Paipa (Boyacá), 5 de abril de 2024 (@DefensoriaCol) El feminicidio fue el tema de la conferencia que abrió la segunda jornada del Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores Públicos en Paipa (Boyacá) y contó con la participación de reconocidos juristas a nivel nacional.

 El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Diego Eugenio Corredor Beltrán, quien moderó el debate, inició su postura sobre el tema afirmando que, “las mujeres son víctimas de todo tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. Este flagelo que agobia a la humanidad debe ser erradicado”.

A lo que agregó que el enfoque de género es un mandato constitucional y “a fin de determinar desde lo probatorio si se está o no frente a un delito de feminicidio, es necesario analizar y valorar los elementos contextuales que gravitan y se debe tener en cuenta los múltiples factores de la causa de la muerte”.

Al respecto, la magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa Viterbo, Gloria Inés Linares, aseguró que en el caso de Boyacá, el departamento tiene arraigada esta problemática cultural. “No ha sido fácil porque las mujeres se resisten a avanzar con los procesos y cualquier tipo de retractación complica las decisiones por la misma actitud de la víctima”.

Sobre el caso específico del departamento, el magistrado del Tribunal Superior de Tunja, Simón Martínez, destacó que se trata de una zona caracterizada por un alto nivel de conflictividad. Subrayó además que los defensores públicos se enfrentan a numerosos desafíos en su labor, enfatizando la importancia de abordarlos desde una perspectiva de género y con pleno entendimiento de que el sistema judicial no admite ningún tipo de discriminación.

Por último, Paola Alejandra Castaño Rivera, representante de la Fiscalía General de la Nación, subrayó la importancia de integrar el enfoque de género de manera central en los procesos judiciales. En este sentido, enfatizó que la primera hipótesis a considerar debería ser la del delito de feminicidio. Asimismo, señaló el compromiso de la Fiscalía en trabajar diligentemente para asegurar que el enfoque de género esté presente desde los primeros pasos del proceso judicial.