Bogotá, 22 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). En las últimas semanas hemos conocido una serie de nombramientos y posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad en entidades del Estado de personas mencionadas en denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres. 

En el Ministerio de las Culturas fue nombrado como asesor un hombre que enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos mientras ejercía funciones diplomáticas en Chile. También se ha conocido información sobre la posible vinculación de un general en retiro a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol, mientras afronta un proceso relacionado con presunto acoso sexual. A ello se suma el nombramiento del presidente de Coljuegos, contra quien existe una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública.

Los nombramientos envían mensajes. ¿Qué mensaje reciben las mujeres que han denunciado cuando sus denuncias parecen no tener relevancia para quienes toman estas decisiones? ¿Y qué mensaje reciben aquellas que están pensando en denunciar? No podemos pedir a las mujeres que denuncien y, al mismo tiempo, actuar como si sus denuncias no importaran.

Hemos documentado que las violencias contra las mujeres pueden afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyectos de vida. El temor a represalias, la revictimización y las barreras para acceder a la justicia y la protección pueden agravarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas y efectivas.

Reiteramos que las violencias contra las mujeres no son un asunto privado. El Estado no puede promover campañas de prevención, adoptar protocolos y pedirles a las mujeres que confíen en las instituciones, mientras sus decisiones sobre quién ejerce el poder público transmiten mensajes contrarios a esos compromisos.

Ante esta situación:

• Llamamos al Gobierno nacional y a las entidades del Estado a revisar los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas en aras de dar un mensaje coherente de tolerancia cero con la violencia de género.
• Instamos a las entidades del Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el estado de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.