En el resguardo Fuga Fanax, en San José del Guaviare, más de 70 mujeres del pueblo Jiw, provenientes de distintos resguardos y asentamientos del Guaviare y del sur del Meta, se reunieron durante tres días en la Segunda Gran Juntanza de Mujeres Jiw, un espacio de diálogo esencial para avanzar en el fortalecimiento organizativo, la participación efectiva de las mujeres en sus sistemas de gobierno propio y la construcción de estrategias frente a las múltiples violencias que enfrentan.

La juntanza, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre, permitió que las mujeres expusieran las realidades que viven en sus territorios: confinamientos, restricciones de movilidad, violencia de género, explotación sexual, hostigamientos contra lideresas por parte de las autoridades indígenas y vulneraciones graves de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde sus voces y experiencias, se generaron reflexiones sobre cómo estas problemáticas afectan la vida comunitaria y los planes de vida del pueblo Jiw.

Durante los círculos de palabra, recordaron la importancia de su papel histórico como sabedoras, parteras, cuidadoras y transmisoras de la cultura. Reconocieron que su resistencia ha permitido que el pueblo Jiw siga en pie, pese a estar declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.

 

La fuerza de la organización Jamino

Uno de los principales logros destacados fue la consolidación y fortalecimiento de la organización Jamino, término que en la Ley de Origen del pueblo Jiw se refiere a la primera mujer que existió. Nacida de la autogestión de cinco lideresas, hoy agrupa a más de cien mujeres de diez resguardos y dos asentamientos, consolidándose como un espacio clave de articulación.

Según su presidenta, Yuliana Cuéllar, “es la primera vez que podemos levantar la voz y decir: estamos aquí. Somos seres humanos, también tenemos derechos, y exigimos que estos sean garantizados. Las mujeres somos raíz, somos la conexión con la madre tierra, somos sabedoras y cuidadoras de nuestros hijos y del territorio. Una mujer sin territorio es como estar en el aire, sin firmeza ni futuro”.

La vicepresidenta, Yhajaira González, añadió: “a pesar de todas las violencias que sufrimos, —desde no tener agua potable hasta no contar con vivienda digna o proyectos productivos— seguimos organizándonos para exigir respeto y reconocimiento. Las instituciones deben velar porque las órdenes judiciales no se queden en el papel, sino que prioricen a las mujeres y a la niñez”.

 

Riesgos y solicitudes urgentes

Las mujeres Jiw denunciaron hechos que ponen en riesgo sus vidas y las de sus comunidades: asesinatos en resguardos y zonas urbanas, reclutamiento forzado de menores, explotación sexual y desplazamientos internos. También señalaron que persisten formas de discriminación hacia las mujeres dentro de las propias autoridades indígenas, lo que limita su participación efectiva en decisiones colectivas y acceso a derechos.

Entre las solicitudes expresadas se encuentran:

• La construcción de casas refugio para mujeres víctimas de violencia.
• Garantías de acceso a agua potable, salud, educación y proyectos productivos propios, especialmente en artesanías.
• Compromisos de las autoridades de los resguardos y asentamientos Jiw para destinar recursos a programas de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.
• Acompañamiento institucional para definir una ruta de acceso a la justicia propia con enfoque de género.

En sus testimonios insistieron en que, pese a múltiples órdenes judiciales, aún no existen garantías mínimas de acceso a servicios básicos ni rutas efectivas de justicia para mujeres y niñez. “Nosotras sufrimos todo tipo de violencias y no tenemos acceso a un trabajo que permita generar una economía propia. Hacemos artesanías, tenemos proyectos formulados, pero hace falta financiación y acompañamiento efectivo por parte de las instituciones del Estado”, reiteró González.

 

Una agenda común por la garantía de derechos de las mujeres Jiw

El encuentro, desarrollado entre círculos de palabra, asambleas y actividades comunitarias, permitió construir una agenda común para fortalecer la participación de las mujeres Jiw. Además, aprobaron propuestas concretas: exigir a cada autoridad de resguardo la destinación de recursos para fortalecer sus liderazgos y solicitar al Estado un trabajo articulado con las autoridades indígenas para construir una ruta de justicia propia que atienda integralmente a las mujeres de las comunidades.

La Defensoría del Pueblo acompaña desde hace tres años el proceso de fortalecimiento de la organización Jamino y reiteró su llamado a todas las entidades del Estado a cumplir con las medidas urgentes en favor del pueblo Jiw, especialmente aquellas orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, la niñez y la preservación cultural.

Asimismo, reiteró que las medidas ordenadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos 004 de 2009, 173 de 2012 y 265 de 2019 deben cumplirse de manera inmediata, asegurando que la voz de las mujeres sea escuchada y que sus derechos sean garantizados sin dilaciones.

La Defensoría reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos étnicos, como parte esencial en el camino hacia una sociedad con igualdad y justicia étnico-racial.

Este espacio también contó con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia.

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