Bogotá, 5 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La frontera entre Colombia y Ecuador atraviesa una complejidad humanitaria y de seguridad, marcada por la convergencia de dinámicas migratorias cambiantes, criminalidad transnacional, presencia de actores armados, economías ilícitas y una limitada capacidad institucional para garantizar los derechos de las personas en movilidad humana. 
 
Así lo evidenció la misión binacional de monitoreo realizada por la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Defensoría del Pueblo de Ecuador en el corredor Ipiales– Tulcán, con énfasis en el paso fronterizo de Rumichaca y con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
El monitoreo permitió documentar que las problemáticas advertidas previamente por ambas instituciones no solo persisten, sino que se han agravado. En particular, se identificaron riesgos asociados con extorsiones, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia física y sexual, explotación laboral, reclutamiento y utilización por actores armados, así como importantes barreras para acceder a salud, educación, alojamiento, asistencia humanitaria, regularización migratoria y mecanismos de protección. 
 
La frontera entre Colombia y Ecuador no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva de control migratorio o de seguridad. Los hallazgos muestran que estamos ante una situación que exige respuestas integrales de los Estados, con presencia institucional efectiva, coordinación binacional y un enfoque de derechos humanos que proteja tanto a las comunidades fronterizas como a las personas en movilidad. 
 
El informe se sustenta, entre otras fuentes, en 59 entrevistas directas a personas en situación de movilidad humana, de las cuales el 89,8 % se realizaron en Ipiales, Colombia, y el 10,2 % en Carchi, Ecuador. El monitoreo encontró que el 42,4 % de las personas entrevistadas reportó haber sufrido discriminación; el 32,2 %, robos; el 23,7 %, extorsión; y el 13,6 %, ataques físicos.  
 
La nacionalidad aparece como el principal motivo de discriminación reportado. Asimismo, los civiles armados fueron señalados como los principales presuntos responsables de varias formas de violencia directa. En los hechos de extorsión, el 21,4 % de las personas afectadas vinculó a fuerzas de seguridad, mientras que estas fueron mencionadas en el 20 % de los eventos de discriminación.  
 
El monitoreo también muestra una transformación de las dinámicas migratorias. El 79,7 % de los desplazamientos registrados ocurre en sentido Sur–Norte, mientras que el 66,1 % corresponde a entradas hacia Colombia. Además, el 71,2 % de las personas entrevistadas manifestó su intención de continuar hacia Venezuela, aunque parte de esta población prevé permanecer temporalmente en Colombia para reunir recursos que le permitan financiar el resto del trayecto.  
 
Entre las principales causas de movilidad, el 69,5 % señaló la búsqueda de empleo o generación de ingresos, el 16,9 % la reunificación familiar y el 13,6 % situaciones de violencia e inseguridad en los lugares de origen o tránsito 
 
La misión constató la persistencia de estructuras armadas y redes criminales que se disputan corredores estratégicos vinculados con narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Estas dinámicas afectan tanto a las personas migrantes como a las comunidades que habitan los territorios fronterizos.  
 
Los riesgos aumentan en zonas rurales y pasos no autorizados, donde la presencia institucional es más limitada. La minería ilegal, particularmente en áreas próximas a comunidades indígenas, también ha profundizado la conflictividad, generado afectaciones ambientales y contribuido al financiamiento de estructuras criminales. 
 
Otro de los hallazgos centrales es la disminución significativa de los recursos de cooperación internacional destinados a asistencia humanitaria. En Ipiales, por ejemplo, actores consultados durante la misión señalaron que se pasó de aproximadamente 25 cooperantes internacionales en 2024 a cerca de cinco en 2026.  
 
Esta reducción ha debilitado la capacidad de los albergues y centros de atención para garantizar alimentación, alojamiento, orientación jurídica y servicios básicos. La situación resulta especialmente preocupante para la niñez: el 40 % de las personas alojadas durante el primer semestre de 2026 en uno de los servicios humanitarios identificados correspondía a niñas, niños y adolescentes. 
 
Ante este escenario, las Defensorías advierten que la garantía de los derechos de la población migrante no puede depender de manera estructural de los recursos de cooperación internacional. Los Estados deben fortalecer su capacidad institucional y presupuestal y asumir de manera sostenible la prestación de los servicios esenciales. 
 
A pesar de las situaciones de violencia y vulneración de derechos experimentadas durante el proceso migratorio, el 75 % de las personas consultadas manifestó no haber presentado ningún tipo de denuncia o queja. 
 
Este dato evidencia una importante brecha entre la ocurrencia de hechos de violencia y su conocimiento por parte de las autoridades, limita la capacidad institucional para identificar e investigar las vulneraciones y contribuye al subregistro de los delitos y abusos sufridos por las personas en movilidad. 
 
El informe también identifica como obstáculo estructural la centralización de parte de la oferta institucional en Pasto, mientras que buena parte de la presión migratoria y humanitaria se concentra en Ipiales y el paso fronterizo de Rumichaca. 
 
El monitoreo identificó cinco grupos poblacionales especialmente expuestos a afectaciones graves y recurrentes: víctimas del conflicto armado; niñas, niños y adolescentes en movilidad familiar; mujeres víctimas de violencias basadas en género; hombres solos en tránsito; y niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. 
 
Entre los principales riesgos se encuentran la doble o múltiple victimización, desescolarización prolongada, reclutamiento y utilización por actores armados, trata de personas, explotación sexual y laboral, violencia basada en género, habitabilidad en calle e instrumentalización por estructuras criminales. 
 
Particular preocupación genera la situación de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, frente a quienes se identificó un subregistro significativo y dificultades para su ingreso a los mecanismos institucionales de protección. 
 
Frente a los hallazgos, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador consideran necesario fortalecer una respuesta estatal, binacional, coordinada y multidimensional que combine las acciones de seguridad con políticas sociales, humanitarias y de desarrollo. 
 
Entre las recomendaciones se plantea fortalecer las acciones contra las redes de trata y tráfico ilícito de migrantes sin criminalizar la movilidad humana; establecer mecanismos binacionales más flexibles de regularización y protección complementaria; garantizar recursos públicos para la respuesta humanitaria; fortalecer los centros de acogida y las rutas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes; y mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales. 
 
Asimismo, se destaca la necesidad de consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre ambos países, fortalecer la presencia institucional en los territorios fronterizos y garantizar que las respuestas frente a la criminalidad organizada sean compatibles con las obligaciones nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. 
 
El informe concluye que el corredor Ipiales–Tulcán constituye hoy un escenario de alta complejidad humanitaria, en el que convergen migración inversa, retorno, búsqueda de protección internacional, violencia transfronteriza y economías ilícitas. Las Defensorías reiteran que enfrentar esta realidad exige superar respuestas fragmentadas y avanzar hacia una corresponsabilidad efectiva entre Colombia y Ecuador, con las personas y sus derechos en el centro de la gestión fronteriza. 

Lea el informe completo aquí (PDF)