• Entre las principales preocupaciones se encuentran inconsistencias en el Registro Único de Damnificados (RUD) y en los instrumentos de evaluación de daños, que podrían dejar por fuera de las ayudas estatales a las personas afectadas.

La Defensoría del Pueblo advirtió vulnerabilidades y brechas en la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Entre ellas, señaló inconsistencias en el Registro Único de Damnificados (RUD) que podrían dejar a personas sin ayudas estatales. Así lo planteó la entidad en el I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que se realiza el 15 y 16 de octubre en su sede nacional.

Entre las principales preocupaciones están las inconsistencias en el RUD y en los instrumentos de evaluación de daños, que podrían dejar a personas afectadas por fuera de las ayudas del Estado.

El registro cerró el 4 de septiembre y no permite actualizar la información. Esto dificulta que las entidades respondan a las necesidades actuales de las comunidades.

Vivienda, salud y educación

En materia de vivienda, la Defensoría advirtió demoras en las evaluaciones técnicas de las edificaciones, posibles errores en la clasificación de inmuebles afectados y retrasos en la entrega de subsidios de arrendamiento. A esto se suman la escasez de viviendas y el aumento de los cánones de alquiler. La entidad considera necesario que haya información clara sobre los planes de reubicación y de construcción de vivienda nueva.

También advirtió sobre la pérdida de capacidad hospitalaria, las barreras de acceso a los servicios de salud y las deudas con el personal sanitario. A esto se añaden deficiencias en la atención psicosocial, en la distribución de medicamentos y en la continuidad de los tratamientos.

En educación, manifestó su preocupación por la falta de reparación de las instituciones educativas afectadas en Buenaventura (Valle del Cauca), el Litoral del San Juan (Chocó) y otras zonas del Pacífico. Esta situación impide el regreso a las aulas y aumenta los riesgos de protección para niñas, niños y adolescentes, incluidos el reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados ilegales.

Estas afectaciones se agravan cuando coinciden con el desplazamiento forzado, las inundaciones, los vendavales y la presencia y el control de grupos armados. Por eso, la Defensoría destacó la importancia de adoptar medidas con enfoque diferencial, en especial para mujeres, niñas, niños y adolescentes y comunidades con vulnerabilidades preexistentes. Con ello busca evitar que las emergencias profundicen las desigualdades y las afectaciones a sus derechos.

La prevención como garantía de derechos

Para la entidad, los riesgos y los desastres son resultado de la acumulación de vulnerabilidades, de la persistencia de desigualdades y de decisiones históricas que han expuesto más a unas poblaciones que a otras. Por eso, sostuvo que cada desastre es una deuda pendiente de la sociedad con las comunidades afectadas: un pasivo social que exige verdad, reparación, protección y garantías de no repetición.

La Defensoría insistió en que la prevención también es una forma de garantizar derechos. Reducir las condiciones de vulnerabilidad, fortalecer las capacidades de comunidades e instituciones, asegurar información oportuna y promover la participación efectiva son acciones fundamentales para proteger la vida, la salud, la vivienda, la educación, el agua y los demás derechos que una emergencia puede poner en riesgo.

 

Un Congreso para dialogar con los territorios

El Congreso, que se desarrolla en dos jornadas, busca promover el diálogo entre los conocimientos institucionales y los saberes locales, así como fortalecer la articulación entre los niveles nacional y territorial y entre las zonas rurales y urbanas. La gestión del riesgo de desastres y el cambio climático requieren respuestas integrales, oportunas e incluyentes, con los derechos humanos y de la naturaleza en el centro de las decisiones.