• La pobreza monetaria bajó del 43,1 % en 2020 al 28 % en 2025, pero persisten desigualdades que afectan especialmente a las mujeres, la población rural y los hogares con niñas y niños.
• Entre 2023 y 2025, más de tres millones de personas salieron de la pobreza y alrededor de 1,4 millones dejaron la pobreza extrema.

Bogotá, 17 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo, en la conmemoración del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza Extrema y el Hambre, reconoce la pobreza como un problema de derechos humanos que no puede analizarse únicamente desde los ingresos o la capacidad de consumo. Su superación exige garantizar condiciones de vida digna, el mínimo vital, el derecho a una alimentación adecuada y el acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales.

Aunque Colombia registra avances en la reducción de la pobreza, persisten brechas estructurales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las comunidades campesinas y los Pueblos Étnicos, los hogares que dependen de la economía popular y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La entidad advierte sobre el riesgo de retrocesos en la garantía de derechos si no se adoptan respuestas sostenidas y diferenciadas.
Evolución de la pobreza en Colombia
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la pobreza monetaria pasó del 43,1 % en 2020 al 28 % en 2025, su nivel más bajo desde que existen registros comparables, iniciados en 2012. Entre 2023 y 2025, más de tres millones de personas salieron de la pobreza y alrededor de 1,4 millones dejaron la pobreza extrema.

Entre 2022 y 2025, la pobreza monetaria extrema disminuyó del 13,8 % al 9,6 %, mientras que el coeficiente de Gini —indicador de desigualdad— pasó de 0,556 a 0,531. Para la Defensoría del Pueblo, estos resultados deben complementarse con una evaluación de las condiciones reales para ejercer los derechos y alcanzar una vida digna.

En 2025 la línea de pobreza monetaria fue de $482.041 mensuales por persona. Esto significa que un hogar compuesto por cuatro personas, con ingresos mensuales inferiores a $1.928.164, se encontraba en pobreza monetaria. Por su parte, la línea de pobreza extrema fue de $236.580 mensuales por persona, equivalente a un ingreso diario promedio inferior a $7.886.
 
De acuerdo con cifras del Banco Mundial de julio de 2026, Colombia se clasifica como un país de ingreso medio-alto y es una de las principales economías de América Latina, con un crecimiento promedio anual del PIB del 3,1% entre 2022 y 2025.
 


Las mujeres y la población rural enfrentan mayores brechas
En 2025, la pobreza afectó al 32,3 % de los hogares con jefatura femenina, frente al 24,5 % de aquellos con jefatura masculina, lo que evidencia brechas de género que requieren empleo digno, igualdad salarial y reconocimiento del trabajo de cuidado.
También fue mayor en zonas rurales (39,5 %) que en cabeceras municipales (24,6 %). Quibdó registró el índice más alto (61,7 %), seguido de Riohacha (45,4 %) y Sincelejo (43,3 %).

La pobreza monetaria aumenta según el número de niños menores de 12 años en el hogar: afecta al 16,5 % de los hogares sin niños, al 31,8 % de aquellos con uno, al 47,9 % con dos y al 73,3 % con tres o más. Estas cifras evidencian brechas de inequidad y la necesidad de priorizar a estos hogares en las estrategias para superar la pobreza y la marginalidad social.

Pobreza y hambre: dos realidades que se refuerzan
La prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave disminuyó del 25,5 % en 2024 al 21,1 % en 2025. Aun así, persisten diferencias importantes: los hogares con jefatura femenina registraron una prevalencia del 23,1 %, frente al 19,4 % en los hogares con jefatura masculina.

La inseguridad alimentaria también fue más frecuente en hogares encabezados por personas sin ningún nivel educativo (45,7 %) que en aquellos cuyo jefe o jefa tenía educación superior (9,1 %). Estas cifras muestran que la garantía del derecho a la alimentación requiere respuestas articuladas con las políticas de empleo, educación, protección social y desarrollo rural.

Distribución territorial y desigualdad
 
Las ciudades con mayores índices de pobreza monetaria fueron Quibdó (61,7%), Riohacha (45,4%), Sincelejo (43,3%), Valledupar (40,2%), Florencia (37,1%), y Popayán (36,7%). Salvo Quibdó, donde la pobreza aumentó del 59,6% al 61,7%, las demás ciudades registraron disminuciones en sus índices.

Las ciudades con menores índices de pobreza fueron Cali (19,7%), Bogotá (17,8%), Medellín (16,7%) y Manizales (13,2%).  En cuanto a pobreza extrema las ciudades con los mayores índices fueron Quibdó (32,5%), Riohacha (23,3%), Florencia (11,7%), Popayán (11,3%) y Sincelejo (10,4); mientras que las ciudades con menor índice fueron Pereira (4,5%), Bogotá (3,6%), Medellín (3.1%) y Manizales (2,5%).


 

Recomendaciones para superar las brechas

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo recomienda a las instituciones del Estado adoptar las siguientes medidas:

1. Fortalecer las políticas de empleo y emprendimiento femenino, con especial atención en las zonas rurales y en los Pueblos Étnicos.
2. Avanzar en la reducción de la brecha salarial de género y en la formalización laboral de las mujeres.
3. Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, mediante políticas de corresponsabilidad social y familiar.
4. Ampliar el acceso a la educación superior y a la formación técnica para mujeres jóvenes, como vía para romper los ciclos de pobreza intergeneracional.
5. Diseñar programas con enfoque interseccional, que atiendan las realidades específicas de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado.
6. Al DANE la entidad le recomienda avanzar en la definición de la metodología de medición de la desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país, como quedó consignado en el Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026.
7. El Registro Universal de Ingresos -RUI-, representa un avance técnico para mejorar la focalización de los programas sociales del Estado, sin embargo, su implementación no debe representar regresividad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de personas en especial condición de vulnerabilidad social.

Más de 200 personas dialogaron sobre alimentación y dignidad en la Plaza de Las Cruces

Como parte de la conmemoración, la Defensoría del Pueblo acompañó una jornada de reflexión en la Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, Bogotá, que reunió a más de 200 comerciantes y habitantes de la comunidad. 

El encuentro promovió el diálogo sobre la erradicación de la pobreza y el hambre y la garantía del derecho a una alimentación adecuada, reconociendo el papel de la plaza como espacio de abastecimiento, trabajo e intercambio comunitario.

En 2026 este lugar emblemático de la tradición popular bogotana cumple 101 años; su valor cultural, arquitectónico y urbano fue reconocido mediante el Decreto 1941 de 1989, que declaró Monumento Nacional al edificio de la Plaza de Mercado Las Cruces.

La Defensoría del Pueblo reitera que la reducción de la pobreza debe reflejarse en el goce efectivo de los derechos y en oportunidades reales para todas las personas. Erradicarla requiere respuestas públicas estructurales, con enfoque territorial y diferencial, que pongan en el centro la dignidad humana y la garantía de una vida libre de privaciones.