• El informe reconoce la capacidad de agencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para actuar como sujetos activos y tomar decisiones, y propone respuestas integrales que fortalezcan la salud mental, los sistemas propios y comunitarios de cuidado, la participación y las oportunidades para construir un Buen Futuro.
• Analiza 1.533 intentos de suicidio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes registrados entre 2021 y 2025 en Chocó, el Pacífico medio y el Pacífico nariñense, así como 122 muertes por suicidio durante el mismo periodo.
• También identifica el racismo estructural y sistemático, el conflicto armado, la pobreza, la inseguridad alimentaria y las violencias basadas en género entre los determinantes que restringen las posibilidades de bienestar y de construcción de un Buen Futuro.

 

Bogotá, 6 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el informe “Buen futuro en el Pacífico colombiano”: estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños y adolescentes, que analiza las trayectorias de salud mental, la conducta suicida y las estrategias sociales e institucionales en la materia desde una perspectiva de derechos y de determinación social.

El informe señaló que entre 2021 y 2025 se registraron 1.533 intentos de suicidio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las tres subregiones analizadas: 453 en Chocó, 425 en el Pacífico medio y 655 en el Pacífico nariñense. Durante el mismo periodo se registraron 122 muertes por suicidio: 39 en Chocó, 32 en el Pacífico medio y 51 en el Pacífico nariñense.

En su intervención, la Defensora del Pueblo indicó que "el Buen Futuro es poder disfrutar plenamente de los derechos humanos. No se trata únicamente de lo que vamos a tener, sino de garantizar que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Que cada joven del Pacífico pueda construir su propio proyecto de vida y recuperar la esperanza, pero también que, como comunidad y como país, podamos recuperar la confianza y la esperanza en un futuro digno”.

El informe plantea que la conducta suicida no puede comprenderse como un fenómeno aislado ni exclusivamente clínico. La sitúa en la intersección de condiciones estructurales, territoriales, comunitarias, relacionales e individuales que inciden en las posibilidades de vivir con dignidad, sostener vínculos y construir un proyecto de vida.

La investigación abarca municipios del Chocó, el Pacífico medio y el litoral Pacífico nariñense, territorios habitados principalmente por comunidades afrodescendientes e indígenas que históricamente han enfrentado exclusión institucional, conflicto armado, pobreza multidimensional y múltiples barreras para el acceso efectivo a derechos fundamentales.

Una realidad que exige acción y abre caminos de cuidado

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en 2025 se registraron 26.344 intentos de suicidio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 28 años en Colombia, lo que equivale a una incidencia de 129,1 por cada 100.000 personas en ese rango de edad.

De estos, 351 casos ocurrieron en los municipios priorizados en el informe, lo que equivale a una incidencia de 47,8 por cada 100.000 personas en ese rango de edad y representa el 1,3 % del total nacional.

En términos territoriales, 163 casos se registraron en los municipios del Pacífico nariñense, con una incidencia de 66,0 por cada 100.000 personas; 123 en Chocó, con una incidencia de 42,6; y 65 en los municipios del Pacífico medio, con una incidencia de 32,8.

La Defensoría del Pueblo advierte que la lectura de estas cifras debe considerar el subregistro, la dispersión geográfica y las barreras de acceso a servicios y derechos.

En cuanto a las muertes por suicidio, durante el mismo periodo se registraron 122 casos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: 51 en el Pacífico nariñense, 39 en Chocó y 32 en el Pacífico medio.

El informe identifica una tendencia territorial que exige atención urgente y respuestas diferenciadas, especialmente frente a las desigualdades y barreras que atraviesan estas trayectorias de vida.
 
Determinantes sociales y condiciones para proteger el Buen Futuro

El informe muestra que la conducta suicida se configura en la intersección de determinantes estructurales, territoriales, comunitarios, relacionales e individuales que afectan las trayectorias de vida. Esta mirada multinivel permite comprender el malestar sin reducirlo a una explicación individual y orientar respuestas más integrales y territorialmente pertinentes.

El litoral Pacífico concentra altos niveles de victimización y afectaciones asociadas al desplazamiento, el confinamiento, las amenazas y el reclutamiento forzado.

Municipios como Tumaco y Buenaventura, así como varios territorios del Chocó, registran altos niveles de desplazamiento forzado, amenazas y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, situaciones que generan impactos profundos sobre la salud emocional y la percepción de futuro de las comunidades.

Asimismo, el informe documenta que las dificultades económicas forman parte de la vida cotidiana de muchas familias. Las organizaciones consultadas describen escenarios de inseguridad alimentaria y falta de oportunidades que se asocian con estrés, preocupación por el futuro y disminución de la esperanza de futuro.

Voces que cuidan, sostienen la vida y proyectan futuro

El tercer capítulo recoge los testimonios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participaron en grupos focales en Tumaco, Barbacoas, Guapi, Buenaventura y Quibdó. Las conversaciones muestran que el bienestar emocional está profundamente ligado a la familia, la comunidad, el territorio y las oportunidades de desarrollo.

Las personas participantes asociaron el sentido de vida con actividades cotidianas como compartir con la familia, jugar, estudiar, practicar deporte, acercarse a la música y la espiritualidad, recibir acompañamiento entre pares, participar en sus comunidades, mantener el vínculo con el territorio y construir relaciones significativas.

Sin embargo, también identificaron obstáculos relacionados con la violencia, la falta de empleo, las limitadas opciones educativas y la escasa oferta institucional en sus territorios.
 
Respuestas que ya construyen Buen Futuro

El cuarto capítulo muestra que en los territorios existen capacidades y respuestas que pueden fortalecerse. La estrategia Serena-Mente aporta desde el cuidado emocional, la escucha, las redes de apoyo y las habilidades de afrontamiento, mientras que Raíz Joven lo hace desde la agencia, el liderazgo, la participación y el acompañamiento a iniciativas juveniles.

Ambas estrategias refuerzan una idea central: cuidar la salud mental es una dimensión del derecho emergente al Buen Futuro, que implica ampliar las condiciones para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan construir y sostener proyectos de vida dignos.

Brechas de atención y oportunidades para fortalecer el cuidado

En los municipios priorizados hay 325 servicios de salud mental registrados, equivalentes a 18,8 por cada 100.000 habitantes, con desigualdades territoriales marcadas, especialmente en las zonas rurales y en la atención especializada.

El informe recomienda ampliar y organizar esta oferta, fortalecer las modalidades comunitarias y avanzar en respuestas interculturales que reconozcan los sistemas propios de cuidado y sanación de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrocolombianas.

Conclusiones y caminos de acción para el Buen Futuro

Garantizar el derecho al Buen Futuro exige condiciones reales, materiales, emocionales, sociales, culturales y territoriales para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan imaginar, construir y sostener un proyecto de vida digno, sustentado en la confianza y la esperanza en que son posibles buenos futuros.



Entre las principales recomendaciones se encuentran:

• Adoptar una estrategia intersectorial territorializada para el litoral Pacífico orientada a la garantía del derecho al Buen Futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, articulando salud, educación, protección, deporte, cultura, ambiente y justicia, con enfoque étnico-racial, de género y de curso de vida.
• Activar una ruta territorial inmediata de respuesta frente al riesgo suicida, definiendo con claridad quién identifica, orienta, remite, confirma la atención y realiza seguimiento.
• Articular y financiar los sistemas propios de cuidado y sanación de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrocolombianas con la red de salud mental, respetando la autonomía cultural.
• Mejorar el registro, análisis y seguimiento institucional de la conducta suicida para orientar decisiones públicas con evidencia y monitorear las diferencias subregionales.
• Consolidar redes locales de cuidado y apoyo mutuo, y fortalecer espacios donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan expresar sus experiencias, preocupaciones y expectativas de futuro y participar en la construcción de soluciones.
• Fortalecer la identificación temprana y la respuesta en escuelas y entornos educativos, con protocolos para reconocer el sufrimiento psicosocial, las violencias, el acoso y el riesgo suicida, y asegurar la remisión y el seguimiento efectivos.

Sembrar esperanza para garantizar el derecho al Buen Futuro

Con la presentación de este informe, la Defensoría del Pueblo busca movilizar una respuesta nacional y territorial corresponsable que proteja la salud mental de las nuevas generaciones.

Más allá de alertar sobre riesgos y brechas, el informe reconoce capacidades que ya existen en los territorios: niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúan proyectando sus vidas, cuidándose en comunidad, construyendo vínculos y participando en la transformación de sus entornos.
Sembrar esperanza significa crear desde hoy condiciones materiales, relacionales, culturales e institucionales para que los buenos futuros de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean viables en cada comunidad del Pacífico colombiano.