• Durante el VIII Seminario Nacional ICON-S Colombia, la Defensoría del Pueblo alertó sobre las barreras de articulación institucional, la falta de recursos y las dificultades para ejecutar decisiones judiciales que buscan superar vulneraciones de derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas.

La Defensoría del Pueblo señaló los desafíos que enfrenta el país para garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales relacionadas con la protección de los derechos humanos, debido a las dificultades de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales, la ausencia de mecanismos de seguimiento y las barreras para implementar las órdenes de los jueces en las comunidades.

El llamado se realizó durante su participación en el VIII Seminario Nacional ICON-S Colombia, realizado en la Universidad de San Buenaventura de Cali, bajo el tema "Derecho Público en el Pacífico Biodiverso: Constitucionalismos, diversidades y naturaleza", donde se abordaron los desafíos del derecho constitucional para materializar el goce efectivo de los derechos en los territorios.

Como ejemplo de esta problemática, la Entidad expuso la situación de las comunidades indígenas Sikuani y Amorúa en Vichada, donde las afectaciones por desnutrición y enfermedades diarreicas agudas en niñas y niños motivaron un litigio estratégico defensorial que dio lugar a la Sentencia T-420 de 2025 de la Corte Constitucional.

Esta decisión identificó fallas estructurales en la garantía de derechos y estableció órdenes dirigidas a entidades nacionales y territoriales para mejorar el acceso al agua potable, la atención en salud y las condiciones de seguridad y soberanía alimentaria, con enfoques territorial, étnico y participativo.

Sin embargo, la Defensoría señaló que persisten dificultades para materializar estas medidas. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 174 casos de atención a niñas y niños por problemas asociados a su salud, de los cuales al menos ocho fallecieron, según las cifras expuestas durante el encuentro.

Frente a este panorama, la entidad identificó obstáculos relacionados con la falta de articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales, la ausencia de cronogramas e indicadores de cumplimiento, las dificultades para disponer de recursos y la insuficiente concertación de las medidas con las comunidades.

Asimismo, advirtió que la expedición de una sentencia no garantiza, por sí sola, la superación de las vulneraciones de derechos. Por ello, planteó la necesidad de fortalecer el seguimiento posterior a los fallos judiciales, con participación de los jueces, las autoridades responsables y las comunidades beneficiarias.

Durante su intervención destacó la importancia de promover escenarios de justicia dialógica que permitan establecer compromisos concretos, definir responsables, coordinar recursos y evaluar los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales.

En este proceso, resaltó su papel de mediación y acompañamiento para facilitar el diálogo entre las instituciones y las comunidades, así como para impulsar soluciones que respondan a las condiciones y necesidades de cada territorio.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de coordinación y seguimiento de las decisiones judiciales, de manera que su cumplimiento trascienda las actuaciones administrativas y se traduzca en resultados verificables para la población.

La Defensoría del Pueblo reiteró que la efectividad de las decisiones judiciales es fundamental para superar las brechas territoriales de desigualdad, garantizar los derechos humanos y materializar los principios del Estado social de derecho.