Tras los anuncios que ha realizado el Presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente, la Defensoría del Pueblo hace un enfático llamado al Gobierno  Nacional  para que en aras de disminuir la incertidumbre producida, se establezca la ruta a seguir y los mecanismos que se usarían ante una eventual Constituyente y de esta forma, mandar las señales correctas de tranquilidad y confianza al mercado y a la economía para no afectar los distintos derechos de los colombianos.

Para la Defensoría del Pueblo, los diferentes anuncios que no han terminado de ser entendidos por la población, establecen un cambio de las reglas de juego sobre los mecanismos para hacer un proceso constituyente, lo que pone en tela de juicio todo el marco jurídico y conceptual que soporta al estado de derecho y a la sociedad.

La Delegada para los Derechos Económicos , Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo realizó unas interesantes reflexiones sobre el tema y llegó a la conclusión que la economía está siendo golpeada por la incertidumbre, las perspectivas de crecimiento económico no son las más favorables para el país que venía con una senda positiva (descontando el año de la pandemia), la inversión se está reduciendo, el desempleo empieza a transitar hacia las cifras de dos dígitos, el ahorro de los colombianos está decreciendo y la morosidad en las carteras bancarias está creciendo. La pobreza sigue latente. La inflación no parece ceder terreno, el valor del peso sigue fluctuando, el endeudamiento y los déficits fiscal están en condiciones poco favorables y el recaudo de la DIAN no ha sido el esperado haciendo que todo esto afecte el goce y disfrute de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.

Adicionalmente, no queda claro si se mantendría la autonomía y las funciones de las distintas instituciones del estado, que garantizan los pesos y contrapesos del poder. Y se pone en entredicho la estabilidad jurídica que es garante de mantener una economía saludable que, obviamente, repercute en el goce de los derechos de la población.

Otro tema que preocupa a la entidad es que los aspectos económicos que deben analizarse ante el posible cambio de Constitución tienen que determinar que pasará con instancias que se han formado para garantizar el correcto desempeño de la economía en manos de los distintos gobiernos. Comités como el de Regla Fiscal, que es el que le llama la atención a los gobiernos sobre las implicaciones de los gastos que hacen éstos, buscando mantener la sostenibilidad fiscal del sistema. Así como el CONFIS que es el llamado a autorizar las inversiones futuras a través de vigencias futuras buscando hacer inversión y mantener el equilibrio y los derechos de los colombianos. O el CONPES que es el organismo de Planeación con que cuentan los gobiernos para determinar la hoja de ruta de las distintas inversiones que va a realizar el Gobierno nacional y que, desafortunadamente, no es una instancia muy usada por el actual Gobierno. Recordemos que el año pasado solo se realizaron 17 CONPES, de los cuales solo tres documentos, fueron concernientes a políticas públicas.

Desde la Defensoría del Pueblo también se hace la reflexión sobre los anuncios porque traen un alto impacto en el ambiente macroeconómico del país. Pretender modificar la Constitución y toda la reglamentación que se desprende de ella, crea incertidumbre en los mercados, disminución en la inversión, como un todo, por parte de los diferentes actores de la sociedad civil como inversionistas, empresarios, emprendedores y el mismo ahorro de los ciudadanos y de la inversión extranjera directa. Esto tiene una marca en la demanda agregada, haciendo que el crecimiento económico del país disminuya o no se crezca, se genere una recesión económica, una subida en las tasas de interés y se afecte la inflación, el empleo y el bienestar de los colombianos.

Y aunque para el Presidente de la República las formas no importan, ni tienen trascendencia, para la sociedad colombiana si, ya que estas formas son el garante de un orden jurídico que en últimas repercute en los derechos económicos y sociales de la población, donde se debe preservar su goce y disfrute. Y pueden ser afectados el derecho laboral por la posible disminución de la oferta laboral ante un bajo crecimiento económico o una posible recesión, el derecho a la alimentación ante las posibles tasas elevadas de inflación que encarece la canasta básica y los productos de primera necesidad de la población, el derecho a la vivienda por la subida de las tasas de interés, que alejaría a los ciudadanos de la posibilidad de tener vivienda propia.

Además, nunca ha quedado claro cuál es el mecanismo que utilizaría el mandatario para hacer ese cambio de Constitución. No se sabe a ciencia cierta si se van a seguir los lineamientos establecidos en la Constitución o a qué hace referencia en que el poder constitucional está en el constituyente primario, es decir, el ciudadano que elige.

Y somos enfáticos, de la Defensoría del Pueblo, en reafirmar que aunque el Presidente Gustavo Petro fue elegido proponiendo reformas estructurales para corregir las desigualdades y la pobreza, buscando que con estos planteamientos se pueda generar un ambiente, donde por lo menos en el discurso, se busque reducir las brechas existentes basado en un crecimiento económico más amigable con el medio ambiente, su elección, no le da la autonomía necesaria para realizar sus reformas por fuera de los lineamientos legales . El deber del Presidente es gobernar para la totalidad de los ciudadanos y no solamente para aquellas personas que lo eligieron.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo es importante resaltar que los distintos anuncios realizados sin mucha explicación dejan en total incertidumbre a los mercados de valores y capital, a las calificadoras de riesgo que han venido degradando la valoración del país, dificultado el ambiente económico. Por el contrario, generando un ambiente macroeconómico hostil que no lleva a la garantía total del goce de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.