El Catatumbo
Catatumbo:
un año después, la crisis
humanitaria persiste
Un año después del desplazamiento masivo registrado a causa de la agudización de la confrontación armada entre las disidencias de las extintas Farc (Frente 33 y Bloque Magdalena Medio) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la población civil en el Catatumbo continúa enfrentando graves afectaciones derivadas del control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y diversas formas de violencia.
Desde el 16 de enero del año pasado, los enfrentamientos y el control ejercido por grupos armados no estatales han forzado a más de 100.000 personas a desplazarse internamente en eventos masivos e individuales.
Este desplazamiento, sin precedentes en el país por su masividad y el corto tiempo en el que tuvo lugar, es apenas el más reciente capítulo de los múltiples ciclos de violencia que han trastocado la vida de la población.
Si bien el Catatumbo ya había experimentado el conflicto en su territorio, la degradación de la guerra y las lógicas de operación de estos grupos, motivadas por las dinámicas de las economías criminales, caracterizan una nueva ola de violencia que no para de azotar a la región.
Hoy persisten necesidades humanitarias, y la subregión continúa siendo escenario de hechos victimizantes que vulneran los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario (DIH).
“Persisten respuestas fragmentadas, centradas en la atención básica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis”.
Cifras que evidencian la
gravedad del conflicto
“Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores”.
Las alertas que anticiparon la crisis humanitaria
Desde noviembre del 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el escalamiento del conflicto entre grupos armados, que ocasionó riesgos extremos y altos para la población del Catatumbo. En octubre del 2025, la entidad emitió otra Alerta Temprana, en la que llamó la atención sobre el peligro que estaban corriendo las comunidades.
Conozca la AT No. 017-25
Corte ordenó al Gobierno rendir cuentas sobre atención a la Alerta Temprana para Tibú
La Corte Constitucional emitió el 26 de enero del 2026 el Auto 002, una providencia judicial de cumplimiento obligatorio que requiere a las autoridades nacionales y territoriales informar sobre las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025, específica para el municipio de Tibú.
Esta alerta evidenció dos escenarios de riesgo: la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc, así como la consolidación del control territorial ejercido por el ELN con la imposición de normas de conducta y la regulación de la movilidad y la vida comunitaria.
A través del Auto 002 de 2026, la Corte ordenó al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra rendir cuentas sobre las medidas concretas que han adoptado para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales.
Ante esta decisión judicial, la Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno nacional a acatar la orden en los términos establecidos y urgió a todas las autoridades competentes a ejecutar sin dilación las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 017 de 2025, con el fin de evitar que las comunidades del Catatumbo continúen siendo víctimas de nuevas violaciones a sus derechos.
Entre diciembre del 2025 y enero del 2026, se registró un recrudecimiento de la confrontación armada en el Catatumbo, acompañado de la exacerbación de la crisis humanitaria. Los corregimientos Pachelli, Angalia y Las Palmeras, en Tibú, y Filogringo, en El Tarra, fueron escenario de desplazamientos forzados, confinamientos, uso de drones, presencia de artefactos explosivos y otras graves afectaciones a las comunidades.
Estas vulneraciones fueron constatadas directamente por la Defensoría durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica.
“Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales, lo han sido durante este año y siguen siendo mientras que los grupos lo sigan cometiendo”.
Testimonios que dan rostro y voz a la tragedia
Hemos recopilado relatos de algunas de las víctimas en el territorio. Sin embargo, muchas de ellas no pudieron prestar sus voces o sus rostros por temor, porque la situación continúa siendo álgida y —dicen— puede recrudecerse. Es fundamental recordar que, para proteger su integridad, han sido utilizados nombres ficticios marcados con un asterisco (*), en cumplimiento de los principios de confidencialidad, seguridad y protección de datos personales.
Estos relatos reflejan la crueldad de la guerra en el Catatumbo:
La asfixia del control social
Jornalero
Francisco* fue retenido toda una noche por circular a las 6:10 p. m., hora en la que estaba violando el toque de queda impuesto por los grupos armados. Al día siguiente le advirtieron:
“No querían que volviera a desobedecer... De hacerlo, me atenía a las consecuencias”.
La asfixia del control social
Mujer en albergue de emergencia
Patricia* extraña su café de las 4:30 a. m. viendo sus cultivos, y ahora vive en una carpa de 2x2 metros. Expresa la frustración del campesino trabajador:
“Aquí ya el municipio, prácticamente, nos está acostumbrando a que nos den todo, y nosotros los campesinos no estamos acostumbrados a que todo nos lo den”.
La infancia y la juventud en la mira
Madre de una menor de edad acosada
Mayra* cuenta que un guerrillero se obsesionó con su hija de 13 años, le enviaba regalos y dinero. Al sacar a la niña del territorio para protegerla, la familia fue declarada objetivo militar.
“Yo no entendía por qué ese señor se había obsesionado con mi hija... La única solución que vi fue salirme de la casa y dejar todo tirado”.
La fata de futuro
Joven del pueblo Barí
“Yo quiero ser médico. Quisiera ir a la universidad... pero no tengo cómo hacerlo. Además, cada vez que salgo, me interceptan los grupos y me dicen que me vaya con ellos”.
La degradación: trata y minas
Migrante venezolana
Engañada en Facebook con una oferta de trabajo, Johana* terminó secuestrada y explotada sexualmente en Cúcuta y luego en campamentos guerrilleros.
“Ellos me decían que tenía que trabajar duro para pagarles lo que me habían dado para poder traerme a Colombia... Yo pago con mi cuerpo una realidad que nunca pedí vivir”.
La degradación: trata y minas
Víctima de mina antipersonal
Alberto* pisó una mina mientras intentaba reparar una manguera de agua en su patio. Sobrevivió, pero el miedo le impide volver:
“Un campesino no pega en pueblo...” [pero] el ELN había instalado minas en su casa para evitar que fuera tomada por las disidencias.
Liderazgo bajo amenaza
Lideresa social y madre
Para Judith*, dejar su finca en manos de violentos fue como arrancarse el alma. “En esa ocasión nos desplazamos, pero nunca nos fuimos; en cambio ahora es grave porque tuvimos que salir del territorio donde tiene uno su trabajo, su vida, sus amigos, su casa. Lo poquito que tenemos dejarlo botado y venirnos a la ciudad a pasar las necesidades”.
La voz de ella se quiebra cuando recuerda a su hijo. Los hombres armados lo buscaron para llevárselo, y solo un audio suyo diciéndole que “la situación era peligrosa”— le salvó la vida. Desde entonces, ella carga con la ausencia: “Prefiero tenerlo por allá, más seguro, que verlo morir aquí”.
El desencanto con el Estado
Labriego anónimo
“Todo se quedó en promesas. Acá el Gobierno ni se ha aparecido... No hay condiciones para volver: no hay seguridad, no hay inversión, no hay nada”.
El dolor del destierro y el despojo
Campesino desplazado
Tras 20 años en su parcela, el ELN le dio una hora a Antonio* para irse, a quien acusaron de ser colaborador de las extintas Farc. Su perro, Capitán, lo siguió por un kilómetro hasta que pudo subirlo a la moto. Hoy, su finca está ocupada por guerrilleros:
“Esa gente se instaló en la casa... me mandaron una razón: que por allá no fuera a reclamar nada porque ya nada era mío, y si me acercaba, terminarían matándome”.
El dolor del destierro y el despojo
Cultivador de coca
Carlos Mario* fue expulsado violentamente por vender pasta base al disidente Frente 33:
“O se va o se muere... y no vuelva por acá, esto es de nosotros”. Relata, además, que el pueblo entero salió despavorido: “Eso fue como el acabose. Todo el mundo salió y dejó todo tirado”.
Estos testimonios, recogidos directamente por nuestras misiones humanitarias, son la prueba fehaciente de que en el Catatumbo la población civil no solo está en medio del fuego, sino que es el blanco principal de un ataque sistemático contra su dignidad y su vida.
El Catatumbo
en crisis:
Desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
El Catatumbo, una región ubicada en el nororiente de Colombia, que abarca los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ábrego, El Tarra, Tibú, Sardinata y dos municipios del sur de Cesar que son Río de Oro y González, ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado y la presencia de economías ilegales.
En el presente año, la situación ha escalado a una grave crisis humanitaria, con profundas afectaciones para la población civil.
Con al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas, se mantiene como una de las zonas más impactadas por actividades ilícitas.
Esta realidad ha facilitado la reconfiguración y renovación de actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) (antes Clan del Golfo), el EPL, y grupos de las extintas FARC-EP como el Frente 33 y el Comando Danilo García de la Segunda Marquetalia.
La disputa territorial y el control de la frontera colombo-venezolana han sido factores persistentes de violencia, con enfrentamientos documentados entre grupos como Los Rastrojos, ELN, y posteriormente el EGC, que incidieron en hechos violentos como masacres, homicidios de líderes y desplazamientos
al mando de Calarcá
1 y 2 Alertas vigentes
3 y 4 Alertas vigentes
La crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo desde el 16 de enero de 2025, tras la escalada militar del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc, se ha convertido en una de las más graves registradas en Colombia en las últimas tres décadas.Esta situación había cobrado la vida de al menos 117 personas hasta el 28 de abril, incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz y menores de edad.
Asimismo, entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se registraron 64.783 personas desplazadas, 16.615 confinadas en el marco de la emergencia y con 12.913 confinadas actualmente, además de un patrón sostenido de movilidad humana forzada.
“Lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad;hay una crisis humanitaria muy fuerte y además de que va a ser sostenida, se espera desafortunadamente que empeore”.
Este especial de la Defensoría del Pueblo de Colombia busca visibilizar la magnitud de esta crisis, sus causas y consecuencias, así como las acciones adelantadas para proteger los derechos de las comunidades afectadas.
Escalada de violencia
en enero de 2025
Un punto de inflexión crucial se registró a partir del 16 de enero de 2025, desencadenado por un ataque perpetrado el día anterior en zona rural de Tibú, donde fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de nueve meses, en presencia de su otro hijo menor de edad.
El ELN interpretó este hecho como una acción atribuible al Frente 33. En respuesta, a partir del 16 de enero, el ELN lanzó una ofensiva armada coordinada contra posiciones del Frente 33, concentrada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí.
Esta ofensiva tuvo como consecuencia directa la afectación de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo firmantes del Acuerdo de Paz, líderes y lideresas sociales, y población civil.
Los enfrentamientos violaron principios fundamentales del DIH como el de distinción, legalidad, humanidad y precaución.
Como resultado, se produjo el desplazamiento masivo de miles de habitantes, afectaciones a la vida e integridad de las personas, y el confinamiento de comunidades.
Entre el 16 y el 20 de enero, más de 11.000 personas fueron desplazadas forzadamente, con Ocaña y Cúcuta como principales ciudades receptoras, superando sus capacidades de atención.
La crisis también impactó la educación, llevando a la modificación del calendario académico y el desplazamiento de más de 500 docentes, dejando centros escolares rurales sin cobertura educativa.
“El desplazamiento masivo causado en El Catatumbo en los últimos días, puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo “evento” desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia(1997)”.
Declaratoria de
conmoción interior
Ante la gravedad de la situación, el 24 de enero de 2025, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Conmoción Interior mediante el Decreto 0062, con una vigencia inicial de 90 días.
Esta medida abarcó la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta, y los municipios de Río de Oro y González en Cesar.
La declaratoria fue acompañada por 24 decretos legislativos con facultades extraordinarias, orientadas a contener la crisis humanitaria y garantizar el orden público. Aunque el Gobierno sostuvo haber incrementado la presencia de la fuerza pública, esto generó preocupación en la población civil.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato, intervino ante la Corte Constitucional solicitando la exequibilidad del decreto declaratorio pero pidiendo revisión de la pertinencia de las medidas y la realización de una audiencia pública territorial.
de conmoción
interior
La Defensoría consideró que el decreto cumplía los requisitos formales y materiales, pero pidió analizar su necesidad y proporcionalidad dado su carácter excepcional.
El Gobierno dispuso levantar el estado de conmoción interior a partir del 24 de abril, aunque prorrogó por 90 días la vigencia de once decretos legislativos relacionados con sectores como agropecuario, transporte, turismo, agua, saneamiento básico, vivienda, protección de tierras, sustitución de cultivos y atención humanitaria, reconociendo que persisten condiciones adversas.
Intervenciones ante la
Corte Constitucional
Intervención en el expediente RE-382 que estudia la constitucionalidad del Decreto Legislativo 274 de 2025
Intervención en el control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0155 de 2025
Intervención en el expediente RE-378 que estudia la constitucionalidad del Decreto Legislativo 154 de 2025
Intervención dentro del proceso de revisión constitucional del Decreto Legislativo 0136 del 5 de febrero de 2025
Intervención en el expediente RE-370 que estudia la constitucionalidad del Decreto Legislativo 121 del 30 de enero de 2025
Intervención de la Defensoría del Pueblo sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 118 del 30 de enero de 2025
Intervención en el expediente RE-363 que estudia la constitucionalidad del Decreto Legislativo 107 del 29 de enero de 2025
Intervención en el estudio de constitucionalidad del Decreto 062 de 2025
Intervención en el expediente RE-377 que estudia la constitucionalidad del Decreto Legislativo 137 del 5 de febrero de 2025
Intervención de la Defensoría del Pueblo sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 133 del 5 de febrero de 2025
Escenario actual y
prospectiva de riesgo
La confrontación entre el ELN y el Frente 33 tiende a prolongarse, con alta intensidad en municipios como Tibú y El Tarra, generando desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y uso de medios y métodos de guerra no convencionales.
El ELN busca expandirse y consolidar su control social, normativo y económico en áreas como Ocaña, Convención y Sardinata, debilitando la institucionalidad y restringiendo libertades fundamentales de la población y su acceso a servicios públicos.
Los retornos de personas desplazadas podrían estar condicionados.
Existe un riesgo latente de expansión del EGC desde zonas de influencia en el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio, lo que introduciría un nuevo actor y elevaría la confrontación, multiplicando amenazas contra la población civil como violencia selectiva, extorsión y reclutamiento forzado.
Estos escenarios reflejan una tendencia hacia la intensificación del conflicto armado. Pese al despliegue militar, persiste una limitada capacidad de contención efectiva, aunque se mantiene un margen de acción humanitaria gracias al trabajo articulado de diversas entidades y organizaciones.
“La Defensoría lanzó varias alertas sobre el Catatumbo desde 2020. Una última alerta de inminencia [de noviembre de 2024] detectaba un escenario de riesgo muy real y concreto. Creo que como Estado no le dimos la suficiente atención a la gravedad del asunto”.
Desafíos humanitarios, sociales y
de derechos humanos
A continuación, se relacionan los principales desafíos humanitarios identificados que requieren acciones urgentes y coordinadas en la región:
Recomendaciones de la
Defensoría del Pueblo
A continuación, se relacionan los principales desafíos humanitarios identificados que requieren acciones urgentes y coordinadas en la región:
Acciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha tenido un rol central en la visibilización y atención de la crisis. Entre 2020 y 2024, la Defensoría emitió cinco Alertas Tempranas sobre los riesgos derivados de disputas territoriales en el Catatumbo y zonas aledañas. Estas fueron las alertas tempranas:
- AT 050-20: Tibú (Estructural)
- AT 025-21: El Tarra y San Calixto (Estructural)
- AT 009-23: Bucarasica, El Zulia y Sardinata (Estructural)
- AT 026-24: González y Río de Oro (Cesar), Abrego, Convención, La Playa, Ocaña y Teorama (Inminencia)
- AT 027-24: Los Patios, Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario (Estructural)
A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría formuló recomendaciones para mitigar los riesgos. Sin embargo, en enero de 2025, los ataques a la población civil desencadenaron una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
En Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo emitió varias alertas y realizó seguimientos, entre ellos la Alerta de Inminencia 026 de 2024, que advertía sobre la posible ruptura del cese al fuego con el ELN y las crecientes tensiones con las disidencias de las FARC (Frente 33). El documento señaló riesgos como la violación de acuerdos de coexistencia, el avance de grupos armados y la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Participó en la constitución de la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo el 3 de febrero de 2025, junto a la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU, con el objetivo de abordar la situación en la región, en aras de mejorar la vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Su mandato incluye facilitar liberaciones, solicitar corredores humanitarios y acompañar retornos.
La Defensoría del Pueblo documentó y denunció infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por actores armados. También intervino ante la Corte Constitucional frente al decreto de conmoción interior y sus desarrollos, y ha recibido a adolescentes desvinculados de grupos armados. Además, ha acompañado a organizaciones sociales y presentó acciones legales, como una tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de asegurar medidas de protección efectivas.
Informe
El Catatumbo en crisis:Desafíos en DerechosHumanos y DerechoInternacional Humanitario
