Como parte del seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país y del compromiso con la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Teniente Coronel Daniel Gutiérrez Rojas, avanzaron en una hoja de ruta conjunta sobre temas prioritarios.

En el encuentro, realizado el miércoles 3 de junio, se abordaron el seguimiento al ECI, la verificación de presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes, las condiciones de acceso sin dilaciones injustificadas a los establecimientos de reclusión y el ingreso de equipos electrónicos por parte de las y los funcionarios de la Defensoría en el ejercicio de sus funciones.

Otros temas tratados

La reunión también abordó el fortalecimiento del cumplimiento de los mandatos constitucionales relacionados con el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) desde los centros de detención transitoria (CDT) hasta los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON), con especial atención en mujeres, personas con enfermedades crónicas, personas condenadas, adultas y adultos mayores y personas con discapacidad.

Se discutió además la necesidad de fortalecer los protocolos de atención y clasificación penitenciaria, así como de implementar medidas diferenciales en el tratamiento penitenciario dirigidas a mujeres, población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), población LGBTIQ+ y otros grupos sujetos de especial protección constitucional. Asimismo, se planteó la construcción de un plan de trabajo conjunto entre el Inpec y la Defensoría para fortalecer el acceso a la justicia de la población privada de la libertad, y la cooperación interinstitucional para robustecer la seguridad penitenciaria desde un enfoque de derechos humanos.

Compromisos establecidos

Durante el encuentro se asumieron compromisos concretos: la elaboración de un protocolo conjunto Inpec-Defensoría para facilitar el ingreso de los equipos defensoriales en visitas de monitoreo, el seguimiento al ECI y la prestación de los servicios de defensa pública, acompañados de una jornada de socialización institucional sobre la misión constitucional de la Defensoría.

También se acordó la instalación de una mesa de trabajo de nivel central para hacerle seguimiento a las quejas presentadas en los establecimientos de reclusión de mujeres y otros grupos de especial protección constitucional, una revisión conjunta del documento orientador sobre tratamiento penitenciario con enfoque diferencial para mujeres, población OSIGNH/LGBTIQ+, personas con discapacidad, pueblos indígenas y demás grupos sujetos de especial protección, y la puesta en marcha de un convenio de intercambio de información para la implementación de Aurora, el sistema especializado de la Defensoría para la atención jurídica de personas privadas de la libertad.

Estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario

En una serie de visitas de inspección de derechos y verificación de detenciones, como parte del seguimiento a la superación del ECI en los CDT y Eron, la Defensoría evidenció la persistencia de vulneraciones y violaciones de los derechos fundamentales de las PPL.

La entidad encontró, en su trabajo hecho en el segundo semestre del 2025, que persisten fallas estructurales que afectan a los centros de reclusión del orden nacional, como la infraestructura antigua y obsoleta, quejas constantes en la alimentación, hacinamiento penitenciario desbordado, afectaciones en la resocialización de las mujeres privadas de la libertad, una crítica situación en salubridad, entre otras problemáticas, que afectan las PPL.

Con base en esos hallazgos, la Defensoría formuló recomendaciones al Gobierno nacional para que adopte medidas eficaces orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional.