Procuraduría General y Defensoría del Pueblo instalan comisión que verificará el cumplimiento de las Alertas Tempranas

Procuraduría General y Defensoría del Pueblo instalan comisión que verificará el cumplimiento de las Alertas Tempranas

  • Mié, 21 jun 2023

Procuraduría General y Defensoría del Pueblo instalan comisión que verificará el cumplimiento de las Alertas Tempranas

  • El objetivo de este trabajo articulado del Ministerio Público, es lograr que los funcionarios a cargo de atender estas recomendaciones cumplan con sus responsabilidades y así se evite la consumación de riesgos contra las comunidades.

  • La Procuraduría conformará un equipo especial para evaluar las alertas desatendidas y abrir actuaciones disciplinarias. Inicialmente, serán revisadas las Alertas Tempranas vigentes y con informe de seguimiento en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá y Huila.

 

Comunicado 221/ Bogotá, 21 de junio de 2023 (@PGN_COL), (@DefensoriaCol). La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo instalaron la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat), instancia que se encargará de adelantar acciones preventivas y disciplinarias   relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas e informes de seguimiento posteriores.

La Comprrat observará y vigilará el desarrollo de las alertas emitidas entre el 2020 y 2022, que estén vigentes y tengan informe de seguimiento. También se ocupará de las que presentan un bajo nivel de cumplimiento frente a las recomendaciones, para lo cual la Procuradora Margarita Cabello Blanco, anunció la creación de un grupo especial disciplinario que impondrá sanciones frente a los casos desatendidos.

En relación con los casos de incumplimiento, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, precisó que,” el 85 por ciento de las recomendaciones que emitimos vía Alertas Tempranas son desatendidas por el Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos territoriales, un panorama que evidentemente genera preocupación”.

Frente a las altas cifras, la jefe del Ministerio Público hizo una advertencia: “Esta comisión debe exigir rápidamente el cumplimiento de las alertas, que se hagan las observaciones y el seguimiento correspondiente, y de no hacerlo, inmediatamente iniciaremos acciones disciplinarias”.

Para Camargo Assis, la clave de este nuevo engranaje con la Procuraduría debe ser que, al vincular la potestad disciplinaria, el Sistema de Alertas Tempranas logre su objetivo de prevención. “Lo que nosotros pretendemos es que sean protegidos los territorios y garantizados los derechos de los colombianos”, agregó.

Luego de la instalación, tanto la Procuradora como el Defensor del Pueblo le dieron instrucciones a todos los procuradores territoriales y defensores regionales para que adelanten de inmediato las reuniones mensuales que permitan evaluar el cumplimiento a las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Inicialmente, las Comisiones Regionales tendrán la tarea de revisar las Alertas Tempranas emitidas en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá y Huila.

Para la selección de las Alertas Tempranas que serán objeto de seguimiento por la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales, se dará prioridad a la situación de lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, al riesgo que corren niñas, niños y adolescentes de ser reclutados por actores armados y a quienes están en proceso de reincorporación.

“Lo que queremos es que los funcionarios a cargo de atender las recomendaciones hechas en los documentos de advertencia cumplan con sus responsabilidades para que así se evite la consumación de los riesgos contra las comunidades”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Una Alerta Temprana es un documento de advertencia de carácter eminentemente preventivo, emitido por la Defensoría del Pueblo y dirigido a los gobiernos nacional, departamentales y locales, que da cuenta de los riesgos en los que pueda estar una comunidad en relación con la posible vulneración de sus derechos humanos.