• La Defensoría del Pueblo llama la atención sobre este caso de movilidad humana por desastres y factores ambientales, y reitera la urgencia de garantizar soluciones habitacionales dignas, seguras y definitivas para quienes fueron víctimas de la tragedia.
• Según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de las 909 viviendas de la urbanización Sauces II, 741 están sin construir y 168 permanecen incompletas, y el proyecto de 252 viviendas rurales registra un avance físico y financiero del 0 %.

Mocoa, 30 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). Nueve años y medio después de la avenida torrencial que devastó a Mocoa, Putumayo, persisten las dificultades para garantizar soluciones de vivienda a las familias afectadas, una situación que evidencia cómo los desastres pueden provocar desplazamientos y prolongar la vulnerabilidad de las comunidades.

La emergencia ocasionada por la avalancha, ocurrida la noche del 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, dejó 335 personas fallecidas, 398 heridas y 53 desaparecidas, además de que ocasionó la pérdida o inhabitabilidad de 1.461 viviendas y afectó directamente a 7.892 familias. La situación obligó a estas personas a desplazarse, pero las demoras en los procesos de reconstrucción y reubicación siguen prolongando su situación de vulnerabilidad y desprotección.

Entre las principales dificultades identificadas por la Defensoría se encuentran retrasos en los proyectos de vivienda, discontinuidad en el pago de los subsidios de arrendamiento y falta de articulación entre las entidades responsables. 

El proyecto Sauces II, destinado a la reubicación planificada en el casco urbano de 909 familias afectadas, registra un avance físico en tan solo 168 viviendas, que, además, se encuentran incompletas. Son 741 las que están sin construir.

A ello se suma que en el predio Planadas, destinado para la construcción de 252 viviendas rurales, el avance físico y financiero es del 0 %, según información remitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el agravante de que ese predio fue ocupado irregularmente desde el 2023.

La Defensoría del Pueblo llama la atención sobre este caso de movilidad humana por desastres y factores ambientales, ya que amplía la vulnerabilidad de la población y compromete sus derechos humanos a la vida, la integridad personal, la vivienda digna, el hábitat seguro, la igualdad, la no discriminación, el acceso a la información y la participación ciudadana. 

Por ello, la entidad insiste en la necesidad urgente de garantizar soluciones habitacionales definitivas, seguras y sostenibles que prevengan nuevos desplazamientos y permitan el restablecimiento efectivo de los derechos de las comunidades afectadas.

Fortalecimiento de una ruta integral

Ante este panorama, la Defensoría les recomendó a la Alcaldía de Mocoa, la Gobernación del Putumayo, la UNGRD y el Ministerio de Vivienda fortalecer la articulación institucional y establecer una ruta integral que permita culminar los proyectos habitacionales de Sauces II y Planadas, garantizar la continuidad de los subsidios de arrendamiento mientras se concretan las soluciones definitivas y brindar información clara y oportuna a las familias perjudicadas. 

Asimismo, instó a actualizar los estudios de riesgo, ejecutar las obras de mitigación pendientes y promover la participación de las comunidades, con el fin de que se les garantice el acceso a una vivienda digna y segura, y se protejan sus derechos humanos.

Sumado a lo anterior, es necesario articular las actividades del Programa de Alimentación Escolar mediante un seguimiento verificable a las obligaciones pendientes.

Finalmente, el caso de Mocoa ilustra la necesidad de establecer un marco normativo y de política pública que contemple de manera integral la reubicación o relocalización planificada desde un enfoque de derechos humanos, armonizado con las políticas públicas de gestión del riesgo de desastres, ordenamiento territorial, gestión ambiental y gestión climática.