Muerte de dos adolescentes y nuevo ataque con drones en Tibú exigen fortalecer la protección de la población civil
- Jue, 17 sep 2026
Tibú, Norte de Santander, 17 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol). Esta semana dos adolescentes murieron en hechos ocurridos en zona rural de Tibú: uno tras la activación de una mina antipersonal y otro fue asesinado. Además, dos civiles resultaron heridos en un ataque con drones equipados con explosivos en el sector de Miramontes.
El martes 15 de septiembre, en la vereda La Unión Vetas, un adolescente de 16 años murió tras la activación de una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas. Este hecho evidencia los riesgos a los que continúa expuesta la población civil que desarrolla sus actividades cotidianas y transita por zonas rurales afectadas por minas antipersonal y otros artefactos explosivos.
Ese mismo día, un adolescente de 17 años se movilizaba hacia el sector de Filoquemado, en la vía hacia Versalles, para prestar un servicio de barbería. En el trayecto fue secuestrado presuntamente por el ELN y posteriormente asesinado. Era hijo de un líder social de la región y ambos hacían parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).
Nos solidarizamos con las familias de los dos adolescentes y continuamos acompañándolas mediante la activación de rutas institucionales de atención y protección.
Recordamos a los grupos armados que el derecho internacional humanitario (DIH) obliga a distinguir en todo momento entre población civil y combatientes y prohíbe dirigir ataques contra quienes no participan directamente en las hostilidades. Las niñas, niños y adolescentes gozan además de una protección especial en los conflictos armados. Asimismo, el empleo de minas antipersonal está prohibido y continúa poniendo en riesgo la vida e integridad de las comunidades.
También tuvimos conocimiento de un ataque con drones equipados con explosivos registrado el pasado martes en el sector de Miramontes, zona rural de Tibú, en el que dos civiles resultaron heridos.
Este hecho se suma a una modalidad sobre la que hemos advertido reiteradamente. Nuestro Sistema de Alertas Tempranas ha identificado el uso de drones por grupos armados ilegales para labores de vigilancia, intimidación y control territorial, así como para transportar y lanzar artefactos explosivos.
De acuerdo con el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones equipados con artefactos explosivos, que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. El 32 % de las personas afectadas correspondió a población civil y Norte de Santander registró 30 eventos.
Hemos advertido que el uso de drones equipados con explosivos aumenta los riesgos para la población civil, especialmente en centros poblados o cerca de bienes civiles. Los grupos armados están obligados a respetar en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución y a abstenerse de realizar ataques indiscriminados.
La Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ya había identificado escenarios de riesgo para la población civil en el área rural de Tibú. Los hechos de los últimos días evidencian la necesidad de fortalecer la prevención y protección frente a la actuación de los grupos armados ilegales, las minas antipersonal y otros artefactos explosivos y el uso de drones en acciones armadas.
Ante estos hechos:
- Exigimos a los grupos armados ilegales respetar estrictamente el DIH, abstenerse del uso de minas antipersonal y de ataques indiscriminados, y respetar en todo momento la vida, integridad, libertad y movilidad de la población civil, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes.
- Instamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección frente a las minas antipersonal, otros artefactos explosivos y el uso de drones en acciones armadas, y avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de nuestras Alertas Tempranas.
- Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.