• El control de corredores hacia Ecuador, las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones hacen parte de las dinámicas de dominio territorial de los grupos armados ilegales.
• Las comunidades indígenas Awá y Los Pastos, la población campesina, los liderazgos sociales y los firmantes de paz enfrentan graves riesgos. Niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos al reclutamiento forzado.
• La Defensoría formuló 29 recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos, fortalecer la protección colectiva y garantizar una respuesta institucional integral.

Bogotá, 26 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en el Piedemonte Costero del departamento de Nariño, debido a la coexistencia armada entre el grupo Comuneros del Sur (se separó del ELN en 2024) y el Frente Iván Ríos (de la autodenominada y disidente Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB).
    
Este acuerdo, pactado desde el 2024, les permite distribuirse el territorio, el control de los corredores transfronterizos hacia Ecuador, el tráfico por la troncal Vía al Mar, así como la captación de rentas del narcotráfico y el auge minero ilegal. 

La terminación de la mesa de diálogos con la CNEB en agosto del 2026 introduce un riesgo inminente de disputas directas en el corto plazo, por lo que no se descarta el reingreso de facciones de la guerrilla del ELN o del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC.

Tercerización criminal y gobernanza armada

Estas organizaciones se apoyan en la tercerización criminal con estructuras como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) —con articulaciones en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros—, la Nueva Urías Rondón Frente 37 (que suplanta símbolos del EMC) y bandas delincuenciales locales (Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos). Estas bandas asumen tareas directas de sicariato, cobro de extorsiones ('vacunas') y vigilancia, permitiendo el despliegue de un control social e impunidad eficaces.

El ejercicio de estas gobernanzas armadas impuestas vulnera la autonomía comunitaria y la integridad física de las poblaciones indígenas Awá (asociadas a Camawari y Uripawa) y Los Pastos del Gran Mallama.

La Alerta Temprana recién emitida también identifica las afectaciones que impactan de manera conjunta a las poblaciones étnicas y campesinas, liderazgos sociales, firmantes de paz, así como a quienes viven del comercio, al gremio de transportadores y a las misiones médicas. Adicionalmente, niñas, niños y adolescentes están en peligro de ser reclutados forzosamente.

La Defensoría ha evidenciado un deterioro crítico en Mallama, teniendo en cuenta que la tasa de homicidios alcanzó 67,37 por 100.000 habitantes en 2026. Por ejemplo, la masacre de tres familiares en el resguardo Edén Cartagena (Ricaurte) en febrero de este año, entre los que había una mujer en su último mes de gestación, y la masacre de tres jóvenes en la vereda Chucunés (Mallama). 

Otros hechos que preocupan son los homicidios selectivos de los líderes Aurelio Araujo (de Camawari) y sus escoltas en junio del 2025, Moisés Marcos López (de Aico) en septiembre del 2023 y el firmante de paz Yonnis Orfilio García en junio del 2023.

Infracciones al DIH

La entidad también ha registrado graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), como la interceptación en agosto del 2025 de una ambulancia de la Empresa Social del Estado (ESE) de Ricaurte: sujetos con fusiles hicieron descender al personal sanitario y asesinaron al paciente en remisión. 

Adicionalmente, persiste la siembra de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en caminos rurales de resguardos.

Acciones con enfoque de seguridad humana

Frente a este escenario crítico, la Defensoría del Pueblo formuló 29 recomendaciones en su AT 025 de 2026 bajo un enfoque de seguridad humana y protección colectiva, en el que la atención a los riesgos vaya más allá de las intervenciones en materia de orden público y esté acompañada de estrategias para garantizar plenamente los derechos de la población en Mallama y Ricaurte.

Estas recomendaciones orientan a las entidades del Estado en la implementación de acciones de disuasión y mitigación de los factores de amenaza, reducción de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH, protección diferencial de las poblaciones en riesgo y fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales existentes.

Esta AT complementa y fortalece los escenarios de riesgo étnicos delimitados para el pueblo Awá en las Alertas Tempranas 045-19 (con su Informe de Seguimiento 024 de 2022) y 008-23 Binacional Colombia-Ecuador.

El Estado debe actuar con celeridad para evitar el exterminio físico y cultural del pueblo binacional Awá y la desestructuración de las comunidades de Los Pastos y campesinas de Nariño.

Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.