Detalles sobre el modelo de gestión de la defensa colombiana, el mapa judicial, el sistema de capacitación, el sistema de apoyos especiales y la unidad de investigación criminal para la defensa, serán conocidos por los funcionarios chilenos.

Igualmente, la delegación austral se entrevistará con funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Visitarán la regional Antioquia, donde operan dos distritos judiciales; los distritos judiciales del eje cafetero Quindío, Risaralda y Armenia, y el distrito judicial de Santander.

La Defensoría de Colombia mostrará también a los visitantes chilenos, el Plan Nacional de Capacitación, el programa piloto de apoyo judicial, el programa de apelaciones, el modelo de gestión, la barras de abogados y la unidad de investigación criminal para la defensa. Conocerán la realidad de nuestro sistema acusatorio y las figuras jurídicas con los roles de los intervinientes.

La Defensoría Penal Pública chilena

La Defensoría Penal Pública es un servicio dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República de Chile a través del Ministerio de Justicia.

Esta institución fue creada en el año 2001, bajo el marco del nuevo Sistema de Justicia Criminal Adversarial, para proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a defensa por un letrado y el debido proceso en el juicio penal. 

La prestación de los servicios se hace a través de abogados que forman parte de la institución y de abogados privados, contratados a través de licitaciones. La Defensoría realiza sus acciones bajo el lema “Sin defensa, no hay justicia”. Esta frase grafica los afanes de la Defensoría Penal Pública en su conjunto;-incluyendo a quienes se han sumado al trabajo desde el ámbito privado- y permea al conjunto de los actos cotidianos de quienes trabajan en ella. 

La Defensoría se esfuerza en todas las instancias para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal: Que todo imputado sea tratado como inocente; que esté garantizado el juicio previo; que éste cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan; y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa. 

La Defensoría Penal Pública atiende en todo Chile, con una dotación cercana a las 600 personas, de las cuales 145 son defensores (abogados profesionales que prestan asistencia a los usuarios directos). Además, mantiene contrato con unos 300 abogados privados, a través de licitaciones públicas, para el desarrollo de su misión. La institución funciona en alrededor de 100 inmuebles en todo el país.

La misión de la Defensoría Penal Pública es “proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados.”