Presuntos integrantes de “Los Rastrojos” asesinaron a una niña en Nariño

Presuntos integrantes de “Los Rastrojos” asesinaron a una niña en Nariño

  • Vie, 13 abr 2012

Presuntos integrantes de “Los Rastrojos” asesinaron a una niña en Nariño

De acuerdo con información allegada a la Defensoría del Pueblo, el pasado 11 de abril un grupo de ocho jóvenes, entre los 12 y los 15 años de edad, vinculados a la institución educativa Inelpa , fue atacado por presuntos integrantes del grupo armado ilegal “Los Rastrojos”, cuando se encontraban reunidos escuchando música en una calle del barrio Nueva Esperanza de Bocas de Satinga en jurisdicción del municipio Olaya Herrera.

Como resultado de ese hecho de violencia, murió una estudiante de nombre Zuley Torres de 12 años de edad y otra resultó gravemente herida. De igual modo, seis estudiantes se desplazaron de Bocas de Satinga por temor a ser víctimas de las acciones violentas del autodenominado grupo armado ilegal “Los Rastrojos”.

Los integrantes del grupo armado ilegal portaban uniformes con pasamontañas para cubrir sus rostros y dispararon sus armas de fuego de manera indiscriminada contra el grupo de jóvenes, resultando muerta una de ellas y otra más herida. La joven herida fue trasladada a la ciudad de Cali para recibir atención especializada, debido a su grave estado de salud.

La Defensoría del Pueblo también conoció que al parecer algunos de los jóvenes se encontraban amenazados por el autodenominado grupo armado ilegal “Los Rastrojos”.

Informe de Riesgo desde 2008

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, emitió el Informe de Riesgo N° 014 de 2008 para los municipios de Santa Bárbara, El Charco, Olaya Herrera y La Tola, con Nota de Seguimiento N° 007 – 11, en el que prevé el riesgo sobre la población civil de Bocas de Satinga por la presencia de grupos armados Ilegales que operan en la zona.

Los municipios de Olaya Herrera, La Tola, El Charco y Santabarbara- Iscuandé, son parte de la subregión de la costa norte nariñense y han resultado afectados por las acciones de violencia de los grupos armados ilegales que se materializa en amenazas, señalamientos, homicidios selectivos y de configuración múltiple, accidentes o incidentes por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, desapariciones y desplazamientos forzados contra líderes y lideresas de comunidades y representantes de consejos comunitarios y cabildos indígenas, docentes, sacerdotes, misioneras y misioneros.

De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo, las comunidades asentadas en los municipios mencionados han resultado víctimas también de los confinamientos y restricciones a la libre movilización de la población mediante la instalación de retenes ilegales, especialmente fluviales, con regulaciones y limitaciones al transporte de bienes indispensables para la subsistencia; afectaciones a la vida y bienes civiles por posibles ataques indiscriminados a los núcleos residenciales; el uso de bienes protegidos como escudos o refugios (escuelas, centros comunales, viviendas, puestos de salud); abuso y violencia sexual contra las mujeres, reclutamiento y utilización ilegal de niñas y niños menores de edad y jóvenes.

Finalmente, el Defensor del Pueblo solicita de las autoridades competentes, el adelanto de una investigación rigurosa que permita identificar los autores intelectuales y materiales de este hecho criminal, lo mismo que la adopción de medidas urgentes de atención a las víctimas de este repudiable acto de violencia e intimidación.