la Defensoría ha insistido en que es de prioritaria aplicación el principio de oportunidad recientemente establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, y que se debe proceder a su judicialización penal en los casos en los cuales han cometido delitos como los establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

- Adelantó un proyecto con las comunidades indígenas de nuestro país tendiente a lograr que los niños y niñas indígenas que han sido víctimas de reclutamiento ilícito por parte de los actores que participan en el conflicto armado interno, puedan regresar a sus comunidades en el menor tiempo posible en cumplimiento de los mandatos constitucionales que les reconocen a las comunidades indígenas su jurisdicción espacial indígena. 

Sobre la explotación sexual infantil

La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando de manera muy comprometida en todo lo relacionado con la explotación sexual comercial infantil. La asesoría desde el nivel central se presta a las oficinas regionales y seccionales, las cuales a su vez son las que directamente atienden a las personas afectadas por cualquiera de las problemáticas relativas a la violencia sexual contra menores de edad, así como las que replican la información que desde el nivel central esta Delegada les suministra dentro del propósito de mejorar la capacidad instalada para la atención y prevención de tales situaciones vulneratorias, en particular respecto de los grupos vulnerables. 

De otra parte, la Defensoría del Pueblo se ha integrado a los comités que de una u otra manera abordan el trabajo nacional relacionado con los mecanismos para la prevención, protección, atención y erradicación de todas las expresiones de violencia sexual contra menores de edad, incluida la explotación sexual comercial infantil en cualquiera de sus modalidades, incluido el turismo sexual. 

Los Comités son de: Lucha contra la Trata de Mujeres, Niños y Niñas; Erradicación de trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil; la ley 679 de 2001 sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, y el Comité Nacional de Prevención, Atención a Víctimas de Abuso Sexual.

En dichos Comités se han adelantado trabajos tendientes a diseñar y elaborar planes nacionales de intervención contra esta problemática así como brindar orientación a las entidades del nivel nacional y regional respecto de los modelos de prevención, protección y atención de los derechos humanos de los niños y las niñas víctimas de conductas relacionadas con la violencia sexual incluida la explotación sexual comercial infantil.

Igualmente participó de la comisión de expertos que elaboró el Manual de Criterios para la Clasificación de la Pornografía Infantil, el cual fue presentado el 18 de diciembre de 2003, después de muchas reuniones de trabajo adelantadas por las entidades estatales y no estatales con responsabilidades en el tema.