Bogotá, 3 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). En la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, la Defensoría del Pueblo realizó los días 2 y 3 de octubre, en la localidad Ciudad Bolívar (Bogotá) y en el municipio Soacha (Cundinamarca), el encuentro “Habitar los territorios: intercambio de experiencias sobre el derecho a la vivienda digna y a la ciudad”.

El evento reunió a lideresas y líderes de asentamientos humanos de origen informal de diferentes regiones del país, academia, defensoras y defensores de derechos humanos, instituciones y la Defensoría, con el propósito de compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

 

Un país con brechas habitacionales

En 2025, Colombia contaba con aproximadamente 53,3 millones de habitantes y 18,9 millones de hogares. De estos, el 25,6 %, equivalente a más de 4,8 millones de hogares; aproximadamente uno de cada cuatro, se encontraba en déficit habitacional. Del total de hogares, el 6,3 % presentaba déficit cuantitativo, es decir, requería una nueva solución de vivienda por las condiciones estructurales o de espacio de la existente; y el 19,3 % presentaba déficit cualitativo, relacionado con viviendas que requieren mejoras en sus condiciones de habitabilidad, como servicios públicos, pisos o hacinamiento mitigable. Estas cifras muestran que las necesidades habitacionales del país no se limitan a la construcción de nuevas viviendas, sino que también requieren mejorar las condiciones de las existentes.

Desde el año anterior, la Defensoría del Pueblo adelanta procesos de investigación y acercamiento territorial relacionados con los Asentamientos Humanos de Origen Informal (AHOI), el derecho a la vivienda adecuada, el ordenamiento territorial y la construcción de políticas públicas de vivienda en ciudades intermedias.

Un sondeo realizado con la participación de 18 oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo permitió identificar características y problemáticas de estos asentamientos. Entre los principales hallazgos se encontró que predominaban aquellos ubicados sobre predios de propiedad privada, situación que dificulta procesos de legalización urbanística, formalización predial y resolución de conflictos de tenencia.

Asimismo, aunque la mayor concentración de AHOI se encontraba en suelo urbano, también había presencia en áreas rurales y de expansión urbana. Más de la mitad de los asentamientos reportados estaban localizados en zonas con condiciones de riesgo, evidenciando la relación entre informalidad, exposición a amenazas y vulneración de derechos.

Para la Defensoría, estos hallazgos muestran que la informalidad habitacional está relacionada con déficits acumulados en ordenamiento territorial, producción de suelo urbanizable, planificación del crecimiento urbano y rural, gestión del riesgo y garantía efectiva del derecho a una vivienda digna y adecuada.


 

El derecho a la vivienda va más allá de tener un techo 

La vivienda adecuada no se limita a una estructura física: comprende seguridad en la tenencia, acceso a servicios públicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y pertinencia cultural. Este derecho está estrechamente ligado al territorio y a condiciones como el acceso a agua, saneamiento, salud, educación, transporte, empleo, seguridad y participación comunitaria. 

Es por ello que los asentamientos de origen informal no deben verse solo como un problema urbanístico, sino como territorios construidos mediante procesos de organización, autogestión y defensa de derechos. Las comunidades son actores fundamentales y poseen conocimientos esenciales para construir soluciones. La informalidad describe una condición, pero no define a una comunidad.

Soacha: ciudad, comunidad y ordenamiento territorial

El encuentro en Soacha permitió reconocer una historia de crecimiento urbano, recepción de población desplazada, construcción popular y organización comunitaria. Experiencias como Altos de la Florida de Soacha evidenciaron que construir un barrio también implica gestionar servicios, fortalecer redes de cuidado y garantizar la permanencia en el territorio.

La adopción del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, mediante el Acuerdo 29 de 2026, resaltó la necesidad de que responda a las realidades de las comunidades y garantice derechos relacionados con vivienda, servicios públicos, uso del suelo, gestión del riesgo y permanencia territorial. Ordenar el territorio es también ordenar las condiciones que hacen posible la vida.

Vivienda, tierra y desplazamiento

Las jornadas destacaron que la vivienda adecuada está vinculada con la gestión del riesgo, la crisis climática y la seguridad de la tenencia. También subrayaron la necesidad de prevenir riesgos, planificar el territorio y garantizar la participación comunitaria, así como proteger los derechos frente a desalojos y reasentamientos. Por ello, el riesgo debe determinarse técnicamente y la respuesta debe construirse con las comunidades.

En cuanto a las víctimas de desplazamiento forzado, se señaló que requieren, además de vivienda, seguridad, servicios públicos, medios de vida, integración comunitaria y condiciones dignas de permanencia, en el marco de un enfoque de soluciones duraderas, tal como fue definido en el Conpes 4180 de 2025. En el primer semestre del año pasado fueron registradas 156.132 víctimas únicas en el territorio nacional, de las cuales el 51,4 % eran mujeres y el 35,5 %, niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se hizo énfasis en la relación entre vivienda, acceso a la tierra y reincorporación en Colombia. En su rendición de cuentas de la vigencia 2025, la ARN reportó que 11.265 firmantes continuaban en el proceso de reincorporación, en Colombia, así como avances en el acceso a tierras para proyectos productivos colectivos y en la construcción, ejecución y financiación de 1.572 soluciones habitacionales para esta población.

Estos avances evidencian la importancia del arraigo territorial para desarrollar proyectos de vida y construir comunidad.


 

Una agenda para garantizar el derecho a habitar dignamente

El encuentro “Habitar los territorios: intercambio de experiencias sobre el derecho a la vivienda digna y a la ciudad” permitió compartir las experiencias de comunidades que han construido sus barrios, gestionado servicios, enfrentado riesgos, defendido sus derechos y desarrollado formas propias de organización. 

A partir del trabajo de acompañamiento territorial y de investigación adelantado, la Defensoría del Pueblo planteó la necesidad de avanzar hacia políticas que garanticen y protejan el derecho a la vivienda de las personas que habitan los asentamientos humanos de origen informal, vinculadas con el suelo, servicios públicos, ambiente, movilidad, medios de vida, gestión del riesgo y el derecho a la participación.

En ese sentido, señaló como prioridades:

• El acceso a suelo seguro y adecuadamente localizado y la utilización de todos los medios apropiados de garantía del derecho a la vivienda que prevengan los desalojos forzosos.
• La seguridad de la tenencia y la prevención de nuevas situaciones de vulneración de derechos humanos durante los procesos de traslado por riesgo.
• El reconocimiento de la relación entre tierra, el derecho a la vivienda, medios de vida y arraigo, así como la participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.
• La valoración de la producción social del hábitat y los conocimientos comunitarios.
• La incorporación de enfoques de género, étnico, territorial, diferencial e interseccional.
• La transformación de los lenguajes y prácticas institucionales que estigmatizan a las personas que habitan estos territorios, evitando calificarlas como “ilegales” o “informales” y reconociéndolas como titulares de derechos. La informalidad hace referencia a determinadas condiciones de acceso al suelo, la vivienda o el desarrollo urbanístico, y no a la condición de las personas que allí habitan.

El encuentro permitió concluir que el derecho a una vivienda adecuada va mucho más allá de tener un techo: significa poder habitar con dignidad y permanecer en un territorio que permita sostener la vida. Esto exige avanzar hacia políticas integrales que articulen el acceso al suelo y a los servicios públicos con un entorno seguro, la protección ambiental, los medios de vida, la adecuación cultural, las redes comunitarias y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.

“Habitar los territorios” reconoció a las comunidades y personas como titulares del derecho a la vivienda, constructoras y conocedoras de sus territorios, con saberes esenciales para promover espacios más seguros, incluyentes y sostenibles.