Bogotá, 18 de diciembre de 2025 (@DefensoriaCol). En el Día Internacional de las Personas Migrantes, la Defensoría del Pueblo reitera que migrar es un derecho humano fundamental, tal como lo establece el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Materializar su cumplimiento implica garantizar la protección, el respeto y la promoción de los derechos de quienes atraviesan procesos migratorios, enfrentando vulnerabilidades y riesgos múltiples durante su desplazamiento.

En la última década, Colombia, por su ubicación geográfica y dinámicas socioeconómicas, ha pasado a ser un país de ingreso, tránsito, acogida y retorno de personas migrantes. Es por ello que, para el caso de los movimientos migratorios mixtos, los cuales incluyen personas migrantes, refugiadas y quienes requieren protección internacional, son demandadas respuestas integrales y coordinadas del Estado, a través de su política exterior, con el propósito de protegerles integralmente.

Connacionales bajo medidas migratorias

Las recientes órdenes ejecutivas en Estados Unidos han aumentado el flujo de deportaciones hacia Colombia, muchas de estas personas habían salido del país debido al conflicto armado interno. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo ha hecho presencia permanente en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, brindándoles atención, orientación en derechos y recepción de quejas. Y es que hasta noviembre pasado, registró 5.099 deportadas y deportados (1.178 mujeres, 3.722 hombres y 199 niñas, niños, adolescentes y jóvenes) en 48 vuelos.

Las denuncias más recurrentes son violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, falta de condiciones para aseo personal, alimentación insuficiente, dificultades de acceso a salud, despojo de pertenencias y prácticas discriminatorias y xenofóbicas.

En respuesta, la Defensoría diseñó el Protocolo de Atención y Acompañamiento para connacionales deportados de Estados Unidos, asegurando una recepción digna y adecuada bajo un enfoque humanitario y de derechos. También les ha recomendado a entidades del Gobierno nacional y autoridades territoriales fortalecer la oferta institucional, a fin de que sea garantizado su acceso efectivo a servicios de salud, a oportunidades de empleo, a orientación jurídica y atención psicosocial.

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Migrantes transcontinentales y flujos inversos

Entre 2023 y 2024, más de 3.000 personas cruzaban diariamente en dirección sur-norte. Sin embargo, en el último año, las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos han invertido este flujo, registrándose un retorno de migrantes desde Centroamérica y Norteamérica hacia Colombia, lo que representa una reducción superior al 95% en comparación con años anteriores.

En 2025, las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos modificaron el flujo sur-norte, generando retornos desde Centroamérica y Norteamérica hacia Colombia. Entre enero y noviembre del 2025, ingresaron 19.743 personas en flujo inverso, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Las personas entrevistadas reportaron vulneraciones sistemáticas como robos, extorsiones, violencia basada en género, detenciones arbitrarias y explotación por redes criminales, y, en algunos casos, denunciaron que fueron cometidas por autoridades estatales.

Para responder a estas dinámicas, la Defensoría del Pueblo recomienda fortalecer la coordinación tripartita con Panamá y Costa Rica, avanzando en la formulación y puesta en marcha de un plan de trabajo conjunto que permita establecer rutas seguras, coordinar acciones de protección y ofrecer una respuesta oportuna.

De igual forma, reforzar la presencia institucional en fronteras y formalizar la no cancelación del Permiso por Protección Personal (PPT) para personas venezolanas retornadas por fuerza mayor, con el fin de brindar seguridad jurídica y facilitar su proceso de regularización en el país.

Población migrante y refugiada proveniente de Venezuela

Colombia es el país con mayor presencia de población migrante venezolana, con más de 2.810.358 personas registradas. Según Migración Colombia, han sido autorizados 2.133.071 PPT para ciudadanas y ciudadanos del país vecino, de los cuales 1.979.453 fueron entregados.

Esta población enfrenta barreras para acceder a documentación, servicios de salud, empleo, y se expone a explotación laboral, violencia, discriminación y xenofobia. Frente a esto, es clave fortalecer la protección laboral, garantizar la plena implementación de la Ley 2466 de 2025, promover la integración socioeconómica y asegurar el acceso efectivo a la justicia, incluyendo atención integral para víctimas de violencia basada en género mediante mecanismos de denuncia seguros, atención integral y acompañamiento psicosocial.

Migración y movilidad forzada por factores ambientales

Entre 2021 y 2024, 9.921 personas migrantes venezolanas se movilizaron en Colombia en el contexto de cambio climático y desastres, según datos de Migración Colombia. Frente a este fenómeno, la Defensoría recomienda integrar la migración en contextos ambientales en la política exterior del Estado, promover acuerdos regionales de prevención y establecer mecanismos de protección con enfoque en derechos humanos.

Igualmente, la Comisión Nacional Intersectorial de Migración y la Comisión Intersectorial para el Retorno debe coordinar estudios y programas específicos de asistencia consular, salud y reinserción laboral para personas retornadas por desastres, especialmente en materia de asistencia consular, ayuda humanitaria, atención en salud psicológica y reinserción laboral.

La Defensoría del Pueblo enfatiza sobre la necesidad de que las políticas migratorias se diseñen con un enfoque de derechos humanos y se adapten a las dinámicas actuales, garantizando soluciones más humanas, inclusivas y sostenibles.

Como entidad nacional de los derechos humanos, la Defensoría deja claro su compromiso con el seguimiento y fortalecimiento de la gobernanza migratoria, promoviendo acciones que respondan de manera adecuada a las necesidades de la población migrante y las comunidades de acogida. Y hace un llamado a la comunidad internacional: es preciso observar los postulados del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular bajo los principios de soberanía, responsabilidad compartida y mutualidad, priorizando siempre la dignidad humana de cada persona migrante.