Según Otálora Gómez, “los diferentes sectores sociales deben aceptar los diálogo, las mesas de trabajo y la demás salidas negociadas para que sean reivindicadas sus peticiones en los distintos escenarios. Por su parte, el Gobierno debe activar todos los mecanismos previstos para evitar que esta situación se agudice y se altere el orden público y se vulneren los derechos de la sociedad civil”.

La Defensoría del Pueblo, en su ejercicio como entidad que promueve y defiende los derechos humanos, siempre ha actuado como garante en las conversaciones y ha estado de manera permanente realizando labores humanitarias. A lo largo del año, la Defensoría del Pueblo también ha hecho lo propio en paros como el de los trabajadores de la Universidad Nacional; promovió una mesa de concertación entre los trabajadores del Instituto Nacional de Medicina Legal y el Gobierno a fin de evitar la parálisis de dicha entidad; acompañó, y en las últimas semana en el Catatumbo.

En dicha región del departamento de Norte de Santander, desde el primer día del paro, la Defensoría envío una comisión de alto nivel para apoyar a los funcionarios regionales de Ocaña y de Norte de Santander, y actualmente el Defensor del Pueblo presta sus oficios como garante. Allí, Otálora Gómez ha insistido en que la Defensoría del Pueblo valora el derecho a la protesta pero considera que las vías de hecho no son el camino adecuado para que los manifestantes busquen sus reivindicaciones.

Para la Defensoría del Pueblo, resulta preocupante que al actual panorama nacional de movilizaciones sociales, se vienen consolidando muchos más paros y bloqueos. La lista la encabezan los pobladores del municipio de Guapi (Cauca), quienes entraron en paro el pasado 2 de julio, motivados por el mal estado de las vías, las condiciones higiénicas y sanitarias de la cabecera municipal, el desgreño administrativo y financiero y contra de la gestión de su actual alcalde. La situación actual da cuenta del taponamiento de sus vías principales: la calle Primera y la carretera del hospital al aeropuerto (vía por la que se moviliza la fuerza pública).

Otra de las protestas, tiene que ver con la movilización de alrededor de 2.000 indígenas del pueblo AWA de Ricaurte (Nariño) quienes reclaman respeto a la vida y a su territorio. Desde el pasado 4 de julio denunciaron públicamente los atropellos sufridos por los grupos armados ilegales en su territorio, ocupación de sitios sagrados, desplazamiento y desarraigo forzado, asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, retenciones, entre muchos otros.

Y demandan del Estado que proteja la vida y dignidad de su pueblo y líderes hasta que se cumplan las demandas y se respeten las órdenes contenidas en el auto 004 de 2009 y auto 164 de 2011 de la Corte Constitucional, que hace referencia a la protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado.

La Defensoría ha hecho acompañamiento con el fin de establecer prioridades y articular acciones tendientes a minimizar los efectos del paro, y además vienen concertando el cumplimiento de las demandas para que se acaten las órdenes contenidas en los autos 004 de 2009 y 164 de 2011 de la Corte Constitucional, que hacen referencia a la protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado. Igualmente, ha mediado para que a las comunidades se les proporcione las ayudas humanitarias pertinentes.

En tercer lugar, la Defensoría advierte sobre la protesta en el municipio de San Roque (Cesar), donde se presentan bloqueos desde la noche del viernes 5 de julio, lideradas por las comunidades de Curumaní, Chiriguaná y San Roque, que protestan por los problemas con el fluido eléctrico y que amenazaron con quemar las instalaciones de Electricaribe. El Defensor Regional de Cesar logró disuadir a los manifestantes para que destaparan las vías, levantaran los bloqueos y se sentarán a dialogar el martes 9 de julio.

Paros que se anuncian

Cafetero y agrario: Gestado hace dos días por cerca de 1.000 campesinos, cafeteros, camioneros, indígenas que se ubicaron en el centro de convenciones de Armenia (Quindío) y que tiene planeada la hora cero para el próximo 19 de agosto.

Puerto Asís: Fue levantado por parte de la comunidad de manera provisional a la espera de adelantar diálogos con una comisión del Gobierno. El acompañamiento de la Defensoría ha sido constante para que se garantice el derecho a la libre movilidad y para que no se susciten desmanes.

Chocó: Cerca de 50 consejos comunitarios integrados por afros e indígenas están convocando a una movilización para el 17 de julio por temas relacionados con la minería Ilegal.