Cuatro décadas después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, Colombia sigue en deuda con las víctimas de una de las tragedias más dolorosas de su historia. Así lo manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al conmemorar los hechos ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, que dejaron más de 100 personas muertas y 11 desaparecidas forzadamente.

"Estos hechos cobraron la vida de más de 100 personas y dejaron 11 personas más desaparecidas, que fueron sacadas con vida y luego desaparecidas forzadamente. Tanto la toma como la retoma fueron actos profundamente crueles", señaló Marín Ortiz en su pronunciamiento.

La Defensora recordó que aquellos días no solo se consumieron documentos y expedientes en el fuego que arrasó con el edificio donde funciona la justicia en su más alto nivel. También se perdieron vidas, proyectos, sueños y la confianza de las personas en las instituciones creadas para protegerlas. "Fue un grave suceso que representó una evidente vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", afirmó.

 

Responsabilidades reconocidas y pendientes

"La retoma del Palacio por parte de las Fuerzas Armadas se hizo con excesos de fuerza y a sangre y fuego. Como dice la Comisión de la Verdad, ese día se impuso la idea de que proteger al Estado era más importante y se podía hacer por encima de cualquier consideración de la vida humana y de respeto a la dignidad", expresó la Defensora.

Esa decisión, además, enterró "todas las posibilidades de ponerle fin a la guerra, que apenas estaba en ciernes", agregó.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar, la detención arbitraria y tortura de cuatro personas, entre otras graves violaciones cometidas durante la operación militar.

 

La exigencia que no cesa

Han pasado 40 años, pero las víctimas y sus familias no han dejado de buscar respuestas. Su lucha no ha sido por venganza, sino por algo más fundamental: verdad y justicia. "A pesar de los avances, aún persiste la falta de respuestas. Hoy el país continúa en deuda con ellas, con quienes perdieron a sus seres queridos, con quienes fueron desaparecidos y con quienes sobrevivieron para contar lo que ocurrió", insistió Marín Ortiz.

Para la Defensora, construir paz, diálogo político y convivencia duradera en Colombia pasa necesariamente por enfrentar la verdad. "No es posible construir paz en el país, un diálogo político, una convivencia seria y duradera sobre el olvido y el negacionismo", sentenció.

 

Un homenaje y un llamado

La Defensoría del Pueblo rindió homenaje a las víctimas, a sus familias y a todas las personas y organizaciones que han mantenido viva la búsqueda de verdad y justicia durante estas cuatro décadas.

Pero más allá del reconocimiento, la Defensora hizo un llamado a que la memoria sirva como punto de encuentro, no de división. "La memoria debería unirnos en una reflexión autocrítica, no dividirnos, sino permitirnos un diálogo a conciencia", dijo.

Y agregó: "Debería permitirnos un diálogo de alto nivel político, donde lo que prevalezca no sea un discurso de odio, la animadversión y la división, sino una conversación honesta y reflexiva que nos permita avanzar en el camino de reconocimiento de los derechos de las víctimas y de la responsabilidad de todos los actores que la tengan, en todos los niveles".

A juicio de la Defensora, esa responsabilidad no se limita solo a lo que ocurrió hace 40 años. También incluye el compromiso presente: "la responsabilidad que tenemos de construir un futuro común".

 

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Acompañamos y participamos del acto simbólico Mapa de la Memoria de la Fundación Carlos H. Uran.

Este acto, en el que participó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, tuvo lugar entre el Palacio de Justicia y la Casa del Florero, un corredor cargado de memoria donde ocurrieron los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

El propósito del evento fue resignificar el dolor y confrontar el pasado vivido por las víctimas, las personas desaparecidas forzadamente y sus familias.