La Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia solicitaron a la Corte Constitucional adoptar medidas para proteger a las personas habitantes de Granizal, en Bello, Antioquia, donde cerca de 30.000 personas, el 90 % de ellas víctimas de desplazamiento forzado, enfrentan nuevos riesgos de desplazamiento asociados a factores ambientales.

Las dos instituciones presentaron ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 un informe que documenta cómo quienes llegaron a Granizal huyendo del conflicto armado hoy enfrentan condiciones que podrían obligarlos a abandonar nuevamente sus hogares. Esta situación representa una doble afectación: desplazamiento por la violencia y, posteriormente, por factores ambientales.

Una comunidad que llegó huyendo de la violencia

El poblamiento acelerado de Granizal comenzó en 1996, con la llegada de familias expulsadas por la violencia de regiones como Urabá y el Nordeste antioqueño, así como de barrios de Medellín. Desde 2017 también llegó población migrante, principalmente venezolana, y entre 2012 y 2025 la población del asentamiento casi se duplicó.

Ante la falta de alternativas de vivienda digna, las familias construyeron sus casas en laderas inestables y zonas de alto riesgo, con dificultades para acceder a servicios públicos. La Defensoría ha advertido, mediante la Alerta Temprana 036 de 2019 y su informe de seguimiento de 2025, sobre la presencia y control de grupos armados ilegales en la vereda, situación que también afecta el acceso a bienes básicos como el agua y se manifiesta en extorsiones, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y desplazamientos silenciosos.

La comunidad, con el acompañamiento del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia y la coadyuvancia de la Defensoría, obtuvo dos decisiones favorables del Consejo de Estado, en 2020 y 2024, relacionadas con el acceso al agua potable, el saneamiento básico y la infraestructura vial. Sin embargo, seis años después del primer fallo, sus principales disposiciones siguen sin cumplirse. El Tribunal Administrativo de Antioquia ha declarado dos desacatos y un tercer incidente se encuentra en curso.

Un deslizamiento que agravó la situación

El 24 de junio de 2025, un deslizamiento de aproximadamente 75.000 metros cúbicos de tierra dejó 27 personas fallecidas, 50 viviendas sepultadas y 1.160 personas afectadas.

El informe presentado a la Corte señala que el desastre estuvo relacionado con riesgos presentes en el territorio, entre ellos la ocupación informal de la ladera, la deforestación, las fugas de agua de las tuberías de conducción, la ausencia de alcantarillado y la falta de planeación y control urbanístico.

Tras la emergencia se suspendió el suministro de agua del que dependía cerca del 60 % del consumo de la población. El abastecimiento mediante carrotanques ha sido insuficiente y algunas familias han recurrido a aguas grises.

Además, mientras la Alcaldía de Bello reportaba 24 familias damnificadas, la Universidad de Antioquia registró 79. La inscripción en el Registro Único de Damnificados tardó cuatro meses y la única ayuda de vivienda ofrecida ha sido un subsidio temporal de arriendo por tres meses. También se ordenó la demolición de 193 viviendas mediante el Decreto 489 de 2025, sin un plan de reasentamiento para sus habitantes.

Las medidas solicitadas a la Corte

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia solicitaron a la Corte Constitucional reconocer que los asentamientos informales donde viven personas desplazadas hacen parte de una problemática que persiste, que requiere medidas específicas del Estado y que da cuenta de que la violación masiva, grave y sistemática (ECI) de los derechos fundamentales de esta población no ha sido superada.

También solicitaron proteger a quienes enfrentan desplazamientos prolongados cuando confluyen el conflicto armado y los factores ambientales, y articular el Registro Único de Víctimas con el nuevo Registro Único de Desplazamiento Ambiental.

Para Granizal, solicitaron un plan urgente de abastecimiento de agua potable, alojamiento temporal digno para las familias afectadas, un nuevo censo poblacional, un plan integral de soluciones habitacionales y reasentamiento, la suspensión de desalojos y demoliciones hasta que existan alternativas de vivienda y la creación de una mesa interinstitucional de cumplimiento.

Asimismo, pidieron que la Sala Especial de Seguimiento realice una audiencia directamente en la vereda para escuchar a la comunidad y conocer de primera mano la situación que enfrenta.

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las personas habitantes de Granizal y promoviendo respuestas institucionales que permitan proteger los derechos de quienes, después de haber sido desplazados por el conflicto armado, enfrentan ahora nuevos riesgos asociados a factores ambientales.