La Defensoría realizó una investigación sobre la problemática que se ha venido presentando en el departamento del Atlántico, relacionada con la adjudicación de subsidios para viviendas de interés social y la aplicación de las normas sobre sismo resistencia en los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, Suan y el Distrito de Barranquilla.

Se encontró que en 13 municipios del departamento se adelantaron 34 proyectos de vivienda de interés social, para los cuales se asignaron 6.183 subsidios por un valor cercano a los 40 mil millones de pesos (Exactamente $39.625.397.248). Estos recursos fueron desembolsados por el Gobierno nacional a través del antiguo Inurbe en el período 1999 – 2002, con el propósito de contribuir a que las familias de bajos ingresos adquirieran una vivienda propia en condiciones dignas.

Las deficiencias que presentan los distintos proyectos de vivienda de interés social, incumplen las mínimas normas sobre sismo resistencia y en consecuencia ponen en riesgos los derechos fundamentales de las personas que las ocupan, como el derecho humano a la vida, a la salud, al goce de un ambiente sano y, en general, el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado a los habitantes de los municipios en estudio; por tanto, se traduce en violación de los preceptos constitucionales y legales que consagran estos derechos. 

Las autoridades territoriales y los oferentes de los distintos proyectos de vivienda de interés social, están incumpliendo el deber constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en el sentido de velar porque se garantice el derecho a una vivienda en condiciones dignas y adecuadas a los habitantes del departamento del Atlántico y, en particular, a los beneficiarios de los proyectos adelantados en los 13 municipios del departamento.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez Ortiz, insta a las autoridades competentes de los municipios en mención, a adelantar las acciones pertinentes para asegurar el goce efectivo del derecho a una vivienda digna a las múltiples familias que resultan afectadas por esta amenaza de vulneración.