Funcionarios de la Regional Valle del Cauca de la Defensoría del Pueblo realizaron una jornada de verificación de derechos humanos a las personas privadas de la libertad (PPL) que están en calidad de indiciadas en la estación de Policía de Aguaclara, en el municipio de Tuluá.

En la visita evidenciaron que el lugar tiene una infraestructura deficiente, no cuenta con las mínimas medidas de seguridad establecidas, son escasas las baterías sanitarias y no hay el debido número de custodios.

La estación tiene capacidad para 57 internos, sin embargo, hay 92 actualmente (81 hombres y 11 mujeres), lo que representa un hacinamiento del 61%.

A partir de los hallazgos, la Defensoría del Pueblo les recuerda a los entes territoriales que a los sindicados se les debe garantizar unas condiciones mínimas de reclusión, en cumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2022, que da cuenta de la extensión del estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento en centros de detención transitorios y la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.