• La afirmación la hizo Iris Marín Ortiz en la primera sesión de la Mesa de Alto Nivel por los Derechos de las Personas Transgénero, en la que sus representantes manifestaron preocupaciones en torno a problemáticas persistentes en seguridad, atención en salud, educación, empleo formal, entre otras, en el país.
• Algunos de los compromisos adquiridos abarcan áreas fundamentales como salud transafirmativa y salud mental, acceso a la justicia y fortalecimiento de investigaciones por violencia de género, derecho a la identidad mediante la eliminación de barreras en el cambio de nombre y sexo en documentos y protección de personas trans privadas de la libertad.

Bogotá, 19 de febrero de 2026 (@DefensoriaCol). La Mesa de Alto Nivel para los Derechos de las Personas Transgénero sesionó por primera vez como respuesta a un pedido directo de organizaciones sociales y liderazgos trans de distintas regiones del país. El propósito, generar un espacio de diálogo directo con entidades del Estado sobre las problemáticas que enfrenta esta población.

En su intervención, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, les manifestó el apoyo de la entidad nacional de derechos humanos: “Quiero reiterarles que existe una directriz clara de priorizar la protección, el acompañamiento y la garantía del ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ+. Esta es una lucha que también es nuestra: erradicar la discriminación y la violencia”.

Colectivos trans presentaron una obra de teatro en la que evidenciaron sus miedos y sus reclamos al Estado. Y lo hicieron con un mensaje claro para funcionarias y funcionarios estatales: «Todo lo que ustedes dejan de hacer nos cuesta vidas».

“Quiero que sepan que no tengo un milímetro de falta de convicción. Quiero que sepan que tenemos la obligación prioritaria de defender a las personas trans y que vamos a seguir trabajando para mejorar cada día para que sus derechos sean una realidad y no tengan que vivir todo esto que representaron de una manera tan dura, tan dolorosa y confrontativa”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En el espacio, llevado a cabo en Bogotá, participaron representantes de organizaciones sociales y lideresas y activistas provenientes de Amazonas, Meta, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Magdalena, Antioquia, Cauca, Guainía, Guaviare, Putumayo y Bogotá.

 

 

Preocupaciones principales

Estos liderazgos transgénero manifestaron que la situación de derechos humanos de sus comunidades en Colombia continúa marcada por escenarios de exclusión estructural, violencias persistentes y barreras institucionales.

Dos de los puntos más críticos abordados fue el aumento de las violencias extremas contra mujeres trans y la percepción de falta de esclarecimiento efectivo de los hechos en el acceso a la justicia.

Expusieron la necesidad de que sea fortalecida la investigación penal y mejorados los protocolos diferenciales por las entidades encargadas de la investigación forense y judicial, de modo que los casos no sean tratados de manera aislada ni descontextualizada.

En materia de seguridad, expusieron situaciones de riesgo, amenazas y desplazamientos, indicando dificultades para acceder de manera oportuna a medidas de protección adecuadas. También se quejaron por la ausencia de rutas claras de atención urgente y subrayaron la necesidad de una articulación interinstitucional para responder a situaciones críticas.

Además, hablaron sobre las barreras que enfrentan en el acceso a atención integral en salud, especialmente en tratamientos hormonales, salud mental y servicios especializados. Indicaron demoras, falta de conocimiento del personal médico y ausencia de formación en las instituciones prestadoras de servicios.

Señalaron, asimismo, dificultades de las personas trans privadas de la libertad para acceder a tratamientos médicos, condiciones de reclusión no acordes con la identidad de género, limitaciones en programas de resocialización y situaciones de violencia institucional. También mencionaron problemas en alimentación, atención psicosocial y caracterización adecuada de la población.

En materia de identidad jurídica, expusieron obstáculos en los trámites de cambio de nombre y componente del sexo en documentos oficiales, falta de información sobre gratuidad, barreras administrativas y prácticas institucionales que terminan revictimizando a las personas trans.

Las organizaciones también evidenciaron problemas en acceso a educación y empleo, señalando una exclusión sistemática del mercado laboral formal, discriminación en entornos educativos y ausencia de estrategias efectivas de inclusión económica.

Igualmente, manifestaron su preocupación por el subregistro de la violencia contra personas trans y la falta de datos oficiales desagregados, lo cual dificulta el diseño de políticas públicas y la implementación de medidas de prevención adecuadas.

Las organizaciones insistieron en la necesidad de que las entidades armonicen metodologías de registro y análisis de información para reflejar la dimensión real de la problemática. Y es que, en 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió un agravamiento de las violencias extremas contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, y atendió en sus 42 regionales un total de 646 casos por violencias por prejuicio, 30 % más que en 2024.

Compromisos adquiridos

Tras culminar la sesión, que se extendió a dos días, de escucha activa y diálogo entre la sociedad civil y la institucionalidad, fueron alcanzados compromisos concretos.

Los compromisos abarcan áreas fundamentales como salud transafirmativa y salud mental, acceso a la justicia y fortalecimiento de investigaciones por violencia de género, derecho a la identidad mediante la eliminación de barreras en el cambio de nombre y sexo en documentos, protección de personas trans privadas de la libertad, educación superior con cupos diferenciados, formación obligatoria en enfoque de género para las Fuerzas Militares y la Policía.

Adicionalmente, medidas de protección y seguridad frente al aumento de la violencia por prejuicio, que incluye la solicitud de un consejo de seguridad nacional, solicitado por el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a Presidencia. Los plazos de ejecución van desde acciones inmediatas hasta compromisos de mediano plazo. El próximo 17 de mayo habrá una segunda Mesa de Alto Nivel para los Derechos de las Personas Transgénero.

“Reconocemos el rol que tiene nuestra institución en la estructura del Estado; por eso, vamos a acompañarlas y a hacerles seguimiento a los compromisos asumidos por las entidades, que son las responsables de garantizar los derechos y ejecutar las políticas públicas”, puntualizó la Defensora del Pueblo.

En la sesión participaron el Departamento Nacional de Planeación, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Ministerios de Igualdad y Equidad, del Interior, de Justicia y de Educación. También, la Policía Nacional, las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otros entes.