• Lo que está ocurriendo afecta a sujetos de especial protección constitucional, como poblaciones indígenas y afrodescendientes, y niñas, niños y adolescentes. También afecta a firmantes de paz y a servidoras y servidores públicos. 
• Proteger la vida e integridad de las comunidades es el llamado que hace la Defensoría del Pueblo a través de una nueva Alerta Temprana de Inminencia.

Bogotá, 27 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 026 de 2026 para Dagua, Valle del Cauca. Las y los habitantes de la zona rural del municipio están en riesgo de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad por la disputa territorial inminente entre el Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas (del ELN) y el Frente Jaime Martínez (del autodenominado y disidente EMC). 

La incursión a partir de junio del 2026 del Luis Carlos Cárdenas en la carretera Simón Bolívar (antigua vía al mar) está afectando directamente a los corregimientos El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada. Igualmente, la consolidación territorial del Jaime Martínez en 13 corregimientos (Juntas, Cisneros, Loboguerrero, Zabaletas, El Naranjo, Zelandia, Los Cristales, Providencia, Los Alpes, Santa María, El Limonar, El Palmar y Jiguales) perjudica a quienes allí habitan. 

Los peligros son para más de 60.000 habitantes, con especial afectación en 17 corregimientos de los 27 que integran la zona rural del municipio. También se corre el riesgo de que sea infringido el derecho internacional humanitario (DIH).

Corredor estratégico

Dagua constituye un corredor geoestratégico de movilidad clave que conecta el centro del departamento con el océano Pacífico (Buenaventura), el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y los municipios de Jamundí, La Cumbre y Restrepo. 

Esto es aprovechado por los grupos armados para el tránsito de tropas, abastecimiento logístico y la captación de rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico y a la explotación minera ilegal de oro con maquinaria amarilla sobre las cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá, lo que ha generado graves impactos ambientales.

Graves consecuencias humanitarias

La Defensoría del Pueblo alerta sobre la posible materialización de graves consecuencias humanitarias, pues entre junio y julio del 2026 se registraron al menos cinco homicidios selectivos asociados a señalamientos de colaboración, entre ellos el asesinato de un reconocido comerciante del sector El Placer y el hallazgo del cuerpo de un adolescente no identificado en El Engaño. 

Asimismo, han sido instalados retenes ilegales en la vía Simón Bolívar, lo que ha generado confinamientos y restricciones severas a la movilidad no solamente en El Placer y en El Engaño, sino también en La Elsa, La Cascada, El Danubio, Alto La Mona y El Cauchal. Las acciones criminales también han generado desplazamientos forzados individuales no declarados.

Poblaciones en riesgo 

El riesgo afecta de manera diferencial y desproporcionada a sujetos de especial protección constitucional. La vulnerabilidad es extrema para 10.605 integrantes de comunidades étnicas pertenecientes a cuatro cabildos indígenas Nasa (Alto La Mona, Kwe’sx Kiwe, U’se Yaakxnxisa y Sat Kiwe), al resguardo indígena Nasa Yu’zxicxkwe y a 14 consejos comunitarios afrodescendientes. 

Las niñas, los niños y adolescentes enfrentan un riesgo crítico de reclutamiento forzado y utilización ilícita —evidenciado en amenazas directas en corregimientos como El Palmar—, lo que provoca deserción escolar. De igual modo, 13 firmantes del Acuerdo Final de Paz (incluyendo tres mujeres) y sus familias vienen sufriendo persecución y desplazamiento, lo cual los ha obligado a abandonar sus proyectos productivos asociativos de pesca, apicultura y ganadería.

La población civil también ha sido obligada a asistir a reuniones en las que le imponen “normas” que debilitan el gobierno propio de pueblos étnicos y otras gobernanzas comunitarias como las campesinas. Esto pone en riesgo los liderazgos que, al no obedecer o “cooperar” con los grupos armados ilegales, pasan a ser vistos como obstáculos y son señalados y perseguidos.

De igual forma, se proyecta un aumento del riesgo para servidoras y servidores públicos en el territorio, ya que podrían ser percibidos por los grupos no estatales como un impedimento para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Los procesos organizativos comunitarios pueden verse afectados por el reclutamiento forzado de menores de edad, fenómeno que limita la capacidad de las organizaciones para sostener liderazgos locales y procesos colectivos de representación y defensa de derechos.

Llamado a la acción inmediata

Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 026 de 2026 un total de 13 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, bajo un enfoque de seguridad humana.

La atención a los riesgos debe ir más allá de las intervenciones sobre el orden público, acompañada de estrategias para garantizar los derechos de la población de la zona rural de los corregimientos focalizados por riesgo inminente.

Los entes llamados a la acción inmediata son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para las Víctimas (Uariv), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Dagua.

Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.