• Las 42 Defensorías Regionales del país cuentan con equipos psicojurídicos especializados en género. Su balance de 2025 identifica obstáculos persistentes en los seis componentes del acceso a la justicia definidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
• El balance evidencia barreras relacionadas con la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de justicia, la gestión del riesgo, la atención a las víctimas y la respuesta de las autoridades, con afectaciones particulares en zonas rurales, territorios étnicos y regiones con presencia de actores armados.

Bogotá D.C. 11 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). Durante 2025, los 42 equipos psicojurídicos especializados en género de la Defensoría del Pueblo establecieron, por primera vez, una línea de base sobre las barreras que enfrentan las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) cuando acuden al sistema de justicia tras ser víctimas de violencias basadas en género.

Este ejercicio permitió consolidar un balance construido desde los territorios y organizado en tres informes trimestrales. El análisis tomó como marco la Recomendación General N.º 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce el acceso a la justicia como un derecho pluridimensional y establece seis componentes para garantizarlo: justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad de los sistemas, suministro de recursos a las víctimas y rendición de cuentas.

Las barreras fueron identificadas en los seis componentes. La accesibilidad concentró el mayor número de reportes, con 33 regionales; le siguieron el suministro de recursos, con 29, y la disponibilidad de servicios, con 27.

Conciliaciones pese a la prohibición legal

El 43% de las regionales reportó que las víctimas continúan siendo llevadas a escenarios de conciliación, mediación policial y acuerdos extraprocesales, pese a que está expresamente protegido su derecho a no ser confrontadas con el agresor. Las autoridades señaladas con mayor frecuencia fueron la Fiscalía General de la Nación y las Comisarías de Familia.

A ello se suma el conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria, reportado por el 31% de las regionales. El balance advierte que los agresores aprovechan esta indefinición para evadir la justicia.

Déficits en la oferta de servicios de justicia

El 64% de las regionales identificó restricciones en la oferta de servicios de justicia. El control territorial ejercido por actores armados fue reportado en 21 regionales y genera desconfianza institucional e inoperancia judicial, con zonas críticas en Catatumbo, Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Chocó y Nariño.

La ausencia de oferta institucional en zonas rurales afecta a 25 regionales. En los nueve macroterritorios indígenas del Amazonas no hay institucionalidad y los casos deben atenderse en Puerto Nariño o Leticia.

La falta de atención nocturna y durante los fines de semana fue reportada en 22 regionales, incluidas las capitales. Otras 20 documentaron congestión judicial y condiciones materiales deficientes.

Obstáculos para denunciar

El 78% de las regionales reportó obstáculos económicos, geográficos e interseccionales. Los costos de traslado, las vías precarias y los desplazamientos fluviales restringen la activación de las rutas de protección, especialmente en el Pacífico y en zonas rurales de Valle del Cauca, Cauca y Putumayo.

La ausencia de intérpretes de lengua de señas constituye otra de las barreras identificadas. En Arauca, ningún municipio cuenta con este servicio. En Cesar, la Fiscalía suspendió la entrevista a una víctima con discapacidad auditiva por falta de intérprete. También se identificaron dificultades para acceder a servicios de traducción en lenguas indígenas y en otros idiomas para víctimas extranjeras.

Vacíos en la identificación y gestión del riesgo

El 69% de las regionales reportó vacíos en la identificación y gestión del riesgo, junto con incumplimientos del deber constitucional de protección. Las autoridades señaladas fueron las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y las alcaldías.

En materia de rendición de cuentas, el 33% de las regionales identificó casos de violencia institucional, hostigamiento, amenazas o uso excesivo de la fuerza contra la población OSIGNH. La Policía Nacional fue la autoridad mencionada con mayor frecuencia.

Reiteraciones ante la falta de respuesta institucional

Entre julio y septiembre de 2025, 38 equipos elevaron requerimientos ante las autoridades competentes. De ellos, 27 regionales tuvieron que reiterarlos: cerca del 71% enfrentó renuencia o falta de acatamiento que hizo necesaria una nueva intervención de la Defensoría del Pueblo.

Frente a estas situaciones, las duplas de género realizan reiteraciones escritas, promueven mesas técnicas municipales y departamentales y escalan los casos ante la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario. Cuando la omisión persiste, interponen acciones de tutela.

Recomendaciones

El boletín formula recomendaciones organizadas de acuerdo con los seis componentes establecidos por el Comité CEDAW. Cada una identifica una entidad principal, las entidades asociadas, una acción concreta y verificable, la focalización territorial y poblacional y un plazo estimado para su implementación.

Entre las recomendaciones se encuentran ampliar la cobertura de las valoraciones médico-legales en municipios rurales y dispersos; garantizar la continuidad del servicio de las Comisarías de Familia durante las 24 horas; implementar rutas accesibles de denuncia con interpretación en lenguas indígenas y lengua de señas, y establecer mecanismos de revisión de casos de revictimización que permitan registrar sus causas y adoptar acciones correctivas.

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