1 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). Durante 2026 hemos tenido conocimiento de la circulación de varios panfletos atribuidos a estructuras armadas ilegales, mediante los cuales se han realizado señalamientos y amenazas contra habitantes de las inspecciones de Yurilla y Mecaya, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

El 22 de agosto de 2026 circuló un panfleto firmado por el grupo armado ilegal denominado Comandos de la Frontera, en el que se señala directamente a determinadas personas de la zona, se les declara como objetivos militares y se formulan acusaciones relacionadas con actividades presuntamente vinculadas a la economía de la coca. De acuerdo con la información conocida por la Defensoría del Pueblo, estos hechos generaron el desplazamiento de 27 personas hacia el departamento del Caquetá.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2026, conocimos la circulación de un nuevo panfleto atribuido al mismo grupo, mediante el cual se establecieron restricciones a la movilidad por el río Mecaya entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. Asimismo, se reiteraron advertencias sobre la permanencia de personas en la zona y se declaró como objetivos militares a algunos integrantes de la comunidad. Según la información recibida por la Defensoría, esta situación habría provocado el desplazamiento de otras 21 personas hacia el departamento del Caquetá.

Nos preocupa especialmente que este tipo de comunicaciones sean utilizadas como mecanismos de intimidación, amenaza y control social sobre la población civil. Estas acciones generan temor generalizado en las comunidades y pueden tener como consecuencia el abandono de los lugares de residencia, así como la ruptura de los vínculos familiares, comunitarios, sociales y económicos construidos en el territorio.

De acuerdo con la información que hemos recopilado, algunas familias han optado por abandonar sus lugares de residencia ante el temor generado por las amenazas y señalamientos contenidos en estos documentos. Esta situación configura un escenario que requiere especial atención por parte del Estado, particularmente en materia de prevención del desplazamiento forzado, protección de la población civil y garantía de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

Advertimos que estos hechos no deben ser valorados como acontecimientos aislados, sino en el marco de una dinámica territorial que hemos advertido previamente a través de las Alertas Tempranas AT-048 de 2019, de inminencia para Yurilla, posteriormente incorporada en la AT-002 de 2022, así como en la AT-001 de 2025.

La persistencia de las acciones de los grupos armados ilegales en esta región continúa generando graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, particularmente sobre la población civil, que se encuentra expuesta a amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamiento y otras formas de violencia y control territorial.

Ante esta situación:

• Recomendamos al municipio de Puerto Leguízamo activar el Comité de Justicia Transicional, con el fin de articular y coordinar la respuesta institucional y garantizar la atención integral de las personas y familias que se han visto obligadas a desplazarse.
• Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten, de manera oportuna y coordinada, las medidas necesarias para prevenir nuevos hechos de violencia, proteger a la población civil y garantizar los derechos de las comunidades de Yurilla y Mecaya.

Continuaremos realizando seguimiento a la situación y acompañando a las comunidades afectadas, en el marco de nuestras competencias constitucionales y legales, con el propósito de contribuir a la prevención de nuevas vulneraciones de derechos y a la protección efectiva de la población civil.