• El autodenominado EGC ha desatado un aumento sostenido de acciones violentas, como amenazas, ataques sicariales y cobro de extorsiones, principalmente. 
• Está realizando una instrumentalización forzada de personas lideresas de juntas de acción comunal para realizar cobros extorsivos.
• Teniendo en cuenta el escenario de riesgo, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 024 de 2026.
• Es urgente proteger la vida e integridad de las y los pobladores con planes de respuestas rápidas y efectivas.

Bogotá, 19 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La presencia, expansión y consolidación hegemónica del autodenominado EGC, también conocido como Clan del Golfo, tienen en grave riesgo a la población de Magangué en sus zonas urbana y rural. Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 024 de 2026 para ese municipio del departamento de Bolívar. 

El escenario de amenaza se configura a través de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes (la cual está adscrita a la estructura Arístides Manuel Meza Páez), pues sus acciones han derivado en la vulneración de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). 

Magangué representa un punto logístico y geográfico estratégico en la depresión momposina, al conectar, a través de 84 kilómetros de recorrido navegable por el río Magdalena, el río Cauca y la Ruta 78, con subregiones como los Montes de María, el sur de Bolívar y La Mojana.

Esta ubicación facilita el tránsito de economías ilícitas y equipamiento militar entre el nororiente y el caribe colombiano. En la jurisdicción municipal, la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes articula y coordina acciones con otras subestructuras del EGC, como la Erlyn Pino Duarte (con influencia en los municipios de Achí y Pinillos), la Edwin José Sierra Regino (Isla de Mompox), la Manuel José Galán y la Sergio Antonio Carrascal Gómez.

Registro de violencia y gobernanza armada criminal

La presencia criminal del autodenominado EGC ha desatado un aumento sostenido en los índices de violencia. Entre abril y noviembre del 2025 se registraron 19 homicidios, mientras que en los primeros siete meses del 2026 hubo 23 asesinatos y 11 personas heridas en ataques sicariales. Las víctimas eran en su mayoría personas menores de 35 años. Asimismo, la extorsión sistemática impacta al sector productivo: 12 a 15 llamadas extorsivas diarias denunciadas por comerciantes.

El EGC impone una estricta gobernanza armada criminal y control social en los corregimientos Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén, Barranca de Yuca y el complejo cenagoso de Cascaloa con restricciones a la movilidad, controles de precios y cobro de "vacunas". 

Además, la Defensoría advierte sobre la instrumentalización forzada de personas lideresas de juntas de acción comunal (JAC) para realizar cobros extorsivos, la cooptación de jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia para ser trasladados a entrenamiento militar en el sur de Bolívar. La entidad también advierte sobre hechos de intimidación directa, como la ocupación, meses atrás, de la Institución Educativa del centro poblado Las Martas.

El riesgo impacta a poblaciones de especial protección constitucional 

Magangué registra 44.599 personas en el Registro Único de Víctimas (43.955 por desplazamiento forzado), lo que significa que el 30,3 % de sus 147.190 habitantes es víctima del conflicto armado. 

La amenaza se extiende a 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú, así como a personas pescadoras y ambientalistas dedicadas a la protección de las 11.000 hectáreas del complejo cenagoso de Cascaloa. Estos consejos y cabildos están protegidos por la Sentencia T-163 de 2024 de la Corte Constitucional.

Recomendaciones de la AT 024 de 2026

Ante la grave situación, la Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones de carácter preventivo y humanitario en su Alerta Temprana 024 de 2026, como aumentar el pie de fuerza, las labores de inteligencia y los patrullajes terrestres y fluviales sobre la Ruta 78 y los ríos Magdalena y Cauca.

De igual manera, recomendó implementar programas urgentes para prevenir el reclutamiento, uso e instrumentalización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, priorizando la estrategia Atrapa Sueños en los corregimientos alertados, y poner en marcha de forma rápida las rutas de protección individual y colectiva para lideresas y líderes comunales, víctimas, docentes, ambientalistas y autoridades étnicas.

Algunas de las entidades conminadas son los ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Magangué, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades.

Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, libertad e integridad de las comunidades.