• Cada año son asesinadas cerca 1.000 mujeres en el país; es decir, una cada ocho horas. A ello se suma, también a nivel nacional, el reporte de un promedio anual de 139 asesinatos de personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, una de las cifras más altas de la región.
• La marcada brecha entre denuncia y sanción da cuenta de un sistema que no responde con la celeridad y la contundencia requeridas: más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres no recibe condena, y el 91,4% de los delitos sexuales permanece en etapa de indagación.
• Es por ello que las Unidades Especializadas para el Litigio contemplan una ruta de coordinación con entidades del sector justicia, comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, autoridades locales y organizaciones sociales del movimiento de mujeres y de los sectores LGBTIQ.

Barranquilla (Atlántico), 25 de noviembre de 2025 (@DefensoriaCol). En el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Defensoría del Pueblo hizo el lanzamiento de las Unidades Especializadas para el Litigio de las Violencias de Género, una respuesta institucional urgente ante el aumento de las violencias extremas que padecen las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH).

Este esfuerzo hace parte de la Estrategia de Género para la Defensa Pública, que inicia operaciones prioritarias en los departamentos de Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca, también en Bogotá, como medida de fortalecimiento del acceso a la justicia para quienes enfrentan violencias basadas en género.

El objetivo primordial de la Defensoría es consolidar un servicio que incorpore de manera efectiva el enfoque de género, ofreciendo representación especializada, oportuna, respetuosa y humanizada, y la efectividad de esta estrategia depende de la articulación territorial.

“Necesitamos una respuesta estatal unificada y diligente y un diálogo permanente con la sociedad civil, con los movimientos de mujeres, con las organizaciones LGBTI y las veedurías ciudadanas, que permita hacer seguimiento, exigir cumplimiento y construir confianza”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la inauguración de la Unidad Especializada para el Litigio de las Violencias de Género de Atlántico.

La Unidad de Atlántico, conformada por personal altamente capacitado, está orientada a mitigar riesgos, gestionar medidas de protección y brindar una representación rigurosa en los procesos judiciales. Asumirá casos de feminicidio, violencia contra las mujeres (Ley 1257 de 2008), violencia sexual, trata de personas y, por primera vez, violencia por prejuicio basada en orientación sexual o identidad de género no hegemónica.

Una crisis que exige respuestas especializadas

En Colombia, las violencias de género constituyen una emergencia nacional, pues cada año se registran cerca de 1.000 mujeres asesinadas; es decir, una cada ocho horas. Y el país reporta, como dato que debe llamar la atención de la institucionalidad en su conjunto, un promedio anual de 139 asesinatos de personas OSIGNH, una de las cifras más altas de la región.

A estos crímenes se suma la persistencia de la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas y las desapariciones, fenómenos que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, adolescentes y población OSIGNH, de manera preocupante, en territorios con débil presencia estatal.

La impunidad agrava esta crisis: más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres no recibe condena, mientras que el 91,4% de los delitos sexuales permanece en etapa de indagación. Esta brecha entre denuncia y sanción evidencia un sistema que no responde con la celeridad y la contundencia necesarias.

Articulación institucional para enfrentar las violencias extremas

La estrategia, que cuenta con una ruta de coordinación con entidades del sector justicia, comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, autoridades locales y organizaciones sociales del movimiento de mujeres y de los sectores LGBTIQ, está basada en:

1. La mejora de las capacidades de defensa técnica con enfoque de género, clave para la judicialización de delitos sexuales, feminicidios y violencias por prejuicio.
2. El fortalecimiento de las rutas de atención, de la emisión de medidas de protección y de las órdenes de captura.
3. El posicionamiento en las decisiones judiciales de los argumentos jurídicos que permitan comprender el contexto de discriminación y patrones de violencia estructural de las violencias basadas en género, para que haya un acceso real y efectivo a la administración de justicia.

“Con la implementación de las unidades de género, nos comprometemos a cumplir la promesa de una representación especializada y propender por el acceso a la justicia.  No es el punto de llegada, sino un punto de partida en el que hacemos un llamado a que el Estado, las organizaciones sociales y la sociedad en general trabajemos juntos para que ninguna mujer y ninguna persona OSIGNH tenga que elegir entre denunciar y ponerse en riesgo, entre callar y seguir viviendo violencia”, remarcó la Defensora del Pueblo. (Ver declaraciones de la Defensora del Pueblo)