Desde 2024, la Defensoría del Pueblo adelanta un proceso de seguimiento a los efectos de la erosión en los ecosistemas marino-costeros y en los derechos de las comunidades de los litorales Caribe y Pacífico. Este trabajo abarca visitas técnicas a los puntos más críticos del país, diálogo directo con los habitantes, registro de afectaciones, seguimiento a la gestión pública y acompañamiento ambiental y jurídico. 

Entre los territorios priorizados se encuentran ocho comunidades de Nuquí (Chocó), una de La Guajira (La Cachaca 3, perteneciente a la etnia Wayúu) y tres consejos comunitarios de Buenaventura (Valle del Cauca), los cuales se han visto seriamente perjudicados. 

Nuquí tiene impactos en viviendas, servicios y cultura 

En la cabecera municipal de Nuquí y en sus comunidades Tribugá, Panguí, Coquí, Joví, Partadó, Arusí, Termales y Jurubirá, la Defensoría identificó afectaciones causadas por la erosión marina y fluvial, las inundaciones y la pérdida de playas. 

En varios puntos, las propias familias han tenido que reparar o trasladar sus viviendas. También se registran daños en senderos, vías de acceso, acueductos, redes eléctricas y espacios recreativos. Cuando el mar sube y ocupa la playa, el tránsito de las personas se interrumpe, dificultando el desplazamiento cotidiano y el acceso a servicios de salud. 

Asimismo, el avance del agua impacta actividades económicas como la pesca y tradiciones ancestrales como la “siembra del ombligo”, una práctica cultural que afianza el vínculo de los recién nacidos con la tierra y que hoy enfrenta barreras por la pérdida de plantas y sitios sagrados. 

Frente a este panorama, la Entidad identificó la importancia de brindar asistencia técnica y jurídica que respalde las iniciativas de recuperación ambiental y la gestión del riesgo en la zona. 

Entre los principales hallazgos en este municipio se destacan la pérdida de playas, el socavamiento del terreno, el daño a la infraestructura y la exposición de viviendas a eventos marinos. La erosión costera en la zona es persistente y se agravó a partir de mayo de 2024 tras el desbordamiento de los ríos Aguas Calientes y Ostional, hecho que motivó la declaratoria de calamidad pública. El incremento en la intensidad y frecuencia de las lluvias ha elevado la vulnerabilidad del territorio, poniendo en riesgo la vida, el empleo y la permanencia de más de 1.300 familias amenazadas por el desplazamiento ambiental. 

En el sector norte de Nuquí, comunidades como Tribugá y Jurubirá sufren desbordamientos fluviales recurrentes; entre tanto, en la zona sur —que integra a Panguí, Coquí, Joví, Termales, Partadó y Arusí—, las crecientes generan inundaciones temporales en áreas residenciales, anegando viviendas, senderos y espacios comunitarios, además de arrastrar sedimentos y desechos. 

 La Cachaca 3 enfrenta pérdida progresiva del territorio 

En el territorio ancestral La Cachaca 3 (Twuliá), perteneciente a la etnia Wayúu y ubicado en la zona rural aledaña a Riohacha, la Defensoría ha documentado el retroceso de la línea de costa y la pérdida progresiva de su territorio desde 2005. La comunidad señala que este fenómeno se agudizó a partir de 2009, tras la construcción de siete espolones en Riohacha por parte de la Gobernación de La Guajira, obra que habría alterado el comportamiento del oleaje hacia los territorios del suroeste. 

Esta situación ha derivado en la destrucción de dos viviendas, un cementerio indígena, el muelle local y varias de sus barcazas de trabajo. Además de erosionar el sustento de las familias, esta afectación ha motivado el desplazamiento forzado de parte de la población hacia ciudades como Santa Marta, Pereira y Bogotá. 

Aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invemar cuentan con estudios para abordar la problemática, la labor de seguimiento de la institución muestra que aún no se conocen con precisión los efectos técnicos de los espolones sobre La Cachaca 3, por lo que resulta necesario contar con información especializada para este sector. 

Buenaventura registra pérdida de playas y afectación a actividades locales 

En el Pacífico vallecaucano, el seguimiento se ha centrado en Juanchaco, Ladrilleros y Punta Soldado (destinos costeros de Buenaventura), donde la erosión afecta a comunidades negras y afrocolombianas. De acuerdo con los reportes comunitarios, hay 551 personas afectadas en Punta Soldado, 748 en Ladrilleros y 500 en Juanchaco. 

En estos lugares se encuentran en riesgo viviendas, zonas de pesca, recolección de piangua (un tipo de molusco), infraestructura comunitaria y actividades turísticas como el avistamiento de ballenas. En Ladrilleros, la pérdida total de la playa llevó a la población a reubicarse en las partes altas del territorio. 

En Punta Soldado, la Defensoría encontró que las intervenciones se han focalizado en la infraestructura de la base naval, mientras que la población civil requiere medidas específicas adaptadas a sus necesidades. Y en Juanchaco están expuestos comercios, viviendas, el puerto local y el parque infantil, donde hay medidas de contención elaboradas por los propios habitantes con costales de arena. 

Estos seguimientos los hizo la Defensoría del Pueblo mediante una serie de visitas técnicas, realizadas en Córdoba, en San Bernardo del Viento, el 25 de julio de 2026; en Buenaventura, el 28 de julio de 2026; y en Riohacha el 28 de septiembre de 2026. 

Labor orientada a proteger derechos 

Apoyándose en la información técnica del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y en la del Plan Maestro de Erosión Costera, el trabajo de campo desarrollado por la Defensoría muestra que la erosión costera genera dinámicas que van más allá de la pérdida física de la playa: altera la vida comunitaria, el trabajo tradicional y, en algunos casos, motiva la movilidad de las familias cuando las condiciones del entorno se complican. 

Por ello, la entidad mantiene el seguimiento a las respuestas de las entidades encargadas y acompaña a las poblaciones en la identificación de sus necesidades. 

En el marco de la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional —que establece pautas de prevención, atención y adaptación frente a factores ambientales—, la institución continuará registrando los hallazgos en territorio con el fin de aportar a la protección de los derechos humanos y colectivos, asegurando que las soluciones se adapten a la realidad de cada región. 

Las comunidades afectadas pueden reportar afectaciones o solicitar acompañamiento de la Defensoría directamente a las defensorías regionales o escribir su solicitud o inquietud al correo institucional de la Delegada de Derechos Colectivos y Ambiente: colectivosyambiente@defensoria.gov.co.