• En Colombia hay más de 26.000 mujeres dedicadas a esta labor, pero el país todavía no tiene una base consolidada que les permita acceder a los derechos que les reconoce la ley.
• Durante 2025, del total de las personas que participaron en acciones de búsqueda en el territorio nacional, el 64 % fueron mujeres.
• La normativa colombiana las reconoce como constructoras de paz, defensoras de derechos humanos y sujetas de especial protección constitucional.

Bogotá, 23 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo les solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cumplir el plazo fijado para poner en marcha el Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB), el cual debe empezar a funcionar el 27 de noviembre de este año.

Es por ello que hoy, en el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría recuerda que el RUMB es la puerta de entrada a los derechos contemplados en la Ley 2364 de 2024, que las reconoce como constructoras de paz, defensoras de derechos humanos y sujetas de especial protección constitucional. Al no estar en el Registro, ese reconocimiento no se traduce en medidas concretas.

Actualmente, el RUMB está en fase de estructuración técnica, validación y diseño de herramientas por las dos entidades. La Defensoría y las personerías municipales serán las encargadas de tomar el registro para que estas mujeres sean ingresadas en el RUMB.

El Decreto 063 de 2026, que reglamenta la Ley 2364 de 2024, le dio a la Uariv diez meses para diseñarlo y ponerlo en operación, y un año para conectarlo con el Registro Único de Víctimas (RUV) y el Registro Nacional de Desaparecidos.

Las que buscan 

Con corte al pasado 30 de septiembre, en el país había 212.839 personas incluidas en el RUV por desaparición forzada en el desarrollo del conflicto armado. Quienes las buscan son, en su mayoría, mujeres. 

De acuerdo con la UBPD, en el país hay alrededor de 26.150 buscadoras. El 59 % son madres; el 14 %, esposas; el 13 %, hermanas; el 4 %, hijas, y el 10 %, otros. 

En 2025, de las 18.757 personas que participaron en acciones de búsqueda, 11.911 fueron mujeres; es decir, el 64 %. Igualmente, representan el 62,32 % de los participantes en los escenarios de consulta ciudadana para la política pública integral del Sistema Nacional de Búsqueda.

A julio del 2026, la Defensoría del Pueblo había tomado 14.860 declaraciones de víctimas del conflicto armado, 309 de ellas por desaparición forzada. Las mujeres declararon por este hecho casi tres veces más que los hombres: 182 frente a 62. Arauca (28), Magdalena Medio (24) y Santander (22) concentran el mayor número.

Lo que hacen

Las mujeres buscadoras intervienen en todas las fases del proceso: localización, prospección (exploración y análisis de un terreno), recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos. De la misma forma, acompañan a las misiones humanitarias en terreno, entregan testimonios, orientan esas labores en el territorio y aportan datos con los que son construidas hipótesis y planes regionales de búsqueda.

Además, realizan procesos de memoria, reconstruyen el tejido social y acompañan a víctimas de violencias basadas en género.

Inicio histórico de la búsqueda

Fabiola Lalinde, con su ‘operación sirirí’, comenzó la búsqueda de su hijo Luis Fernando el 4 de octubre de 1984, un día después de no saber nada de él. Su caso se convirtió en el primero de desaparición forzada en Colombia que obtuvo una decisión de fondo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El 16 de septiembre de 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió declarar la responsabilidad del Estado colombiano por la detención arbitraria y posterior desaparición del joven a manos de uniformados del Batallón de Infantería Ayacucho, del Ejército Nacional, en la vereda Verdún, jurisdicción de Jardín, Antioquia.

El tiempo apremia

Muchas buscadoras tienen más de 60 años y viven en condiciones humanitarias difíciles, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió medidas rápidas y específicas que las beneficien. Una de ellas, ser reconocido el relevo generacional: que sus hijas(os), nietas(os) y familiares asuman la búsqueda cuando no puedan continuar con esa labor.

La entidad, adicionalmente, reiteró que es fundamental contar con la participación efectiva de estas mujeres en la realización, revisión y puesta en marcha del RUMB.

Asimismo, solicitó que sean respetadas las cosmovisiones, las prácticas ancestrales y culturales, la sabiduría y las lenguas de las buscadoras indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom.

A Inravisión (anteriormente Sistema de Medios Públicos, RTVC), la Defensoría le pide que, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 2364 de 2024, diseñe e implemente, de manera participativa, campañas nacionales de sensibilización en radio, televisión y redes sociales que rindan homenaje a las mujeres buscadoras como constructoras de paz, guardianas de la memoria y la esperanza, y defensoras de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 

Estas campañas deberán estar coordinadas con el Sistema Nacional de Búsqueda, a través de su Comité Técnico de Prevención y No Repetición, con el apoyo técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Defensoría del Pueblo valora y acompaña a estas mujeres y a organizaciones como Madres por la Vida, Madres del Catatumbo, Madres de Cartago, entre otras, y les hará seguimiento a las entidades responsables para que la Ley 2364 de 2024 se cumpla en los plazos previstos.