1. Incumplimiento en la implementación del Sistema de Información, Registro y Monitoreo previsto en el artículo 3 de la Ley 2153 de 2021, lo que limita la interoperabilidad entre las entidades competentes, la consolidación de información estandarizada y la formulación de estrategias integrales para la prevención y el control del tráfico de fauna silvestre.
2. Asimetrías significativas en las capacidades institucionales de las autoridades ambientales, evidenciadas en la infraestructura especializada con disponibilidad de Centros de Atención y Valoración (CAV), Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR), recursos técnicos y talento humano para la atención integral de la fauna silvestre.
3. Se evidenciaron diferencias en el nivel de detalle y trazabilidad de la información reportada sobre los individuos recuperados, especialmente en variables como la identificación taxonómica, las causas de ingreso, el seguimiento durante la atención y rehabilitación, así como la disposición final de los individuos.
4. Vacíos de información sobre la disposición final de un número significativo de individuos, lo que limita el seguimiento institucional y la evaluación de la efectividad de las medidas de recuperación, rehabilitación y liberación implementadas por las autoridades ambientales.
5. Aunque varias autoridades ambientales reportaron contar con líneas especializadas, aplicaciones móviles, páginas web y otros canales para la recepción de denuncias, el estudio evidencia la necesidad de contar con mecanismos que permitan verificar su funcionamiento efectivo y la oportunidad en la activación de las rutas institucionales de atención.
6. Cobertura insuficiente de infraestructura especializada en regiones de alta biodiversidad, donde persisten limitaciones para la atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre.
7. Una parte importante de los registros analizados corresponde a individuos recibidos mediante la figura de entrega voluntaria. Sin embargo, se observaron diferencias en la información reportada por las autoridades ambientales, sin que fuera posible identificar criterios estandarizados para su aplicación ni los mecanismos de valoración que permitan diferenciar esta figura de posibles eventos asociados al tráfico de fauna silvestre.

A partir de lo que encontró la Defensoría del Pueblo, se advierte que las debilidades identificadas en la implementación de la política pública para la prevención y el control del tráfico de fauna silvestre representan riesgos que comprometen la protección efectiva de la biodiversidad, la gobernanza ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano. En particular, se formulan las siguientes alertas:

La ausencia de herramientas interoperables y de criterios estandarizados de reporte continúa dificultando la coordinación entre las autoridades ambientales, las entidades de seguridad, los organismos de control y las autoridades judiciales, lo que limita una respuesta integral frente al tráfico de fauna silvestre.

Las diferencias en los procesos de registro y seguimiento de los individuos recuperados pueden afectar la calidad, comparabilidad y trazabilidad de la información, lo cual reduce la capacidad institucional para identificar tendencias, priorizar acciones y evaluar la efectividad de las medidas adoptadas.

Las diferencias en infraestructura, capacidad técnica y disponibilidad de recursos entre las autoridades ambientales pueden traducirse en niveles diferenciados de atención, rehabilitación y conservación de la fauna silvestre, especialmente en regiones de alta biodiversidad.

La falta de evaluación permanente sobre la eficacia de los canales de denuncia y de mecanismos de seguimiento a las actuaciones institucionales puede limitar la detección oportuna de los casos y la activación efectiva de las rutas de atención.

La ausencia de criterios homogéneos para el registro de figuras como la entrega voluntaria dificulta el seguimiento integral de los casos y la articulación entre las actuaciones administrativas, policivas y judiciales relacionadas con el tráfico de fauna silvestre.

La insuficiencia de infraestructura especializada para la atención y rehabilitación de fauna silvestre en algunas regiones del país compromete la recuperación de individuos pertenecientes a especies de importancia ecológica y de aquellas que se encuentran en categorías de amenaza.

Mientras persistan las debilidades estructurales identificadas en el presente estudio, el Estado continuará enfrentando limitaciones para prevenir, controlar y monitorear de manera eficaz el tráfico de fauna silvestre, lo cual afecta el cumplimiento de la Ley 2153 de 2021 y de los compromisos nacionales e internacionales en materia de conservación de la biodiversidad.

• Implementar de manera efectiva el Sistema de Información, Registro y Monitoreo previsto en la Ley 2153 de 2021, conforme con las órdenes impartidas por la jurisdicción contencioso-administrativa.
• Garantizar la interoperabilidad del sistema con las autoridades ambientales, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las autoridades judiciales, los organismos de control y las demás entidades competentes en la prevención y control del tráfico de fauna silvestre.
• Expedir lineamientos técnicos nacionales que unifiquen los criterios para el registro, reporte, validación y análisis de la información relacionada con el tráfico de fauna silvestre.
• Diseñar indicadores nacionales de seguimiento que permitan evaluar la capacidad institucional, la efectividad de las medidas de prevención y el cumplimiento de la política pública en esta materia.
• Fortalecer la asistencia técnica a las autoridades ambientales para la implementación de protocolos estandarizados de atención, rehabilitación y disposición final de fauna silvestre.

• Fortalecer los mecanismos de registro, seguimiento y trazabilidad de los individuos recuperados.
• Adoptar criterios técnicos homogéneos para la identificación taxonómica, clasificación de las causas de ingreso, disposición final y reporte de los especímenes atendidos.
• Revisar y fortalecer los protocolos aplicables a la figura de entrega voluntaria e incorporar mecanismos de valoración técnica y jurídica que permitan establecer las circunstancias del caso y facilitar la articulación con las autoridades competentes cuando existan indicios de conductas ilícitas.
• Evaluar periódicamente la eficacia, accesibilidad y oportunidad de los canales habilitados para la recepción de denuncias ciudadanas sobre tráfico de fauna silvestre.
• Consolidar herramientas de georreferenciación que permitan identificar rutas, corredores, puntos críticos y patrones territoriales asociados al tráfico de fauna silvestre.
• Fortalecer las estrategias de educación ambiental, participación ciudadana y sensibilización sobre las consecuencias ecológicas, sanitarias y jurídicas del tráfico de fauna silvestre.

• Fortalecer los mecanismos de articulación e intercambio de información entre las autoridades ambientales, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales para garantizar la trazabilidad de los casos desde su detección hasta su definición administrativa o penal.
• Promover protocolos conjuntos para el intercambio de información y la activación de rutas de actuación frente a eventos de tráfico de fauna silvestre.
• Evaluar la efectividad de las investigaciones y de las medidas sancionatorias administrativas y penales, con el fin de fortalecer su capacidad preventiva y disuasoria.

• Priorizar la inversión pública destinada al fortalecimiento de la infraestructura para la atención, valoración, rehabilitación y liberación de fauna silvestre, especialmente en regiones de alta biodiversidad y alta incidencia de tráfico de fauna.
• Garantizar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para el funcionamiento de los CAV, CAVR, hogares de paso y demás mecanismos de atención de fauna silvestre.
• Fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional para combatir el tráfico de fauna silvestre como una de las principales amenazas contra la biodiversidad.
• Incorporar el tráfico de fauna silvestre como un eje prioritario de las políticas de conservación, gobernanza ambiental y protección de los derechos colectivos.
• Promover estrategias nacionales de educación y cambio cultural orientadas a reducir la demanda de fauna silvestre como mascota, objeto de comercio o consumo, para abordar las causas estructurales que favorecen esta actividad ilícita.