Las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo – Regional Magdalena – sobre amenazas al derecho a la salud o vulneraciones al mismo en el Distrito de Santa Marta, aumentaron luego del cierre del Hospital Central, entre otras razones, por falta de un plan de contingencia adecuado para atender la demanda de los usuarios que quedaron desprotegidos, la negación de los servicios de segundo y tercer nivel de atención y el escaso número de instituciones prestadoras de salud, situaciones que tienen a la ciudad de Santa Marta en una grave crisis.
Por lo anterior, el Programa de Salud adscrito a la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo junto con la Regional Magdalena, examinó los casos desde la perspectiva del derecho a la salud y a la seguridad social de la población samaria.
