La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento, por diversos medios, de las amenazas y hostigamientos de que vienen siendo víctimas los líderes sociales,  representantes de las organizaciones de derechos humanos y sacerdotes de la Iglesia Católica del Magdalena Medio.

Pérez Ortiz condena las amenazas que un grupo armado ilegal ha proferido contra los párrocos de los municipios de Tiquisio, Arenal  y Regidor, y contra los  miembros de las Corporación Sembrar, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y el  Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio,
 
Las amenazas e intimidaciones contra la vida y la integridad física de los defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales, han sido advertidas en varias oportunidades por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a través de varios informes de riesgo.

El informe 015 del 15 de junio de 2007 y la nota de seguimiento del 14 de marzo de 2008, emitidos por la Defensoría del Pueblo, advertía sobre la reconfiguración de nuevos grupos armados ilegales con posterioridad a la desmovilización del Bloque Central Bolívar que se autodenominan “Águilas Negras”, con el fin de mantener el control territorial, social y político en la región del Sur de Bolívar

Esta nueva estructura armada ilegal está empleando el recurso de la violencia a través de amenazas e intimidaciones  contra campesinos, líderes comunitarios, comerciantes, sacerdotes, líderes religiosos, defensores y defensoras de derechos humanos y servidores públicos, con el fin de imponer su dominio en la región y evitar el fortalecimiento del tejido social, de las comunidades del Sur de Bolívar.

El Defensor del Pueblo enfatizó que la labor de promoción y defensa de los derechos humanos, por parte de activistas y defensores, está protegida por normas nacionales e internacionales, y que es inadmisible toda intimidación y agresión contra quienes ejercen dicha actividad por parte de grupos armados al margen de la Ley.