La Defensoría del Pueblo, a través de su regional en Guainía, participó en la mesa técnica realizada en Inírida para el establecimiento de un protocolo que prevenga las detenciones de ciudadanos indígenas mientras ejercen actividades propias, dentro del marco de usos y costumbres. 

Durante la reunión se abordó, principalmente, el tema del porte de armas de fuego (escopetas) por parte de integrantes de los resguardos indígenas en zonas no resguardadas, para efectos de casería de subsistencia de animales, donde la jurisdicción corresponde a la justicia ordinaria, particularmente el tránsito por los ríos durante su tránsito por vías fluvial. 

Con el propósito de propiciar consensos, la Defensoría del Pueblo solicitó la articulación entre las comunidades indígenas y las entidades encargadas de la protección de sus derechos para allanar soluciones prontas y eficaces frente a este tema en particular.
Durante las intervenciones, los líderes indígenas expusieron varios puntos importantes:

1. El río es parte del resguardo: Aseguran que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad con el uso de las armas, las cuales son empleadas para obtener alimentos y están asociadas a sus usos y costumbres.
2. Propuestas para un control regulado: Solicitaron la creación de un inventario y listado de poseedores de armas, la carnetización de estos y la emisión de salvoconductos. También propusieron una capacitación para los miembros de la Armada Nacional que operan en el Bajo Guainía, con un enfoque diferencial para el territorio indígena.
3. La necesidad de coordinación interjurisdiccional: Recalcaron la importancia de que los planes de vida de los resguardos sean tenidos en cuenta, priorizando los derechos colectivos y reconociendo el concepto de territorio indígena, que va más allá del resguardo. Subrayaron que la prohibición o restricción del uso de escopetas podría afectar otras prácticas culturales esenciales.

Por parte de las entidades del Estado, se reafirmó el compromiso con los derechos humanos, sin perder de vista la necesidad de cumplir con la normativa nacional y la regulación del uso de armas por parte de las fuerzas armadas.

Desde la Defensoría del Pueblo, se resaltó la participación de todas las partes y se recalcó la importancia de canales de comunicación respetuosos para facilitar el diálogo y resolver los conflictos de manera pacífica. Además, se propuso que se avance en la capacitación de las comunidades indígenas sobre el porte de armas y se explore la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que atienda estos temas, bajo el liderazgo de la Delegada para Grupos Étnicos de la entidad. Igualmente, se instó a la instituciones nacionales, departamentales y locales contratar personal que hable las lenguas nativas de la región, para apoyarse en el adelantamiento de los procedimientos en las comunidades indígenas. 

Por último, la Defensoría del Pueblo ratificó el compromiso con la defensa y garantía de los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo un diálogo constructivo que busque equilibrar la normativa nacional con el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. De igual manera, seguirá trabajando para que las soluciones sean inclusivas, justas y respetuosas de la diversidad cultural.