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Nathalia Romero es economista y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo, de la Universidad de los Andes. Durante más de 15 años ha trabajado en el sector público, contribuyendo al diseño, formulación e implementación de políticas públicas para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Su labor ha estado enfocada en la búsqueda de soluciones para comunidades afectadas por la pobreza y el conflicto armado, así como en la defensa y protección de niñas, niños y adolescentes que requieren atención humanitaria y restauración de derechos.
Desde septiembre del 2024 se desempeña como defensora delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En este rol, lidera la estrategia para prevenir y mitigar riesgos en los territorios, brindando a entidades nacionales y locales información oportuna para tomar decisiones que protejan la vida y dignidad de las comunidades en los territorios más afectados por la violencia y las crisis humanitarias.
Antes de asumir esta responsabilidad, fue directora de Registro de la Unidad para las Víctimas, donde tuvo a su cargo la administración del Registro Único de Víctimas de Colombia. Allí impulsó herramientas para medir y hacerle seguimiento a la situación de las víctimas, promoviendo la toma de decisiones, basada en evidencia para su reparación integral. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue subdirectora de Restablecimiento de Derechos y luego directora de Protección, donde lideró la operación y los lineamientos de programas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados o en situación de adoptabilidad, así como de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Además, ha participado en la formulación de la política de inclusión social y productiva para víctimas del conflicto armado, la creación de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de la población desplazada para el seguimiento de la Sentencia T-025, el fortalecimiento de la medición de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento, el diseño de la estrategia de soluciones duraderas para la integración de población desplazada en Colombia, como también de líderes y defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Secretaria: Jenny Andrea Guzman Guzman
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Dirección: Calle 55 No.10-32 Bogotá D.C
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El tejido social de Colombia está vivo, como nuestro cuerpo, como nuestro planeta. Las personas defensoras de DD. HH. y lideresas y líderes sociales son los conectores naturales de este tejido, son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias.
Haz cosas
extraordinarias…
rompe el estigma.
La situación de la población líder y defensora es crítica. Esta afectación es invisible muchas veces, pero tiene una expresión que se convierte en el preludio de la violencia material: la estigmatización.
TEJIDO VIVO propone una metáfora simple y poderosa: la sociedad funciona como un tejido vivo en el que cada persona cumple una función esencial. Reconocer y proteger a quienes defienden derechos es, por tanto, cuidar el futuro del país.
Las acciones de la Defensoría del Pueblo en favor del reconocimiento de la labor de la población líder y defensora se unen a las de cientos de personas en el país que propenden por un avance similar. Esta unión de acciones es un tejido para permanecer en el tiempo.
Lanzamiento (3 meses)
Sostenimiento (5 meses)
Cierre (3 meses)
¡Construyamos juntos un territorio donde
la palabra sea garantía de vida!
#BuenFuturoHoy para Lideresas, Líderes Sociales y Personas Defensoras de DDHH
Para dar cumplimiento a la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, la Sentencia CAJAR vs. Colombia de la Corte IDH y el Macrocaso 005 de la JEP, la Defensoría del Pueblo diseñó la estrategia “#BuenFuturoHoy para lideresas, líderes y PDDH” (2024-2028), compuesta por diez ejes para la protección integral de lideresas y líderes y personas defensoras de derechos humanos. Además, acompaña el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas (PIGMLD), y ejerce la secretaría técnica de las Mesas Nacional y Territoriales de Garantías.
Las cortes y juezas y jueces del país han hablado: hay falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora y el cumplimiento de las labores del Estado. La Defensoría será protagonista en volver a garantizar constitucionalmente los derechos de esta población.
Desde 2016 hemos desarrollado acciones para mejorar la articulación interna de la entidad frente a la labor de PDDH y hemos avanzado, pero aún nos falta apuntalar procesos para garantizar una acción integral y efectiva.
La Defensoría no solo advierte, gestiona protección o hace llamados al Gobierno: la Defensoría del Pueblo también actúa, en su competencia, con todos los organismos del Estado para superar los riesgos y mejorar la acción integral con la población líder y defensora. Trabajaremos con tod@s.
Desarrollamos por misionalidad acciones para acompañar y atender a la población líder y defensora que deben estar en constante mejora.
Hacemos seguimiento y propuestas de mejoras técnicas a políticas públicas que afectan positiva o negativamente las garantías a la labor de defensa y el liderazgo social.
La no estigmatización, el reconocimiento y el respeto de la labor de la población líder y defensora de derechos humanos es clave, y construir opinión pública favorable sobre esto es fundamental —sobre todo en las regiones—, mediante campañas y acciones de comunicación efectiva.
Todos los ejercicios de liderazgo y defensa de los derechos humanos deben contar con la aplicación plena de los enfoques diferenciales y sus particularidades para garantizar respeto pleno a derechos. Las lideresas sociales y mujeres defensoras estarán en primera línea en la discusión y la construcción.
Es un deber del Estado, consagrado en nuestras leyes, y desarrollar plenamente sus componentes —prevención, protección individual y protección colectiva— es vital para la labor de PDDH; también retomando grandes esfuerzos de la sociedad civil en prácticas de autoprotección que la Defensoría puede potencializar.
Es imposible realizar nuestra labor lejos del diálogo directo con las lideresas, líderes sociales y PDDH: su participación y consulta sobre nuestras actividades y la acción general del Estado es fundamental. Seremos garantes de impulsar activamente esta participación.
Somos referente en el continente sobre buenas prácticas como INDH con PDDH y líderes sociales; seremos aliados estratégicos para otras Defensorías del Pueblo y de organismos multilaterales en garantizar la labor de defensoras y defensores.
La Mesa Nacional de Garantías (MNG) es un espacio de diálogo tripartito que reúne a organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones del Estado y representantes de la comunidad internacional, con el objetivo de concertar medidas de prevención, protección e investigación frente a las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
Las Mesas Territoriales de Garantías son espacios de diálogo político, técnico y de concertación, conformados de manera tripartita por autoridades territoriales, organizaciones sociales y comunidad internacional. Su creación responde a la necesidad de contar con mecanismos de articulación que permitan abordar de manera conjunta las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
El objetivo principal de estas mesas es generar un entorno propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos mediante el diseño y la implementación de garantías materiales y políticas. A través de este espacio, se busca fortalecer la protección integral de las personas defensoras, reconociendo su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia.
Este espacio es liderado por el Ministerio del Interior, en articulación con otras entidades del Estado competentes en la garantía de derechos. Las organizaciones sociales participan a través de plataformas nacionales, como La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y con quienes canalizan las preocupaciones y propuestas del movimiento social y de DD. HH.
La comunidad internacional desempeña un rol de acompañamiento político y técnico, con presencia activa del Sistema de Naciones Unidas, el grupo de países que por medio de sus representaciones diplomáticas acompaña a Colombia en su trabajo por los derechos humanos desde el 2009.
La Defensoría del Pueblo cumple el rol de Secretaría Técnica de la Mesa, facilitando el diálogo entre los actores y promoviendo el seguimiento a los acuerdos. En conjunto, estas instancias hacen de la MNG un espacio estratégico para garantizar condiciones favorables que permitan el ejercicio libre y seguro de la labor de defensa de los derechos humanos en el país.
La Defensoría del Pueblo ejerce la secretaría técnica tanto de la Mesa Nacional de Garantías (MNG) como de las Mesas Territoriales de Garantías (MTG). Este rol fue asignado por solicitud de las organizaciones sociales y en acuerdo con las autoridades estatales y la comunidad internacional desde el 2020, y se formalizó mediante la Resolución Defensorial 074 de 2020, la cual fue derogada por la Resolución Defensorial 1212 de 2025.
La secretaría técnica promueve el diálogo entre los actores institucionales, sociales e internacionales para facilitar acuerdos concertados y avanzar en la garantía del derecho a defender derechos humanos. Su rol incluye moderar, facilitar y acompañar las sesiones, promoviendo conclusiones claras y compromisos verificables.
La Defensoría del Pueblo, al ejercer este rol, lo hace bajo cuatro funciones complementarias que fortalecen su legitimidad y capacidad de incidencia:
Labores de secretaría técnica: incluye la planeación, moderación y seguimiento de sesiones, con el enfoque de “amigable componedor” y garantizando el respeto a su independencia institucional.
Labores como Defensoría del Pueblo: se vinculan con el cumplimiento de sus mandatos constitucionales y legales, particularmente la vigilancia y respuesta ante vulneraciones a los derechos de la población líder y defensora.
Magistratura moral: la Defensoría ejerce autoridad ética frente a las instituciones para promover el respeto y garantía de los derechos humanos, especialmente ante entidades renuentes o con baja respuesta institucional.
Ministerio Público: como parte del Ministerio Público, la Defensoría debe alertar e informar a la Procuraduría sobre conductas institucionales que pongan en riesgo a personas defensoras.
La Defensoría del Pueblo reconoce la enorme responsabilidad que le atañe en el trabajo con personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, organizaciones y colectivos o, en palabras de la Corte Constitucional, la población líder y defensora de DD. HH.
El derecho a defender los derechos humanos se entiende hoy como un derecho emergente, lo cual significa que es una garantía que nace y evoluciona con el fin de responder a las necesidades de protección que surgen en el contexto contemporáneo. La justicia en Colombia reconoce que esta garantía va mucho más allá de un simple listado de normas escritas: se trata de una herramienta viva creada para asegurar que cualquier persona pueda liderar causas sociales de forma pacífica y sin miedos.
Para cumplir con este propósito, el derecho se organiza en dos tareas fundamentales que van de la mano: primero, cuidar la vida y la tranquilidad de los líderes, sus familias y sus comunidades frente a las amenazas; y segundo, garantizar que puedan hablar libremente, reunirse, organizarse en asociaciones y moverse por el territorio nacional para realizar su trabajo sin que nadie les ponga obstáculos o los persiga de manera injusta.
Este derecho emergente se fortalece en la práctica al incluir de forma transversal los enfoques étnicos, diferencial y de género, reconociendo que la violencia en las regiones afecta con mayor dureza a las mujeres y a los pueblos étnicos, lo que obliga al Estado a investigar con rigor y profundidad los delitos para que no queden en la impunidad y a realizar estudios de riesgo eficientes que atiendan a las realidades de cada persona, colectivo y territorio.
