Pueblo Rico, Risaralda, junio de 2025 (@Defensoriacol). La Defensoría del Pueblo encabezó una misión de verificación de derechos humanos de dos días en el Resguardo Gitó Dokabú, localizado en Pueblo Rico (Risaralda), donde recientemente se presentó un caso de violencia física contra una menor de edad perteneciente a la comunidad del pueblo Emberá Katío. (Leer La violencia contra la niñez y las mujeres es violencia estructural que nos atraviesa como sociedad, sin distinción de culturas ni territorios)

La Defensoría reafirmó su compromiso con la prevención de todas las formas de violencia de género y acompañó a cerca de 300 mujeres en la Asamblea Territorial “Tiempos de Mujer, Tiempos de Paz”.

Durante la misión, un equipo de la Regional Risaralda se centró en escuchar a las comunidades y fortalecer las rutas de atención y prevención. En la asamblea, un espacio vital para el diálogo y el empoderamiento, se abordaron estrategias para erradicar el maltrato hacia niñas, adolescentes y mujeres, reafirmando el compromiso de la entidad con la garantía de sus derechos a una vida libre de violencias.

Las cifras respaldan la urgencia de esta labor. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2019 y 2024, se registraron 115.374 exámenes medicolegales por presuntos delitos contra niños, niñas y adolescentes. De estas víctimas, el 42% tenía entre 10 y 13 años y un 13% pertenecía a comunidades étnicas. Los datos revelan además que en la mitad de los casos el agresor fue un familiar y en el 78% la agresión ocurrió en el hogar.

Adicionalmente, en el mismo periodo, se practicaron 42.685 valoraciones por violencia intrafamiliar contra personas menores de edad, de las cuales las niñas y las adolescentes mujeres representaron el 52% de los casos. Un 11% de las víctimas de esta forma de violencia pertenecían a grupos étnicos.

 

Acciones integrales en el territorio

La labor de la Defensoría se extendió, además, al Resguardo Unificado Emberá Chamí del Río San Juan, donde se acompañó a la comunidad de Bichuvara, que está ubicada en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.

 Durante el recorrido, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Recepción de solicitudes sobre los Planes Integrales de Reparación Colectiva, un paso fundamental para resarcir a las comunidades afectadas por el conflicto.
• Seguimiento al componente de vivienda del Plan Retorno, verificando los avances y desafíos para garantizar un hogar digno a las familias.
• Documentación de necesidades de infraestructura educativa en la Institución Educativa Emberá Kirisia Dee, con el fin de impulsar mejoras que aseguren una educación de calidad para la niñez y la juventud.

La asamblea contó con la participación articulada de la Defensoría del Pueblo, el Icbf, la Gobernación de Risaralda, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Pueblo Rico y la Personería del Municipio de Pueblo Rico, demostrando un esfuerzo conjunto por la protección de los derechos.

La Defensoría del Pueblo continuará en los territorios, escuchando, acompañando y garantizando la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, con un enfoque diferencial y de género.