Bogotá, 29 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo presentó el curso virtual gratuito Acuerdo de Escazú: herramientas para la Defensa del Ambiente y los Derechos Humanos, el cual fortalece las capacidades de comunidades, organizaciones sociales, personas defensoras del ambiente y servidoras y servidores públicos en sus derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

El lanzamiento se realizó a través de un webinar organizado por la entidad, el Instituto Danés de Derechos Humanos y la Asociación Ambiente y Sociedad, que reunió a representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales y liderazgos territoriales para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia.

 

 

Durante la apertura, la Defensoría destacó la necesidad de acercar ese tratado ambiental a las realidades de las comunidades, reconociendo sus conocimientos, culturas y formas de relacionarse con la naturaleza.

La implementación del Acuerdo adquiere sentido cuando las personas cuentan con información comprensible, pueden participar en las decisiones que afectan sus territorios y encuentran garantías para defender sus derechos.

El Acuerdo de Escazú no transforma los territorios por sí solo, lo hacen las personas que conocen sus derechos, las instituciones que acompañan su defensa y los hacen efectivos, y las comunidades que participan en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

Del conocimiento a la participación efectiva

El lanzamiento incluyó un conversatorio moderado por la representante regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos, Nataly Sarmiento, con la participación de la oficial de Asuntos Ambientales en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Gabriela Burdiles; la subdirectora de Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres; el vocero y representante del colectivo popular Guane - Un Grito Por El Agua, Julián Sánchez, y la defensora delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Juana Hofman.

Desde la perspectiva regional, Gabriela Burdiles explicó que la implementación efectiva del Acuerdo contribuye a mejorar la calidad y legitimidad de las decisiones ambientales, prevenir conflictos socioambientales, fortalecer las instituciones y generar condiciones más seguras para quienes defienden el ambiente.

Por su parte, Vanessa Torres destacó que los derechos de acceso a la información, participación y justicia deben entenderse como un sistema interdependiente. Advirtió que disponer de información ambiental resulta insuficiente cuando esta no permite a las comunidades participar oportunamente e incidir en las decisiones públicas.

 

Desde la experiencia territorial, Julián Sánchez llamó la atención sobre las desigualdades técnicas y económicas que enfrentan las comunidades al participar en procesos ambientales. Señaló que el conocimiento campesino y comunitario debe ser reconocido y que las instituciones necesitan ofrecer herramientas para superar las barreras que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos.

La protección de las personas defensoras también ocupó un lugar central en el diálogo. Los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos para brindar respuestas oportunas frente a situaciones de riesgo y avanzar hacia una actuación institucional que priorice la prevención.

Respuestas para los desafíos de los territorios

Las personas asistentes preguntaron cómo garantizar el acceso a información ambiental comprensible y la participación de las comunidades. Las panelistas destacaron que esta información permite evaluar impactos, presentar observaciones e incidir en las decisiones de las autoridades.

También se abordó el uso del Acuerdo de Escazú ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en casos como el páramo de Santurbán, para identificar herramientas de defensa de derechos y acción comunitaria.

Un curso gratuito y accesible para la ciudadanía

El curso tiene cuatro unidades con lecturas, contenidos sonoros, recursos interactivos y ejercicios prácticos. Sus materiales buscan facilitar el aprendizaje, incluso en territorios con dificultades de conectividad.

Es gratuito y está abierto a todas y todos. Las personas interesadas pueden consultar los contenidos e inscribirse en el Campus Virtual de la Defensoría del Pueblo: Aula Virtual .

El webinar del lanzamiento puede ser visto en Curso Virtual Acuerdo de Escazú

La Defensoría del Pueblo y sus aliados buscan fortalecer las capacidades ciudadanas para participar en las decisiones ambientales y exigir sus derechos.