Bogotá, 10 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). El 10 de agosto la tierra sacudió el occidente de nuestro país: 335 personas fallecieron, cientas más resultaron heridas, miles de familias perdieron sus viviendas, medios de vida y condiciones de bienestar. El terremoto afectó a 500 municipios de 16 departamentos. La infraestructura de nuestra institución, nuestros funcionarios, funcionarias y colaboradores también sufrieron pérdidas. El terremoto nos dejó dolor, incertidumbre y pérdidas que no son únicamente de las personas y familias que padecieron los mayores impactos en zonas rurales y urbanas, son pérdidas nuestras, como país.

El terremoto, como muchos desastres, profundizó desigualdades preexistentes. La Defensoría sigue unida en el dolor de quienes sufrieron los impactos y daños más desoladores de esta realidad, también en la capacidad que han tenido de resistir y sobrevivir. Acompañamos también a las autoridades en enfrentar los retos, que siguen siendo muy grandes para el país.

En marzo pasado, la Defensoría del Pueblo convocó a los entonces candidatos presidenciales a adoptar en sus campañas las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”, la decisión 13 llamaba a “Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos”. El terremoto del 10 de agosto nos ha mostrado las necesidades que como país tenemos para poder enfrentar los efectos negativos en el disfrute de los derechos humanos; efectos previsibles de hechos que también son previsibles, como estos sismos.
 
La prevención, la atención de las emergencias y la recuperación de los territorios son responsabilidades del Estado que requieren coordinación institucional, recursos suficientes y participación de las comunidades. Por ello, hacemos un llamado a avanzar en tres asuntos prioritarios:

1. Garantizar una atención integral y una recuperación que no deje a nadie atrás. Es urgente superar las barreras que impiden a las personas que sufrieron los efectos del sismo del 10 de agosto puedan acceder a la asistencia institucional. Reiteramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el Registro y ampliar la atención en los municipios afectados. La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, así como mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos.
2. Fortalecer la prevención y la planificación territorial. La gestión del riesgo debe incorporarse de manera efectiva en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo de los municipios. Es indispensable identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. La respuesta institucional no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido.
3. Proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y los efectos del cambio climático: desplazamiento, permanencia involuntaria o comunidades con necesidades de reubicación planificada. Colombia necesita avanzar en un marco normativo y en protocolos de atención que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación. Estas medidas deben incorporar enfoques diferenciales y asegurar que las personas afectadas puedan acceder a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas.

Estas decisiones son especialmente urgentes en un país donde millones de personas habitan territorios expuestos a amenazas y donde los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad. Proteger la vida significa anticiparse a los riesgos y evitar que las comunidades enfrenten repetidamente situaciones de desprotección.

En este contexto, invitamos a la ciudadanía, a las comunidades, a las organizaciones sociales, a la academia y a las autoridades nacionales y territoriales a participar en el I Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que realizará la Defensoría del Pueblo los próximos 15 y 16 de octubre.

Este encuentro será una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y promover respuestas que sitúen los derechos humanos en el centro de las políticas de prevención, atención y recuperación frente a los desastres.

Continuaremos acompañando a las comunidades afectadas y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La gestión del riesgo no puede seguir siendo entendida únicamente como una respuesta a las emergencias: debe ser una política de protección de la vida, los derechos humanos y la naturaleza.