Resultado del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a la movilización social que vivió Colombia entre 2019 y 2020, la entidad nacional de derechos humanos dio luz a la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social. 

A través de sus equipos regionales ubicados en todo el territorio nacional, lideró acciones en pro de la garantía de derechos humanos en 320 municipios de los 32 departamentos, donde se desarrollaron las protestas conocidas como el estallido social.  

  De esa manera, se dispuso el acompañamiento de los funcionarios de la Defensoría a más de 2000 marchas y movilizaciones. Los defensores públicos estuvieron disponibles 24 horas, se lograron activar cerca de 300 corredores humanitarios para el tránsito de bienes de primera necesidad, vacunas, combustible, alimentos para animales, misiones médicas, tránsito de vehículos particulares, insumos médicos, principalmente en Cundinamarca, Risaralda y Valle del Cauca, entre otras acciones. 

 Durante las jornadas de movilizaciones, la institución garante de derechos recibió 783 reportes de supuestas personas sin ubicar, para lo cual fue articulada una mesa de trabajo con la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Policía Nacional y otras entidades gubernamentales, con el propósito de que fuera activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Luego de un minucioso trabajo interinstitucional, todas las personas fueron ubicadas y la Fiscalía determinó que no existía un solo caso de desaparición forzada. 

La Defensoría del Pueblo reconoce que la protesta social, cuando se realiza por medios no violentos, es una manifestación del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de reunión pacífica y del derecho a la libertad de asociación, derechos humanos reconocidos y protegidos por el derecho internacional. 

 En tal sentido y previendo la repetición de un escenario similar para el 2021, nació la Delegada, con el fin de prevenir el escalamiento de los conflictos sociales a escenarios de violencia y así promover la convivencia pacífica, la reconciliación, el diálogo social, la formulación de políticas públicas, la cultura de paz con enfoque de prevención y la respuesta a los desafíos que resultan del ejercicio de la protesta social cuando se realiza a través de medios violentos por parte de los ciudadanos y los movimientos sociales. 

 Por tanto, surgió la necesidad de promover la gestión y transformación de los conflictos sociales, basados en los principios de protección de los derechos humanos y la promoción del diálogo, estableciendo instrumentos y protocolos para orientar las etapas de la conflictividad social, la mediación y el seguimiento a los acuerdos suscritos entre las partes en conflicto, con perspectiva de derechos humanos, enfoque diferencial y territorial.