• Entre el 16 de enero y el 30 de septiembre del 2025, más de 86.000 personas han sido afectadas por la crisis humanitaria en la subregión; el 95% de ellas ha sido desplazada o confinada forzosamente.
• La crisis humanitaria impacta de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes. Son 299 personas las que han declarado sobre hechos de violencia sexual, y han sido documentados 36 casos de reclutamiento forzado que involucran a 64 menores de edad.
• Urge el fortalecimiento de una respuesta integral, sostenible y articulada, con enfoque de derechos humanos, territorial y diferencial, que mitigue y elimine los factores de riesgo.

Bogotá, 12 de noviembre de 2025 (@DefensoriaCol). Diez meses después del inicio de la crisis humanitaria en el Catatumbo, la más compleja que ha vivido Colombia en las últimas tres décadas, la situación en esa subregión sigue siendo crítica a causa de los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc.

Entre el 16 de enero y el 30 de septiembre del 2025, la Defensoría del Pueblo verificó que más de 86.000 personas han resultado afectadas; de ellas, el 95% ha debido desplazarse o permanece en confinamiento forzado. En las zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra, las comunidades enfrentan severas restricciones para acceder a servicios básicos en salud, educación y alimentación.

La situación se agrava por la utilización de minas antipersonal y drones con explosivos, con 30 incidentes registrados que han impactado directamente a la población civil, principalmente en Tibú, El Tarra y Hacarí, de acuerdo con el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Adicionalmente, la Unidad para las Víctimas ha recibido 42 declaraciones asociadas a estos hechos.

“El Catatumbo afronta una emergencia que exige una respuesta integral, sostenida y con enfoque diferencial. No basta con atender la urgencia: superar los retos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, avanzar hacia soluciones duraderas y proteger a las personas firmantes del Acuerdo de Paz son condiciones necesarias para recuperar el territorio, reconstruir la confianza y garantizar la presencia efectiva del Estado”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante su intervención en la audiencia pública convocada en el marco del Auto 1666 de 2025 y realizada en la Corte Constitucional.

Nuevos factores de riesgo

La Defensoría advierte sobre la configuración de nuevos escenarios de riesgo en la subregión, derivados de la posible presencia de grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), principalmente en el sur del Cesar. Esta situación motivó la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025, con la cual la entidad de derechos humanos insta al Ministerio del Interior, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a implementar con urgencia las 20 recomendaciones formuladas.

La situación en Tibú ha llegado a un punto crítico, es por ello que también fue emitida la ATI 017 de 2025. Estos territorios están en riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), debido a la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las extintas Farc.

Es preciso decir que la Defensoría había anticipado la magnitud de esta crisis en la Alerta Temprana 026 de 2024, pues advirtió el riesgo de ruptura del cese al fuego con el ELN y la expansión del Frente 33, escenarios que hoy se han materializado.

“El pueblo indígena Barí enfrenta una situación crítica de confinamiento prolongado, despojo territorial, presencia de grupos armados en sus resguardos y expansión de cultivos de uso ilícito. La afectación es profunda: se rompe el tejido comunitario, se limita la movilidad y se amenaza su pervivencia”, manifestó la Defensora del Pueblo.

La Defensoría también ha documentado graves afectaciones a la población firmante del Acuerdo Final de Paz, que continúa siendo objeto de estigmatización y de un clima de temor generalizado. En el Catatumbo se registran 6 homicidios, 6 desapariciones forzadas, 27 casos de confinamiento, 115 restricciones de movilidad o comunicación y 155 desplazamientos forzados, según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Afectaciones diferenciadas a mujeres, niñas y adolescentes

La crisis humanitaria tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres, las niñas y los adolescentes del Catatumbo. Entre enero y septiembre de 2025, 299 personas declararon hechos de violencia sexual, y se reportaron 36 casos de reclutamiento forzado, que involucraron a 64 menores de edad, siendo Tibú el municipio con mayor número de casos, según la Unidad para las Víctimas.

La Defensora del Pueblo señaló que la violencia basada en género se intensifica en contextos de conflicto armado, donde la ausencia institucional y la impunidad profundizan las vulneraciones y perpetúan el miedo.

Aun cuando se reconocen esfuerzos institucionales, la respuesta humanitaria y la coordinación interinstitucional siguen siendo limitadas. La desarticulación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) ha afectado la eficacia del Estado en la atención oportuna y sostenible de las comunidades más afectadas.

Recomendaciones para una respuesta integral y sostenible

Se hacen necesarias acciones con un enfoque de derechos humanos, territorial y diferencial, a fin de que mitiguen y eliminen los factores de riesgo que hoy afectan al Catatumbo.

El Estado debe poner en marcha una estrategia de retorno y reubicación con garantías de derechos y enfoque diferencial, así como una Ruta de Transición y Estabilización incorporada en los Planes de Acción Territorial, que permita pasar de la atención humanitaria inmediata a la integración y estabilización local. Asimismo, asegurar la continuidad de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), ajustándolos a las condiciones reales de seguridad y gobernabilidad en los territorios.

En cuanto a la población firmante del Acuerdo de Paz de 2016, la Defensoría recomienda prevenir la estigmatización, acelerar la ejecución de proyectos productivos colectivos y garantizar asistencia técnica especializada, especialmente durante el traslado del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caño Indio a Oripaya, asegurando la protección de quienes decidan permanecer en el territorio.

“Es indispensable el liderazgo decidido del Gobierno nacional, el control territorial efectivo por parte de la fuerza pública y la articulación entre instituciones. Se requiere una intervención integral coherente con el Pacto Catatumbo, que combine seguridad, justicia social y construcción de paz. Cuando el Estado llega tarde, la violencia ya ha tomado decisiones por él. Aún estamos a tiempo”, remarcó y concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.