• La Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura analizaron cómo asegurar una justicia efectiva, oportuna y sin discriminación en el sistema penitenciario y carcelario, y advirtieron que la crisis carcelaria exige respuestas integrales. 

En el marco del Encuentro interinstitucional sobre el acceso a la justicia en el sistema penitenciario y carcelario, desarrollado junto al Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, advirtió que, el acceso a la administración de justicia debe garantizarse de manera efectiva, oportuna y sin discriminación a todas las personas privadas de la libertad. 

Durante la jornada orientada a fortalecer la articulación entre las instituciones responsables de la administración de justicia y la ejecución de las penas, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que el acceso a la justicia no se limita a la posibilidad formal de presentar solicitudes o recursos, también exige que estos sean recibidos, tramitados y resueltos oportunamente, mediante decisiones de fondo, debidamente motivadas y ajustadas al ordenamiento jurídico.  

En este sentido, destacó la importancia de garantizar una defensa técnica eficaz, información clara sobre la situación jurídica de cada persona y respuestas dentro de plazos razonables. 

La Defensoría recordó que, aunque la Corte Constitucional declaró el primer Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario mediante la Sentencia T-153 de 1998, la crisis ya no puede analizarse únicamente desde el hacinamiento o la insuficiencia de infraestructura. Su superación requiere, como lo advirtieron las posteriores reiteraciones de la crisis carcelaria, una respuesta integral que incluya la garantía efectiva de los derechos fundamentales durante la ejecución de las penas. 

“En este contexto, el acceso a la justicia constituye un componente esencial de la resocialización, pues permite a las personas privadas de la libertad conocer y ejercer sus derechos y, cuando cumplen los requisitos legales, acceder a mecanismos sustitutivos, subrogados penales y demás instrumentos previstos en la legislación. Estas alternativas deben evaluarse conforme a las condiciones de cada caso y a los fines constitucionales de la pena”, agregó la Defensora.  

Asimismo, resaltó el papel de los jueces de ejecución de penas, cuya labor comprende velar por que las sanciones se cumplan dentro de los límites constitucionales y legales, así como resolver las solicitudes relacionadas con la ejecución de la condena. A su vez, insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de la defensa pública y mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y penitenciarias para evitar que las dificultades institucionales se conviertan en obstáculos para el ejercicio de los derechos. 

En criterio de la Defensoría, entre los asuntos prioritarios que requieren atención se encuentran las situaciones de personas con enfermedades incompatibles con la reclusión, frente a las cuales deben evaluarse sus condiciones particulares de salud y la posibilidad de garantizar una privación de la libertad compatible con la dignidad humana. 

De igual forma, es fundamental avanzar en la implementación de la Ley de Utilidad Pública y en la consolidación de una política criminal y penitenciaria con enfoque de género que reconozca las necesidades específicas de las mujeres privadas de la libertad y los impactos de la prisión en sus proyectos de vida y relaciones familiares. 

La Defensora del Pueblo reiteró que la privación de la libertad no elimina la titularidad de los derechos fundamentales y que el Estado tiene obligaciones reforzadas de protección y garantía frente a esta población. Por ello, hizo énfasis en la necesidad de traducir el reconocimiento formal de los derechos en respuestas institucionales concretas, oportunas y efectivas. 

Finalmente, destacó que la articulación con el Consejo Superior de la Judicatura se convierte en una oportunidad para avanzar en soluciones conjuntas que fortalezcan el acceso a la justicia, contribuyan a superar las barreras que enfrenta la población privada de la libertad y permitan que la ejecución de las penas se desarrolle con respeto por la dignidad humana y con garantías reales para la resocialización. 

• Registro fotográfico de la jornada (Deslice hacia abajo para ver las imágenes)