Los Diálogos Constitucionales "La Corte a la U", liderados por la Corte Constitucional con el apoyo de la Universidad de Manizales y la Defensoría del Pueblo, reunieron a organizaciones sociales, líderes y lideresas, docentes, estudiantes y funcionarios de la Rama Judicial para conversar sobre libertad de expresión y violencia digital.

En la inauguración en Manizales, Caldas, desde la Defensoría se recordó que la transformación digital no crea un espacio ajeno a la Constitución y que los derechos deben ser igualmente efectivos cuando las personas se comunican, participan o acuden a las instituciones a través de la tecnología. La entidad recordó, a partir de las Decisiones impostergables en materia de derechos humanos, que cerrar las brechas digitales y enfrentar la discriminación son tareas que van de la mano, porque la innovación debe ampliar las oportunidades sin profundizar las exclusiones existentes.

El lugar donde se vive condiciona el acceso a internet

Las cifras lo confirman. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2025 del DANE, el 73,9 % de los hogares colombianos tenía conexión a internet, pero la proporción era del 78,8 % en las cabeceras municipales y de apenas el 56,9 % en los centros poblados y el área rural dispersa. Esa diferencia de casi 22 puntos porcentuales indica que el lugar donde se vive todavía condiciona el acceso a servicios, información y espacios de participación.

Violencia digital contra mujeres y periodistas

La conexión es solo una parte de la tarea. También hacen falta condiciones para usar estas herramientas con seguridad y autonomía, sobre todo frente a la violencia digital contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas o no hegemónicas. Un estudio del Observatorio para la Equidad de las Mujeres y el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), con 470 mujeres empresarias y trabajadoras de Bogotá, Cali y Medellín, encontró que al menos el 53 % había vivido alguna forma de violencia de género en entornos digitales. No representa a todas las mujeres del país, pero es una señal de alerta.

Las agresiones también pueden salir de las pantallas. En una encuesta mundial de la UNESCO y el Centro Internacional de Periodistas de 2020, el 73 % de las mujeres periodistas participantes reportó violencia en línea relacionada con su trabajo y el 20 % señaló ataques o abusos fuera de internet por ejercer su profesión. A esto se suma la inteligencia artificial, que permite fabricar imágenes y videos sexualizados. Aunque el contenido sea falso, el daño a la intimidad, la dignidad y la reputación es real.

Criterios de la Corte y propuestas de la Defensoría

La Defensoría recordó además que la Corte Constitucional ya ha trazado criterios para estos escenarios. En la Sentencia T-275 de 2021 explicó que las denuncias públicas de violencia de género, conocidas como escraches, son en principio un ejercicio legítimo de la libertad de expresión con protección reforzada, y en la T-241 de 2023 abordó el valor del anonimato en esas denuncias, una protección que exige responsabilidad con la información divulgada. Frente a la tecnología, la T-323 de 2024 fijó criterios para el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia y la T-067 de 2025 desarrolló el alcance de la transparencia algorítmica y el acceso a la información pública.

Para hacer efectivas estas garantías, la Defensoría propuso que las autoridades, la academia, las organizaciones sociales y las empresas que administran los espacios digitales trabajen juntas para fortalecer las capacidades de las personas, ofrecer rutas de denuncia accesibles que no expongan de nuevo a las víctimas y establecer reglas con enfoque de derechos que fijen deberes de diligencia y transparencia, sin que la lucha contra la violencia o la desinformación se convierta en una excusa para censurar.

Panel y taller con víctimas, liderazgos y estudiantes

La entidad también participó en el primer panel del evento, “Libertad de expresión y violencia digital en razón del género”, en el cual habló de cómo la violencia en línea no afecta a todas las personas de la misma manera. Las mujeres reciben ataques dirigidos a su cuerpo, su vida privada y su credibilidad, pensados menos para discutir lo que dicen que para sacarlas de la conversación. En la política esto se ve con más fuerza. Quienes ejercen un liderazgo o aspiran a un cargo quedan expuestas al hostigamiento constante y muchas terminan retirándose y dejando de participar. Cuando una mujer se va, pierde ella y pierde la sociedad, que se queda sin sus aportes en el debate público.

Después, la Defensoría realizó, junto con la Corte Constitucional y la Universidad de Manizales, un taller práctico con víctimas del conflicto armado, lideresas y líderes, integrantes de asociaciones de pescadores artesanales, personeras y personeros estudiantiles, representantes de consejos de juventud, estudiantes universitarios y población indígena. El propósito fue descubrir algunas reglas de la Corte sobre libertad de expresión y violencia digital basada en género, y acercar su jurisprudencia a estudiantes y liderazgos.

El taller partió de un caso hipotético en el que una periodista local publica una investigación sobre la contratación municipal y, a continuación, recibe críticas a su trabajo, ataques sexistas, amenazas, divulgación de datos de su familia y un video manipulado con inteligencia artificial. A partir de esta situación ficticia se descubrieron tres reglas de la Corte y se cerró con la presentación de la ruta de atención de la Defensoría para casos similares. Este ejercicio permitió reflexionar sobre los riesgos que representan las violencias digitales para la libertad de expresión y la participación de las mujeres en la vida pública.

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