La Defensoría del Pueblo reiteró su advertencia sobre la vulneración del derecho a la salud en el país. Según la entidad, en las primeras tres semanas de enero se han promovido varias mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y pacientes para concertar la atención de casos prioritarios y la entrega de medicamentos vitales. Sin embargo, persisten las deficiencias.

La situación es especialmente crítica para los afiliados a la Nueva EPS, entidad que, a dos años de haber sido intervenida por el Gobierno, enfrenta problemas financieros severos.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el embargo de las cuentas de la entidad, medida que, según advierte, complica aún más la operación de hospitales y dispensarios y afecta la garantía del derecho a la salud de los afiliados.

Aunque la problemática es generalizada en todo el país, el Ministerio Público hizo énfasis en los departamentos de Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima, donde los derechos fundamentales y la vida de los pacientes están en mayor riesgo.

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo un llamado al Ministerio de Salud para fijar compromisos que estabilicen los pagos y consoliden redes de prestación de servicios suficientes y plenamente disponibles.

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