• Destaca, además, el anuncio de quererla convertir en un derecho fundamental y el hecho de que le apunte a tener un enfoque especial para quienes han sido afectados por el conflicto armado interno.
• La Defensoría propone una medida que permita aumentar gradualmente la gratuidad de las matrículas en instituciones de educación superior pública, en la que los jóvenes inmersos en contextos de vulneración de derechos sean priorizados.

 

Comunicado 269/ Bogotá, 26 de julio de 2023 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo valora la propuesta del Gobierno Nacional sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, que tiene como fin convertir la educación superior pública en un derecho fundamental y aumentar la política de gratuidad. Esta iniciativa es clave, especialmente porque jóvenes afectados por el conflicto armado en diferentes regiones del país serían beneficiados.

“Resulta deteminante implementar mecanismos, a través del Icetex, que permitan incrementar gradualmente la gratuidad de las matrículas en instituciones de educación superior pública, priorizando a los jóvenes provenientes de contextos en los que han sido vulnerados sus derechos”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Señaló como oportuno estar en concordancia con el 'Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida': “Nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido la violencia en comunidades, de manera particular, de zonas apartadas de la geografía nacional y donde el abandono estatal ha predominado a lo largo de las décadas, merecen construir futuro con un acceso equitativo a la educación”.

También hizo un llamado al Icetex para que reforme su lógica bancaria sin perder su carácter social. Dijo que es necesario establecer esquemas de financiación que se adecúen a la capacidad de pago de los beneficiarios, ampliando así la cobertura y evitando la exclusión de los estudiantes.

Desatacó que desde la Defensoría del Pueblo se reafirma el compromiso de la entidad: “Trabajar en conjunto con las instituciones competentes y la sociedad civil es determinante para promover políticas públicas que fomenten la gratuidad en la educación superior y garanticen el acceso equitativo a la formación académica para los colombianos”.