• La presencia de nuevos grupos armados ilegales y el control territorial que ejerce el Frente Jaime Martínez agravan el escenario de riesgo en el municipio, donde se registran homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y amenazas.
• Niñas, niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento forzado, mientras que comunidades indígenas y afrodescendientes, liderazgos sociales y comunidades educativas enfrentan amenazas y afectaciones al ejercicio de sus derechos.
• Mediante la Alerta Temprana 023 de 2026, la Defensoría formuló 36 recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevas vulneraciones, fortalecer la protección de las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Bogotá, 15 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió en días pasados la Alerta Temprana 023 de 2026 para el municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, por la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). Lo que está ocurriendo comprometen la vida, libertad y e integridad de la población civil.

El escenario de riesgo principal está determinado por el dominio y control hegemónico que ejerce el autodenominado y disidente Frente Jaime Martínez [adscrito al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) del Estado Mayor Central (EMC)]. 

Sin embargo, la tensión humanitaria se ha agudizado por la amenaza de incursión territorial, anunciada desde el 22 de mayo del 2026, del también autodenominado y disidente Frente 57 Yair Bermúdez y el tránsito de células urbanas de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Uso de tecnología de guerra 

La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante cambio en la estrategia militar del Frente Jaime Martínez, el cual se ha consolidado como pionero —junto al autodenominado y disidente Frente Carlos Patiño— en el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT/drones) con cargas de explosivos tipo granada, para perpetrar ataques contra la fuerza pública. 

Entre el 1 de enero y el 21 de mayo de este año, el municipio registró 56 homicidios, arrojando una preocupante tasa de 28,4 casos por cada 100.000 habitantes. El 73,2 % de estas muertes violentas ocurrieron en la zona urbana, mientras que, en la ruralidad de Timba y Río Claro, la violencia letal se ha manifestado mediante homicidios de carácter ejemplarizante, con cuerpos abandonados en vías públicas acompañados de letreros amenazantes. 

De igual manera, se registra la persistencia de desapariciones forzadas y secuestros extorsivos de transportadores, comerciantes y personas extranjeras en las zonas de Villa Paz y Robles.

Impactos en comunidades étnicas 

El impacto humanitario recae de forma desproporcionada sobre la población pluriétnica de Jamundí, que cuenta con un 29,3 % de habitantes con pertenencia étnica, organizada en 15 consejos comunitarios afrodescendientes y tres autoridades del pueblo indígena Nasa. 

Sus guardias cimarronas e indígenas y personas lideresas de juntas de acción comunal sufren amenazas constantes por ejercer el control de sus territorios y oponerse a economías ilegales, como el enclave cocalero Timba-Jamundí-Buenos Aires, y la minería ilícita de oro en el río Cauca.

Reclutamiento forzado

La Defensoría alerta sobre el funcionamiento de un corredor regional de reclutamiento forzado. El Frente Jaime Martínez capta a niñas, niños y adolescentes (NNA) mediante manipulación emocional y a través de redes sociales, para trasladarles a escuelas de entrenamiento en El Naya y capacitarles en el manejo de drones y explosivos.

Posteriormente, algunos menores de edad son devueltos a sus escuelas tras cortos entrenamientos de 15 días, con el fin de que realicen labores de inteligencia escolar y vigilen al personal docente.

Ataques sistemáticos contra liderazgos y la comunidad educativa 

La violencia selectiva ha cobrado vidas en el liderazgo social del territorio, como la de una lideresa del comité del Adulto Mayor, de la vereda Chontaduro (corregimiento Peón), el pasado 30 de agosto. Tres meses antes, una madre buscadora fue asesinada en el sector conocido como Río Claro, y la vivienda de un líder afro fue atacada con disparos en la zona Bocas de Palo, tras denunciar la destrucción de dragas de minería ilegal.

El entorno escolar ha pasado a ser altamente vulnerable, ya que ha habido suspensiones de clases por hostigamientos en la institución educativa del lugar San Antonio, la fuerza pública detonó de manera controlada una carga de explosivos en cercanías al centro educativo General Padilla de San Vicente, se han reportado prácticas militares con drones en canchas de fútbol de La Liberia, así como ataques directos contra las subestaciones de Policía que están frente a las escuelas de Robles y Potrerito.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo les formuló en su AT 023 de 2026 un total de 36 recomendaciones a los ministerios del Interior y de Defensa, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otras entidades, para que los derechos a la vida e integridad de los habitantes de Jamundí sean salvaguardados con acciones de respuestas rápidas y efectivas.