Bogotá, 5 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo advierte que la crisis climática ya tiene impactos directos sobre los derechos humanos en Colombia. Entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2026, más de 25.000 personas fueron desplazadas por factores ambientales, de acuerdo con el Boletín Mensual de Movilidad Humana de la entidad. Los departamentos más afectados fueron Córdoba, Nariño, Cauca y Norte de Santander.

Esta cifra evidencia una realidad cada vez más clara: el cambio climático no es solo una amenaza futura ni un asunto exclusivamente ecológico. Sus efectos ya se expresan en emergencias humanitarias, pérdida de viviendas, limitaciones en el acceso al agua, afectaciones a medios de vida y dificultades para que comunidades enteras permanezcan dignamente en sus territorios.

Por la magnitud de sus impactos globales, impulsados principalmente por las actividades humanas y la quema de combustibles fósiles, el cambio climático se ha convertido en una crisis que interpela al Estado en su deber de prevención, protección y garantía de derechos. En Colombia, esta crisis se materializa en fenómenos como sequías, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, vendavales, incendios forestales, erosión costera y pérdida de biodiversidad. 

Son impactos que adquieren especial gravedad en regiones críticas, incluido el bioma amazónico, donde la degradación ambiental altera los ciclos del agua y amenaza la seguridad alimentaria de comunidades locales e indígenas. Sus efectos trascienden lo ambiental, pues golpean viviendas, vías, acueductos, escuelas y centros de salud; también afectan medios de subsistencia, modifican dinámicas sociales y aumentan la exposición al riesgo de comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La jurisprudencia constitucional ha dado pasos relevantes en esta materia. En la Sentencia T-123 de 2024, la Corte Constitucional abordó el desplazamiento forzado interno ocasionado por factores ambientales y cambio climático, y señaló la necesidad de una protección estatal especializada para las personas afectadas. En atención a ello, la Defensoría ha liderado un proceso participativo y multisectorial orientado a formular y presentar un proyecto de ley sobre movilidad humana en contextos de desastres y cambio climático.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en 2025 se registraron más de 4.700 eventos en 869 municipios, con afectación sobre alrededor de 285.000 familias. 

Los registros analizados por la Defensoría evidencian, además, que en el mismo año los impactos ambientales estuvieron asociados a procesos de desplazamiento que afectaron a más de 5.700 familias, a la destrucción de 3.475 viviendas y a la evacuación de al menos 20.000 personas.

Acción diferenciada para poblaciones vulnerables

Las consecuencias de la crisis climática profundizan desigualdades preexistentes. Sus impactos recaen con mayor fuerza sobre comunidades históricamente expuestas a condiciones de vulnerabilidad. Los registros de la Defensoría evidencian que en 2025 hubo afectaciones sobre aproximadamente 32.000 personas indígenas, 16.000 niñas, niños y adolescentes y cerca de 7.000 personas refugiadas y migrantes.

Para los pueblos étnicos y las comunidades rurales, costeras e insulares, la alteración del entorno físico puede afectar profundamente los modos de vida que dependen de ecosistemas saludables. Esto aumenta la exposición al riesgo de quienes cuentan con menos recursos para adaptarse y puede comprometer derechos colectivos como el acceso al agua, el territorio, la seguridad alimentaria y el ambiente sano.

Por ello, la Defensoría insiste en que la crisis climática debe ser entendida también como un desafío de derechos humanos. La respuesta institucional debe incorporar enfoques diferenciales, reconocer las condiciones particulares de cada territorio y garantizar medidas de prevención, atención y recuperación, acordes con las realidades de las comunidades.

Proteger el arraigo territorial es defender la vida

En espacios de diálogo territorial, la entidad ha identificado una preocupación comunitaria recurrente: las respuestas frente a riesgos climáticos y desastres no pueden limitarse al traslado físico de las personas.

Para muchas comunidades, el territorio es mucho más que un espacio físico. Es el soporte de su identidad cultural, sus formas de subsistencia, su memoria, sus relaciones comunitarias y sus proyectos de vida. Por lo mismo, la permanencia digna y la protección del arraigo territorial deben ser parte central de las decisiones sobre gestión del riesgo, adaptación al cambio climático, reubicación y recuperación.

La entidad considera prioritario fortalecer la prevención mediante una mayor articulación interinstitucional. Antes del desastre, se requieren alertas tempranas claras, monitoreo permanente, capacitación comunitaria y obras de mitigación. Durante la emergencia, atención con enfoque diferencial, albergues dignos, apoyo psicosocial, alimentación, transporte y coordinación efectiva. Después, procesos de recuperación que restituyan condiciones de vida digna y permitan construir soluciones duraderas.

Cuando la permanencia segura sea posible, las instituciones deben implementar medidas de prevención, adaptación y mitigación que protejan la vida, la vivienda, los medios de subsistencia y el arraigo territorial. Asimismo, cuando la reubicación sea la única vía para salvaguardar la vida, esta debe ser planificada, concertada, diferencial y con garantías reales para reconstruir proyectos de vida.

En este sentido, los pilares del Acuerdo de Escazú son herramientas indispensables. La acción climática exige garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras del ambiente. Las comunidades conocen sus territorios, identifican riesgos y construyen respuestas propias; su voz debe ser tenida en cuenta en las decisiones que afectan su permanencia, seguridad y futuro.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo insiste en que enfrentar la crisis climática es un imperativo de derechos humanos. Requiere instituciones capaces de prevenir riesgos, proteger ecosistemas, garantizar la participación comunitaria y dar respuestas que no generen nuevas vulneraciones. Las decisiones ambientales y climáticas deben tomarse con la gente.